El gobierno de la provincia de Salta presentó este miércoles una acción judicial con el objetivo de restablecer las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios suspendidos recientemente por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Estado Nacional. La medida fue confirmada por el fiscal de Estado provincial, Agustín Pérez Alsina, y cuenta con el respaldo directo del gobernador Gustavo Sáenz.
La acción de amparo busca asegurar la continuidad inmediata de los pagos retenidos y garantizar la transparencia en los procedimientos de auditoría sobre los beneficios otorgados. Según informó Pérez Alsina, la iniciativa tiene como finalidad proteger los derechos de los beneficiarios y evitar que decisiones administrativas afecten a quienes dependen de estas prestaciones para su subsistencia.
En declaraciones a la prensa, Sáenz enfatizó que “en Salta no se permitirá que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad” y destacó la instrucción al Fiscal de Estado para presentar un amparo urgente que restituya los fondos retenidos de manera irregular. El mandatario subrayó la importancia de una fiscalización estricta: “No pueden pagar justos por pecadores. Sobre los responsables debe recaer todo el peso de la ley”.
El gobernador reafirmó su compromiso con los sectores más vulnerables: “Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan”. La acción judicial también prevé auditorías detalladas para identificar posibles irregularidades, sin afectar a los beneficiarios legítimos.
El amparo provincial se enmarca en el contexto de la reciente suspensión masiva de pensiones a nivel nacional, medida que generó malestar en distintas provincias y reavivó el debate sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina. Según explicó Pérez Alsina, el objetivo es que “cualquier auditoría se realice de forma seria y transparente, sin castigar a quienes realmente necesitan estos beneficios”.
Con esta iniciativa, la provincia de Salta busca consolidar un mecanismo de protección legal y social, asegurando que la administración de fondos públicos cumpla con criterios de justicia y equidad, y reafirmando su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de los ciudadanos más vulnerables.
