El intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Baltasar Lara Gros, anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas de máxima severidad para erradicar definitivamente la circulación y permanencia de motocicletas con caños de escape libres o adulterados en la vía pública.
La decisión administrativa, ejecutada en conjunto entre la Dirección de Tránsito municipal y la Policía Vial, busca poner punto final a la problemática de los ruidos molestos, las picadas clandestinas y el desapego a las normas elementales de convivencia que afectan el descanso de las familias en distintos sectores urbanos.
Medidas de impacto y sanciones económicas récord
El nuevo esquema regulatorio introduce penalidades contundentes y mecanismos de control que van más allá del operativo de calle tradicional:
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Secuestro inmediato (incluso estacionadas): La retención del rodado se efectiviza tanto a los conductores que circulen en infracción como a aquellos que dejen la moto estacionada en la vía pública con escapes no reglamentarios.
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Multas millonarias: Los montos base para los infractores parten desde los $300.000, pero las sanciones acumuladas por reincidencia o faltas anexas pueden trepar hasta $1.500.000.
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Destrucción física de escapes: Los dispositivos antirreglamentarios decomisados son retirados de las unidades y destruidos por el personal comunal para evitar su reinstalación en el mercado negro.
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Trabajos comunitarios: Los infractores deberán prestar tareas de servicio público y mantenimiento en espacios comunes de la ciudad.
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Identificación por cámaras de seguridad: Quienes intenten darse a la fuga o burlar los retenes viales quedarán registrados en el sistema de videovigilancia urbana; las autoridades confirmaron que serán identificados y notificados directamente en sus domicilios.
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Condición para el retiro del rodado: Para recuperar la motocicleta del canchón municipal, el titular registral no solo deberá cancelar la totalidad de la multa económica, sino presentarse de forma excluyente con un caño de escape reglamentario para su colocación in situ.
El endurecimiento en la segunda ciudad más poblada de la provincia marca un precedente de rigor en la gestión del tránsito municipal que sigue de cerca el resto de las comunas del interior salteño.
