La jueza de la Corte de Justicia, Sandra Bonari, quien es supervisora de la OVIFG y coordinadora de la Oficina de la Mujer, abrirá mañana a las 18 el primer curso del programa de capacitación para el Abordaje Integral de la Violencia Familiar y de Género que está destinado a docentes de toda la provincia.
La actividad es producto del convenio marco de cooperación firmado el 8 de marzo pasado por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; el Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa; la jueza de Corte, Sandra Bonari y el vicepresidente segundo de la Corte de Justicia y director académico de la Escuela de la Magistratura, Fabián Vittar.
Los docentes que completen el cursado, que se dictará a través de la plataforma Google Meet, tendrán puntaje acordado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La actividad tendrá 60 horas cátedra de duración.
La capacitación será dictada por profesionales del Poder Judicial a través de sus equipos interdisciplinarios, con psicólogos, abogados y asistentes sociales.
La dirección de la actividad está a cargo de las Jueza de Violencia Familiar y de Género 1 de Tartagal, Elba Susana Menéndez y en cada Distrito Judicial la coordinación estará a cargo de las delegadas de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta. Así en el Distrito Judicial Metán la coordinación está a cargo de la jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1, Frida Bosernitzán; en el Distrito Judicial Orán estará a cargo de la jueza de Primera Instancia de Personas y Familia 2, Ana María Carriquiry y en Joaquín V, González a cargo de la jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia, Patricia Rahmer. En el Distrito Judicial del Centro la coordinación estará a cargo de la jueza de Corte, Sandra Bonari; la coordinadora general de la OVIFG, Verónica Spaventa y la Coordinadora General de Psicología del Poder Judicial, Andrea Salcedo.
La capacitación busca brindar, desde el Poder Judicial, herramientas a los docentes para la detección entre sus alumnos de situaciones de violencia, sea familiar o de género, todavía más teniendo presente la obligación de denuncia frente al conocimiento de casos en las aulas.
El interés que ha despertado en los docentes el dictado de