Luego de semanas de extrema tensión e incertidumbre que derivaron en la postergación de decenas de operaciones en los hospitales públicos de la provincia, el conflicto entre el Gobierno de Salta y los anestesistas encontró una salida transitoria en los tribunales.
El entendimiento se selló durante una audiencia judicial clave encabezada por el juez en lo Civil y Comercial de 3ª Nominación, Nicolás Postigo Zafaranich, en el marco de la acción de amparo que había promovido el Poder Ejecutivo contra la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR) para salvaguardar la atención médica de la población.
Como resultado de la instancia de mediación, los profesionales nucleados en ASAAR asumieron el compromiso formal de restablecer el servicio de cirugías programadas de manera inmediata. La normalización de las intervenciones —que se habían reducido únicamente a cuadros de urgencia e internaciones críticas— tendrá vigencia, en principio, hasta el próximo 30 de noviembre.
La medida lleva alivio a cientos de pacientes del interior y del área metropolitana que aguardaban reprogramaciones en los quirófanos cabecera del sistema sanitario salteño.
Mesa técnica con poder de decisión económica
En paralelo a la reapertura de los quirófanos, las partes acordaron la conformación de una mesa técnica de trabajo que sesionará formalmente entre el 16 y el 20 de noviembre.
El espacio de diálogo estará integrado por:
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Representantes técnicos del Ministerio de Salud Pública.
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Un funcionario con rango y poder de decisión directa del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
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Delegados paritarios de la ASAAR.
Esta comisión tendrá la tarea de discutir de fondo las demandas económicas que originaron el reclamo: la actualización de los aranceles y honorarios profesionales frente al proceso inflacionario, así como los plazos administrativos de liquidación de las prestaciones facturadas. Desde la cartera sanitaria, por su parte, ratificaron que el Estado provincial agotó instancias previas sosteniendo el cumplimiento estricto del convenio vigente antes de requerir la intervención de los fueros judiciales.
