El mercado laboral de Salta atraviesa uno de sus ciclos más críticos de los últimos tiempos. Según los últimos datos procesados por el CEPA, basados en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la provincia experimentó una caída sistémica tanto en la cantidad de empleadores como en la masa de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025.
Las cifras son contundentes: la estructura empresarial salteña se contrajo un 3,5%, lo que se traduce en la desaparición de 316 empresas que sostenían personal en blanco. Este cierre de persianas arrastró consigo a 8.667 puestos de trabajo formales, una pérdida de capital humano y estabilidad económica del 3,4% en todo el territorio provincial.
El impacto del parate económico no ha sido azaroso. La construcción encabeza el ranking del desempleo con la destrucción de 4.349 puestos, víctima directa de la paralización de la obra pública y el encarecimiento de costos. Le siguen el sector de transporte y almacenamiento, con una pérdida de 1.190 empleos, y retrocesos significativos en el agro, el comercio y las actividades administrativas.
En cuanto a la desaparición de unidades productivas, el comercio fue el rubro más castigado con la baja de 209 empleadores, seguido de cerca por la gastronomía y el alojamiento.
El dato más alarmante y que describe la fragilidad del tejido local es que el 99,1% de las empresas desaparecidas son pequeñas y medianas (Pymes) de hasta 500 trabajadores. Este segmento, que históricamente es el mayor generador de empleo en la provincia, no solo concentró casi la totalidad del cierre de firmas, sino que también absorbió el 53,9% de los despidos.
El informe de CEPA es taxativo: bajo la actual gestión nacional, Salta ha consolidado un modelo de retroceso ocupacional. La destrucción de puestos registrados y la caída del número de empleadores no solo debilita el consumo interno, sino que compromete seriamente la capacidad de recuperación del aparato productivo regional a mediano plazo.
