La senadora olmedista Emilia Orozco no desaprovechó la ocasión del inicio de la colocación de vigas del primer puente vial sobre el río Vaqueros, para recorrer las obras y desarrollar un amplio operativo de difusión, en el que se adjudica obras realizadas con fondos nacionales y que fueron fruto de arduas y continuas gestiones por parte del gobernador Gustavo Sáenz, quien dio testimonios de esas reuniones con las áreas nacionales de Economía, Obras Públicas, Jefatura de Gabinete y Vialidad, firmando convenios de continuidad no sólo del puente sobre el río Vaqueros sino también en las rutas nacionales y en las plantas depuradoras de Capital y Cafayate.

Sáenz no sólo gestionó, sino también decidió, en muchas ocasiones, que la Provincia se haga cargo de costos hasta que lleguen los fondos nacionales comprometidos.
Los vecinos de Vaqueros miraron perplejos como la legisladora recorría las obras, ya que nunca antes la habían visto hacerlo, sino que también le respondieron con palabras poco amables a las manifestaciones de Orozco, quien se adjudicaba junto con otros legisladores de su partido, la continuidad de las obras.

Lo cierto es que ni Orozco, Guzmán Coraita, ni Zapata, ni Flores (y menos aún su jefe Alfredo Olmedo) puede dar pruebas de gestión alguna que hayan realizado, no sólo para obras nacionales comprometidas por convenios firmados con la Provincia, sino velando por los intereses de los salteños en la suspensión de beneficios para discapacitados, prestaciones del PAMI, recortes en medicamentos para tratamientos oncológicos o desaparición del programa Potenciar Trabajo, sosteniendo un silencio cómplice y una actitud complaciente ante sus jefes.

Los legisladores olmedistas proclaman ser distintos a lo que llaman “la casta política” pero parecen haberse contagiado del descaro y la falta de escrúpulos a la hora de adjudicarse méritos que no pueden sostener con pruebas concretas.

Lo que para muchos adolescentes comenzó como un «reto viral» de redes sociales, ha escalado hasta convertirse en una crisis de seguridad pública en la provincia. El Procurador General, Pedro García Castiella, junto a los ministros Cristina Fiore (Educación) y Gaspar Solá Usandivaras (Seguridad), encabezaron un comité de crisis para frenar la ola de amenazas que afectó a diversos establecimientos educativos en la última semana.

El Ministerio Público Fiscal fue tajante respecto a las consecuencias de estos mensajes intimidatorios. Hasta el momento, las investigaciones por el delito de intimidación pública han arrojado cifras alarmantes:

• 135 actuaciones judiciales iniciadas.

• 17 personas demoradas.

• 6 detenciones efectivas.

Las autoridades aclararon que el rastreo de estos mensajes es posible gracias al trabajo de las unidades de delitos telemáticos, desarticulando la idea de «anonimato» que suelen creer los menores al replicar estos retos.

Por su parte, la ministra Cristina Fiore llevó tranquilidad al informar que el dictado de clases no se interrumpirá en ningún establecimiento. Sin embargo, advirtió que no habrá impunidad en el plano administrativo: se están evaluando medidas disciplinarias severas para los alumnos que resulten responsables.

Fiore recordó que la provincia cuenta con una normativa innovadora para el abordaje de la conflictividad social, que incluye protocolos específicos para casos de bullying y ciberacoso, violencia entre pares e intervención con padres o tutores, bajo el amparo de la Ley Nacional 26.892.

El ministro de Seguridad, Solá Usandivaras, puso el foco en el seno familiar. Más allá del despliegue policial preventivo en las puertas de los colegios, remarcó la responsabilidad legal de los padres o tutores. Ante una conducta delictiva de un menor, son los adultos a cargo quienes deben responder ante la justicia por la falta de supervisión y los daños causados.

Finalmente, el Procurador García Castiella resaltó que la estrategia no es solo punitiva, sino preventiva. Se planea la creación de una unidad de prevención específica y nuevas instancias de capacitación para docentes y fuerzas de seguridad, con el fin de detectar tempranamente estas conductas antes de que se conviertan en un delito penal.

El debate en el Senado de la Nación para regularizar la tenencia de armas de fuego en Argentina ha tenido un efecto inmediato en la provincia. Según referentes del sector, cada vez más ciudadanos buscan salir de la irregularidad y avanzar en la trazabilidad de su armamento, aprovechando que los tiempos administrativos del Estado parecen haber despertado de un largo letargo.

El propietario de una armería en Salta confirmó en diálogo con Radio LUP que el movimiento en el rubro aumentó significativamente. «Hay un 40% más de gente que se acerca, pregunta, consulta y hace su credencial o compra alguna arma», detalló el comerciante.

A pesar de que los requisitos siguen siendo estrictos, Yamin destacó una mejora en la burocracia estatal: «Antes había que esperar seis meses para un trámite. Ahora se aceleró bastante, pero las exigencias no cambiaron». Esta agilidad es vista como un incentivo para que aquellos que poseen armas heredadas o sin registrar decidan ponerse a derecho.

La presencia de armas en los hogares de la provincia parece ser una realidad extendida y cotidiana. «Un gran porcentaje de los salteños tiene armas en la casa», aseguró el comerciante, dividiendo el uso principalmente en dos grandes grupos: los que las utilizan para la actividad cinegética (caza) y aquellos que buscan defensa personal.

En cuanto a las preferencias del mercado local, el ranking de ventas lo encabezan las pistolas 9 milímetros, carabinas calibre .22 y escopetas.

Ingresar al mundo del legítimo usuario no es económico. Según los valores actuales del mercado, una arma corta parte desde los $400.000, mientras que los modelos de armas largas pueden superar los $600.000.