Las primeras medidas de visibilización y el malestar acumulado en las dependencias judiciales de la provincia comenzaron a generar repercusiones políticas de peso. En las últimas horas, la Corte de Justicia de Salta convocó de manera formal a una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio Público, pautada para el próximo jueves 2 de julio a las 10:00 horas en la Secretaría de Superintendencia.
La apertura del canal de diálogo fue recibida por el sindicato como un logro directo de las bases. Sin embargo, la conducción gremial advirtió que la convocatoria no frena las acciones de protesta ya planificadas.
A través de un comunicado firmado por su Secretario General, Matías Aramayo, la Agremiación Judicial de Salta confirmó que las concentraciones dispuestas para las mañanas en los halls centrales de los distintos edificios judiciales de la provincia —incluyendo el Distrito Judicial Sur con sede en San José de Metán— se mantienen plenamente firmes.
«La lucha y la participación de las y los trabajadores judiciales comienzan a dar respuestas», señalaron desde el gremio, remarcando que el estado de alerta continuará hasta tanto se consigan respuestas concretas a la severa pérdida del poder adquisitivo del sector.
La brecha de ingresos bajo la lupa
El eje central del conflicto radica en una marcada disparidad salarial que posiciona a los agentes de la provincia en una situación de desventaja regional, un reclamo que el sindicato ha respaldado con datos oficiales de la Federación Judicial Argentina.
De acuerdo al escalafón comparativo de las remuneraciones para personal administrativo ingresante, la brecha salarial con distritos vecinos resulta alarmante para el gremio:
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Chaco (Auxiliar Administrativo): $1.687.491
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Catamarca (Ingresante Administrativo): $1.275.931
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Santiago del Estero (Ingresante): $1.130.000
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Tucumán (Ingresante): $1.100.000
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Salta (Ingresante Administrativo): $871.000
Según la documentación aportada, un trabajador judicial salteño percibe prácticamente la mitad de lo que cobra un par en la provincia de Chaco y queda casi $400.000 por debajo de lo estipulado en Catamarca por la realización de tareas idénticas dentro del servicio de justicia. Esta situación ubica a los salarios locales entre los escalafones más bajos de la República Argentina, superando únicamente de forma leve a distritos como Jujuy, Misiones, Mendoza, La Rioja y Buenos Aires.
Las miradas están puestas ahora en la jornada del jueves, donde la mesa de negociación salarial con las máximas autoridades de la Corte y el Ministerio Público definirá si el conflicto se encamina hacia un acuerdo o si, por el contrario, se profundizan las medidas de fuerza en las sedes judiciales del interior y de la capital.
