La 60ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, llevada a cabo este viernes en la ciudad de Corrientes, se convirtió en un escenario de fuerte respaldo político hacia la gestión del gobernador salteño Gustavo Sáenz. Los vicegobernadores y legisladores de las diez provincias del bloque ratificaron un contundente apoyo a las negociaciones entabladas con el Ejecutivo nacional para garantizar la reactivación integral de los ramales ferroviarios C14 y C15 del Belgrano Cargas.

La representación de Salta estuvo encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco, acompañado por una comitiva de senadores y diputados provinciales. Durante el encuentro —que contó con el recibimiento del mandatario correntino Juan Pablo Valdés y la conducción de Carlos Silva Neder (Santiago del Estero)—, Marocco expuso los detalles del acuerdo alcanzado semanas atrás con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. El entendimiento fija la inclusión de una adenda obligatoria en el pliego licitatorio del Belgrano Cargas para las obras del ramal C14 y el compromiso de gestionar financiamiento internacional para el C15, ejes fundamentales para la consolidación del Corredor Bioceánico.

«Estamos hablando de un tren geopolítico, estratégico para la integración del Norte Grande y su conexión con los países vecinos. Por eso respaldamos las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz: la recuperación de los ramales C14 y C15 es una prioridad para el desarrollo productivo de toda la región. Este tren no puede seguir esperando, tenemos que sostener ese esfuerzo hasta que los compromisos se concreten en obras», enfatizó Marocco en el estrado plenario.

Además del eje ferroviario, las autoridades regionales mantuvieron reuniones con directivos de la AIDS Healthcare Foundation (AHF) Argentina para coordinar campañas de prevención del VIH, y con la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF). La delegación salteña estuvo integrada por los senadores Manuel Pailler, Daniel Moreno, Dani Nolasco y Luciano Elvira; junto a los diputados Gastón Galíndez, Edgar Domínguez, Rodrigo García, Fabián Valenzuela y Miguel Plaza, quienes participaron en la aprobación de 149 proyectos de desarrollo e integración regional.

El creciente malestar ciudadano por el pésimo estado de las carreteras y los constantes aumentos de tarifas dejó de ser una queja aislada para convertirse en una ola de reclamos que se replica en peajes de todo el país. Desde las protestas y el levantamiento de barreras por parte de vecinos en la estación de Cabeza de Buey sobre la Ruta 9/34 en Salta, hasta las rutas del centro y sur argentino, los conductores comenzaron a hacer valer de forma directa sus derechos como consumidores.

Un claro ejemplo de este fenómeno viral ocurrió en la Ruta Nacional 226, en el tramo que une Tandil con Mar del Plata. Una automovilista se plantó ante la cabina de cobro y se negó rotundamente a abonar la tarifa denunciando el estado «desastroso» de la calzada. «La ruta del kilómetro 30 en adelante es vergonzosa: baches, despintada, desnivelada y rellenada con brea. Ustedes brindan un servicio y si no lo brindan, no tengo por qué pagarlo», recriminó con firmeza al empleado del peaje.

La situación escaló en tensión cuando el trabajador le sugirió mover la barrera manualmente para avanzar, a lo que la mujer se negó de forma tajante para no incurrir en una infracción de tránsito ni asumir responsabilidades por daños. Tras varios minutos de discusión y la negativa a dar marcha atrás, el cajero debió consultar con la dirección del peaje, desde donde finalmente autorizaron levantar la barrera de manera oficial para dejarla continuar su viaje.

El hecho, grabado en video por la propia protagonista, se propagó rápidamente en redes sociales y resonó con fuerza en el sur salteño, donde los usuarios de la Ruta 9/34 atraviesan una situación idéntica frente a los cobros abusivos de la concesionaria AUNOA. El mensaje de «servicio que no se presta, no se paga» se consolida como una consigna federal en respuesta a años de abandono estatal y privado sobre la red vial nacional.

La interpelación al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, el salteño Federico Posadas, se transformó en una maratónica jornada de durísimos cuestionamientos que terminaron por pulverizar el relato oficial sobre la gestión turística de la vecina provincia. Durante la sesión, legisladores de diversos bloques expusieron una extensa nómina de presuntas irregularidades administrativas, incoherencias patrimoniales y contrataciones vinculadas de forma directa a su entorno familiar y político.

El punto de mayor tensión se desató con la exhibición de órdenes de pago que confirman que el Estado le facturó a su esposa, Valentina Moisés, violando la Ley de Ética Pública. A esto se sumaron las sospechas por la adjudicación del bar del Cabildo a un monotributista sin antecedentes, los lazos comerciales con la firma de transporte Silvia Magno, los vínculos con la consultora Politeia y una causa penal archivada en 2018 por licitaciones armadas para la pauta digital. Asimismo, se denunció la designación en la estructura gubernamental jujeña de una lista de salteños bajo la figura de «ñoquis vip», entre los que se nombró a Federico y Ernesto Estorniolo, Pablo Espinosa, María Eugenia y José María Zambrano, y Mariana Borigen.

La rendición de cuentas sobre eventos masivos también dejó al descubierto llamativas inconsistencias financieras. Sobre el recital de La Renga, los diputados remarcaron que mientras la cartera comunicó un impacto económico de $7.700 millones, los anexos del propio informe sumaban más de $9.000 millones, mezclando la fuga de divisas como ganancia, sumado a desembolsos de $60 millones en sponsoreo, predios cedidos gratis y contrataciones insólitas de $2 millones en hielo, $7 millones en internet y $18 millones en catering. A la par, se cruzaron sus declaraciones juradas patrimoniales por registrar inmuebles rurales y urbanos adquiridos a «valor cero» o a cifras irrisorias de $20 millones.

Finalmente, la oposición y sectores aliados contrastaron los datos oficiales de pernoctes y empleo privado con las estadísticas del INDEC y la DiPEC, al punto de que el propio vicegobernador Alberto Bernis llegó a deslizar en el estrado la acusación de «encuestas truchas». Ante el volumen de las pruebas ventiladas, el cuerpo legislativo aprobó la moción para remitir la versión taquigráfica completa a la fiscalía de turno para que se inicie una investigación penal contra el funcionario. Sin embargo, en el recinto quedó flotando un llamativo interrogante de la prensa: el silencio cómplice de todos los bloques sobre Choice, la consultora histórica con la que Posadas operó en los medios para posicionarse en la mesa política regional.