El Gobierno de la Provincia ha decidido tocar el bolsillo como método de concientización definitiva. El gobernador Gustavo Sáenz y su ministro de Salud, Federico Mangione, ratificaron que Salta dejará de ser «gratuita» para los conductores alcoholizados. La premisa es clara: los gastos millonarios que genera la irresponsabilidad ya no serán costeados por los impuestos de todos los salteños.
Mangione fue lapidario al desglosar los costos que el sistema público de salud debe absorber cada vez que un conductor ebrio protagoniza un siniestro. Según el funcionario, el solo hecho de movilizar el sistema operativo (ambulancia, guardia, enfermería y estudios básicos) tiene un piso de $10.000.000.
Sin embargo, la polémica y el impacto económico crecen cuando se entra al quirófano:
«En la parte traumatológica, el uso de prótesis especiales de pelvis no baja de los $30.000.000 cada una, y deben hacerse cargo por su imprudencia», detalló el ministro. Sumando la internación y los insumos, una sola noche de alcohol puede transformarse en una deuda con el Estado superior a los $40.000.000.
Para evitar malentendidos, Mangione aclaró que la atención médica está garantizada por ley. «Se atiende a todo el mundo accidentado, ese derecho no se le quita, nosotros curamos… pero lo que no tienen derecho es a que, por estar alcoholizados, les salga gratuito«, advirtió con firmeza.
Desde el momento en que un paciente ingresa a emergencias, el sistema identificará su cobertura y comenzará a facturar con valores de referencia. En Salta, la «irresponsabilidad al volante» ha pasado a ser considerada un gasto privado que el infractor deberá saldar.
Bajo la nueva normativa, cada conductor alcoholizado que protagonize un accidente, no solo enfrentará a la Justicia por sus delitos, sino que será el responsable de pagar cada gasa y cada hora de los profesionales que deban intervenir por su causa.
