El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, ha elevado una demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia, en respuesta a la suspensión masiva de 129 pensiones por discapacidad que se registró en julio de 2025. La acción legal, impulsada por el Fiscal de Estado provincial, Juan Agustín Pérez Alsina, busca revertir lo que consideran un acto «arbitrario e irregular» que afecta a personas en situación de vulnerabilidad extrema.
La preocupación se instaló en Salta tras la suspensión de los beneficios, lo que se vio agravado por el escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y la detección de graves irregularidades en las auditorías. La combinación de estos factores motivó al gobierno provincial a buscar una instancia superior para defender los derechos de los afectados.
Argumentos de la demanda y pedidos a la Corte
La demanda, presentada en la figura de un amparo, solicita a la Corte Suprema que ordene el restablecimiento inmediato y el pago retroactivo de las pensiones no contributivas por invalidez. Al ser un caso entre una provincia y la Nación, el máximo tribunal de justicia se constituye como la instancia original para resolver el conflicto.
El escrito legal argumenta que los procedimientos aplicados por la ANDIS carecieron de transparencia y de sustento normativo. Pérez Alsina ha denunciado en el documento que la agencia se negó a proporcionar la información nominal de los beneficiarios afectados, así como detalles de los procedimientos utilizados para las suspensiones.
Entre las anomalías mencionadas en la demanda se destacan:
- La falta de notificación previa a los beneficiarios.
- El uso de criterios dispares en las evaluaciones médicas.
- La realización de auditorías por parte de personal sin la habilitación profesional necesaria.
El caso de Salta podría sentar un precedente importante a nivel nacional, abriendo la puerta a que otras provincias impulsen demandas similares contra las decisiones del gobierno central en materia de pensiones por discapacidad. El Fiscal de Estado también ha solicitado una audiencia pública para exponer la situación y buscar una mediación con el Estado Nacional.
