El mensaje del Ejecutivo provincial ha sido tajante: «El que las hace, las paga». En una decisión que combina la seguridad vial con la responsabilidad civil, el gobernador de Salta confirmó que los dos conductores involucrados en los recientes choques en la Circunvalación y el Acceso a la Ciudad no serán beneficiarios de la gratuidad del sistema de salud pública para sus tratamientos de recuperación.
La medida surge como respuesta directa a dos hechos que conmocionaron a la opinión pública en los últimos días: un vuelco en la autopista de circunvalación y un vehículo que cayó al vacío en el ingreso a la capital salteña. En ambos casos, los peritajes confirmaron que los conductores circulaban bajo los efectos del alcohol, violando la Ley de Tolerancia Cero vigente en la provincia.
Sancionada en diciembre de 2024, la Ley 8.477 busca proteger los recursos del erario público. Hasta su implementación, los gastos millonarios que genera un siniestro vial —que incluyen desde el traslado en ambulancia hasta cirugías de alta complejidad y días de terapia intensiva— eran absorbidos por todos los contribuyentes salteños.
Con esta normativa, el Estado provincial rompe con la lógica de la asistencia gratuita para quienes actúan con negligencia criminal. El impacto no es menor: la atención de un paciente crítico en un hospital público puede costar varios millones de pesos diarios, cifra que ahora deberá ser saldada íntegramente por los infractores.
Desde el Gobierno señalaron que esta no es meramente una decisión recaudatoria, sino una herramienta de concientización y justicia social. Al poner en riesgo no solo su integridad sino la de terceros, el conductor alcoholizado pierde el derecho al subsidio estatal en salud.
«En Salta elegimos cuidar la vida y ordenar. El que no cumple, se hace cargo», sentenciaron las autoridades, ratificando que la provincia mantendrá una línea dura contra el consumo de alcohol al volante. La medida sienta un antecedente incisivo para el resto del país, trasladando el costo de la irresponsabilidad directamente al patrimonio de quien decide ignorar las leyes de tránsito.
