La senadora olmedista Emilia Orozco no desaprovechó la ocasión del inicio de la colocación de vigas del primer puente vial sobre el río Vaqueros, para recorrer las obras y desarrollar un amplio operativo de difusión, en el que se adjudica obras realizadas con fondos nacionales y que fueron fruto de arduas y continuas gestiones por parte del gobernador Gustavo Sáenz, quien dio testimonios de esas reuniones con las áreas nacionales de Economía, Obras Públicas, Jefatura de Gabinete y Vialidad, firmando convenios de continuidad no sólo del puente sobre el río Vaqueros sino también en las rutas nacionales y en las plantas depuradoras de Capital y Cafayate.

Sáenz no sólo gestionó, sino también decidió, en muchas ocasiones, que la Provincia se haga cargo de costos hasta que lleguen los fondos nacionales comprometidos.
Los vecinos de Vaqueros miraron perplejos como la legisladora recorría las obras, ya que nunca antes la habían visto hacerlo, sino que también le respondieron con palabras poco amables a las manifestaciones de Orozco, quien se adjudicaba junto con otros legisladores de su partido, la continuidad de las obras.

Lo cierto es que ni Orozco, Guzmán Coraita, ni Zapata, ni Flores (y menos aún su jefe Alfredo Olmedo) puede dar pruebas de gestión alguna que hayan realizado, no sólo para obras nacionales comprometidas por convenios firmados con la Provincia, sino velando por los intereses de los salteños en la suspensión de beneficios para discapacitados, prestaciones del PAMI, recortes en medicamentos para tratamientos oncológicos o desaparición del programa Potenciar Trabajo, sosteniendo un silencio cómplice y una actitud complaciente ante sus jefes.

Los legisladores olmedistas proclaman ser distintos a lo que llaman “la casta política” pero parecen haberse contagiado del descaro y la falta de escrúpulos a la hora de adjudicarse méritos que no pueden sostener con pruebas concretas.

El relato del «esfuerzo compartido» que pregona el Gobierno Nacional acaba de chocar de frente con los números reales. El último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) pone blanco sobre negro una realidad que en el interior ya sentíamos en el bolsillo: el federalismo en Argentina se ha convertido en una cáscara vacía, donde las provincias financian el equilibrio fiscal de la Nación a costa del bienestar de sus propios ciudadanos.

Entre enero de 2024 y febrero de 2026, las provincias argentinas sufrieron una sangría de $36 billones. Pero para entender la magnitud de este golpe, hay que bajarlo a la realidad del vecino: en Salta, cada habitante ha perdido, en promedio, $646 mil en recursos que debían destinarse a salud, educación, seguridad e infraestructura.

Esta pérdida no es casual. Es el resultado de una decisión política de asfixiar las transferencias no automáticas —esos fondos discrecionales que Nación cortó en seco— y de una caída libre en la coparticipación. Mientras en Salta se frenan obras viales (como la eterna Ruta 9/34) y se ajusta en los hospitales, los recursos generados por los salteños parecen quedar atrapados en el embudo centralista.

El dato más irritante del informe es el contraste con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En el mismo período en que las 23 provincias se hundían en el rojo fiscal, la capital del país logró mejorar su posición.

¿El secreto? Un fallo de la Corte Suprema que elevó su coparticipación del 1,4% al 2,95%. Mientras el resto del país pelea por las migajas de un sistema coparticipable en caída, CABA se blindó con recursos excedentes, compensando cualquier ajuste nacional. Es la radiografía de una Argentina de dos velocidades: una que sobrevive en el asfalto porteño y otra que padece el abandono en las rutas del interior.

La reducción de $20,5 billones en transferencias no automáticas no es «ahorro», es desinversión en las personas. El gobierno de Javier Milei ha utilizado la caja como una herramienta de disciplina política, pero los números del IARAF demuestran que el impacto es desigual y profundamente injusto.

La discusión por una nueva Ley de Coparticipación no es un capricho de los gobernadores; es una necesidad de supervivencia para provincias como Salta, que ven cómo sus recursos se evaporan en el esquema de un gobierno nacional que mira más al mercado y al puerto que a las necesidades de las familias que viven a 1.500 kilómetros de la Casa Rosada.

Lo que para muchos adolescentes comenzó como un «reto viral» de redes sociales, ha escalado hasta convertirse en una crisis de seguridad pública en la provincia. El Procurador General, Pedro García Castiella, junto a los ministros Cristina Fiore (Educación) y Gaspar Solá Usandivaras (Seguridad), encabezaron un comité de crisis para frenar la ola de amenazas que afectó a diversos establecimientos educativos en la última semana.

El Ministerio Público Fiscal fue tajante respecto a las consecuencias de estos mensajes intimidatorios. Hasta el momento, las investigaciones por el delito de intimidación pública han arrojado cifras alarmantes:

• 135 actuaciones judiciales iniciadas.

• 17 personas demoradas.

• 6 detenciones efectivas.

Las autoridades aclararon que el rastreo de estos mensajes es posible gracias al trabajo de las unidades de delitos telemáticos, desarticulando la idea de «anonimato» que suelen creer los menores al replicar estos retos.

Por su parte, la ministra Cristina Fiore llevó tranquilidad al informar que el dictado de clases no se interrumpirá en ningún establecimiento. Sin embargo, advirtió que no habrá impunidad en el plano administrativo: se están evaluando medidas disciplinarias severas para los alumnos que resulten responsables.

Fiore recordó que la provincia cuenta con una normativa innovadora para el abordaje de la conflictividad social, que incluye protocolos específicos para casos de bullying y ciberacoso, violencia entre pares e intervención con padres o tutores, bajo el amparo de la Ley Nacional 26.892.

El ministro de Seguridad, Solá Usandivaras, puso el foco en el seno familiar. Más allá del despliegue policial preventivo en las puertas de los colegios, remarcó la responsabilidad legal de los padres o tutores. Ante una conducta delictiva de un menor, son los adultos a cargo quienes deben responder ante la justicia por la falta de supervisión y los daños causados.

Finalmente, el Procurador García Castiella resaltó que la estrategia no es solo punitiva, sino preventiva. Se planea la creación de una unidad de prevención específica y nuevas instancias de capacitación para docentes y fuerzas de seguridad, con el fin de detectar tempranamente estas conductas antes de que se conviertan en un delito penal.