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8 DE NOVIEMBRE · 16:30 HS

Salta

Gremios estatales de Salta convocaron a un paro de 48 horas

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Es para el 11 y 12 de enero. Es por la falta de respuesta del gobierno, cuestionan que no se hayan resuelto las actualizaciones paritarias de los dos últimos meses de 2023. El paro se anuncia sin asistencia a los lugares de trabajo en toda las reparticiones públicas de la provincia, municipios incluídos.

«No nos queda otra que salir a la calle. En la última marcha nos recibieron funcionarios del gabinete provincial y el compromiso fue renunirnos nuevamente los primeros días de esta semana», reclamó Mabel Álvarez, secretaria general de ATE Seccional Salta. Los sindicatos nucleados en el Frente Intergremial decidieron poner un límite ante el silencio del gobierno salteño, que no cerró las negociaciones salariales de 2023 tal como había prometido: con los sueldos por encima de la escalada inflacionaria.

En este marco el Frente Intergremial lanzó un paro de 48 horas, convocado para el 11 y 12 de enero, medida que será anunciada formalmente hoy, mediante una nota dirigida al secretario de Trabajo, Alfredo Batule.

Los sindicatos que nuclean a trabajadores estatales afirman que el gobierno provincial se manejó -particularmente durante los últimos meses- con «falta de sensibilidad», situación que se agravó después del 10 de diciembre, fecha del cambio de gestión en la administración nacional. En la nota dirigida al secretario de Trabajo de Salta, los gremios le recuerdan que el paro convocado por 48 horas a partir del jueves 11 de enero, se debe a que los salarios no acompañan «la crisis socioeconómica grave que vive cada uno de los trabajadores de los municipios, Provincia y Nación». Y cuestionaron también a los funcionarios que asistieron a las mesas de negociación porque «empeñaron o dieron su palabra», y «evidentemente no fueron responsables».

La Asociación de Trabajadores del Estado fue el gremio que en esta ocasión alzó la bandera de la lucha para no resignar ni las conquistas laborales ni la recomposición permanente del salario. «Estamos mal, los trabajadores están muy preocupados», dijo Álvarez a Salta/12. «Reclamamos las actualizaciones de noviembre y diciembre 2023. Queremos sentarnos con el gobierno y escuchar sus ofertas», adelantó. «Queremos una negociación donde ambas partes proponen para llegar un acuerdo», insistió.

Álvarez reclamó al gobierno que como las negociaciones no se realizaron en las fechas programadas, los salarios de los estatales (de docentes, personal de salud, personal de la administración pública en general) quedaron por debajo del índice inflacionario. «Aunque nos den un porcentaje, ya estamos defasados. No era lo mismo cobrar las actualizaciones en los últimos meses de 2023 que ahora», apuntó.

Definiciones en asambleas
Por su parte, Matías Aramayo, de la Agremiación de Empleados Judiciales de Salta, confirmó que ese gremio adhiere a las medidas de fuerza que propicia el Frente Intergremial con ATE a la cabeza. Como los y las trabajadoras judiciales se encuentran en feria, el titular del gremio anticipó que comenzará hoy con la ronda de consultas para definir en conjunto las estrategias de protesta a seguir en la semana entrante.

Por otra parte, entre los gremios docentes consultados, SITEPSA confirmó que adhiere a la medida convocada por el Frente Intergremial. Victoria Cervera, secretaria general del sindicato, precisó que convocarán a las y los «docentes de régimen de verano y a los trabajadores de educación a acompañar el paro», básicamente porque «coinciden con el motivo» del reclamo: «la falta de respuesta del gobierno provincial a las actualizaciones pendientes de noviembre y diciembre». Desde el Sindicato de Trabajadores del Instituto Provincial de la Vivienda, José Chaile confirmó que hoy debatirán en asambleas en los lugares de trabajo si adhieren o no a la medida. El gremialista estimaba ayer que la medida tendría una amplia aceptación entre las y los empleados estatales del IPV.

«Nosotros hacemos la convocatoria para todos», detalló Mabel Álvarez. Recordó que la policía de la provincia -pese a que se beneficia con la lucha de los gremios estatales- no adhiere a este tipo de medidas debido a límites puntuales en sus reglamentos internos. Luego precisó que solamente en enero, ATE planificó una movilizacion para el lunes 15 y otra para miércoles 24, ocasión del paro nacional.

Por otra parte, subrayó que el amparo recientemente concedido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al movimiento obrero «ha sido celebrado por los trabajadores porque abre una puerta desde lo legal para poner un freno al ajuste tan brutal». Ayer, otro fallo de la Cámara del Trabajo suspendió la reforma laboral que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) incluyó en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.

Paulatinamente, los y las trabajadoras que se desempeñan en alguna repartición pública, nacional, provincial o municipal, advierten los alcances en sus vidas cotidianas del polémico DNU con el que el gobierno nacional pretende sentar «nuevas bases para la economía argentina». Mabel Álvarez comentó el caso de casi una treintena de trabajadores municipales despedidos a fin de año en la comuna de Guachipas, ubicada en el sureste de la provincia de Salta.

«En Guachipas ganó el actual presidente Javier Milei en todas las votaciones celebradas el año pasado», recordó la titular de ATE Salta. «Acudimos a fin de año a ese municipio, porque el intendente (Diego Ontiveros) dió de baja a 27 trabajadores de planta permanente», relató. «Fue una situacion muy triste. A esos trabajadores fue como tirarles un balde de agua fría porque votaron a Milei», agregó. «Noté arrepentimiento», compartió sobre su percepción durante las reuniones que mantuvo ATE con la patronal municipal para tratar de solucionar la situación. «Nos explicaban que se vieron superados por el voto bronca, molestos por la creciente inflación que venímos padeciendo, pensando que un nuevo gobierno daría otras respuestas con el cambio que la gente espera. No fue así».

La situación de los trabajadores despedidos se pudo revertir y mediante la resolución 1 de 2024, el municipio de Guachipas los reincorporó el primer día hábil del año. «Nosotros nunca indicamos por quién votar, sí remarcamos que se trataba de dos modelos diferentes», sostuvo la diritente gremial en alusión al período electoral que llevó a la presidencia al ultraderechista Milei despues del balotaje con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

El Frente Gremial Estatal de Salta está conformado por UPCN Seccional Salta, AMET, UDA, SADOP, ATE, CGT, la CTA Autónoma, la Agremiación Judicial, IPV, SITRAVPS, ATSA, UPES y APSADES. Resta confirmar adhesiones, modalidades y estrategias de varios integrantes, algo que seguramente sucederá entre hoy y los primeros días de la semana entrante.

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Salta

Día del Escritor Salteño: el homenaje a Juana Manuela Gorriti y Juan Carlos Dávalos, dos plumas que marcaron la identidad cultural

Cada 6 de noviembre, Salta conmemora esta fecha en tributo a dos de sus mayores figuras literarias, unidas por la coincidencia de su partida física en 1892 y 1959. Pionera de las letras latinoamericanas una y retratista esencial del paisaje y el alma norteña el otro, sus obras consolidaron el patrimonio cultural de la provincia.

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Cada 6 de noviembre, la provincia conmemora el Día del Escritor Salteño, una efeméride instituida para celebrar la riqueza literaria local y rendir homenaje a dos de las plumas más influyentes de la historia argentina: Juana Manuela Gorriti y Juan Carlos Dávalos.

La fecha responde a una particular coincidencia del calendario: un 6 de noviembre de 1892 falleció en Buenos Aires Juana Manuela Gorriti, y exactamente 67 años después, el 6 de noviembre de 1959, partía en la ciudad de Salta don Juan Carlos Dávalos.

Juana Manuela Gorriti: vanguardia, exilio y compromiso

Nacida el 15 de junio de 1819 en Salta e hija del patriota José Ignacio Gorriti, Juana Manuela transitó una vida marcada por la turbulencia política y la vocación creadora. Tras formarse en el convento de las monjas Salesas, residió en Bolivia —donde estuvo casada con Manuel Isidoro Belzú, quien fuera presidente de ese país— y posteriormente se radicó en Lima, Perú, dedicándose a la docencia.

En la capital peruana forjó un sólido reconocimiento intelectual y social; en 1866 colaboró activamente en la atención de heridos durante el combate del Callao y organizó célebres tertulias literarias.

Inició su camino editorial en 1848 con el relato La Quena, considerado una de las primeras obras de ficción de autoría femenina en la región. Su producción continuó con títulos centrales como Sueños y realidades (1875), Don Dionisio Puch (1869), Panoramas de la vida (1876), Misceláneas (1878), La tierra natal, Perfiles (1892) y Veladas literarias de Lima (1892), antes de regresar a la Argentina, donde residió hasta su deceso en 1884 y posterior muerte en 1892.

Juan Carlos Dávalos: la voz del paisaje y las costumbres gauchas

Nacido el 11 de enero de 1887 en la Villa de San Lorenzo, Juan Carlos Dávalos dedicó su vida a la docencia y a capturar la esencia identitaria del norte a través de la poesía, el cuento y el ensayo.

Su lírica, iniciada con De mi vida y de mi tierra (1914), abarcó volúmenes como su Antología poética (1952) y la póstuma Últimos versos (1961). En la narrativa construyó clásicos perdurables como El viento blanco (1922), Los gauchos (1928), Relatos lugareños (1930), Los valles de Cachi y Molinos (1937), Cuentos y relatos del Norte Argentino (1946) y Salta, su alma y sus paisajes (1947).

Miembro de la Academia Argentina de Letras, Dávalos legó un testimonio indispensable sobre los valles, cerros y personajes tradicionales de la provincia, convirtiéndose en un referente insoslayable para las letras hispanoamericanas.

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Salta

Cómo funciona el juicio por jurados en Salta: la justicia ciudadana que ya dictó perpetuas en el norte y se prepara para debutar en el sur provincial

A raíz de la histórica condena a tres acusados por el doble crimen de Colonia Santa Rosa, el sistema demostró en la práctica el rol central de los ciudadanos comunes en la administración de justicia. Cómo se eligen, qué derechos tienen, por qué deben votar por unanimidad y la inminente llegada de este modelo al Distrito Judicial Sur.

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La reciente condena a prisión perpetua para tres hombres por el doble crimen de Colonia Santa Rosa marcó un hito en la justicia salteña y puso en primer plano un mecanismo clave: el juicio por jurados. Doce vecinos comunes, elegidos por sorteo, tuvieron sobre sus espaldas la responsabilidad de definir la culpabilidad o no culpabilidad de los imputados, sentando un precedente directo mientras el Distrito Judicial del Sur se prepara para llevar a cabo de manera inminente su primer debate bajo esta modalidad.

Frente a la pronta llegada de las audiencias populares a localidades como Metán y Rosario de la Frontera, resulta fundamental comprender cómo opera este sistema que traslada el veredicto desde los estrados tradicionales hacia la propia comunidad.

1. ¿Cómo se eligen los jurados populares?

Los integrantes surgen a través de un sorteo del padrón electoral general. Antes de comenzar el juicio formal, los preseleccionados asisten a una audiencia de voir dire (selección), donde tanto la fiscalía como las defensas realizan preguntas directas para descartar prejuicios y garantizar absoluta imparcialidad. Finalmente, quedan conformados los 12 titulares y los respectivos suplentes con paridad de género.

2. Carga pública, compensación y resguardo laboral

El servicio de jurado es una carga pública obligatoria para todo ciudadano que resulte convocado. No obstante, la ley contempla mecanismos para que la participación no signifique un perjuicio:

  • Compensación económica: Cada integrante recibe un pago por jornada cumplida, junto con la cobertura total de gastos de transporte, estadía y refrigerio.

  • Trabajadores en relación de dependencia: El Estado transfiere directamente la compensación a las empresas o empleadores para justificar las ausencias y asegurar que el trabajador no pierda ni un centavo de sus haberes.

3. Protección, secreto e identidad reservada

Para garantizar que tomen decisiones libres de presiones externas, amenazas o influencia mediática, las identidades de los jurados se mantienen bajo estricta reserva. Durante el proceso está terminantemente prohibido fotografiarlos, filmarlos o divulgar sus datos. Asimismo, permanecen en sectores asignados y no tienen contacto con partes interesadas.

4. La división del juicio: juez de los hechos vs. juez de la ley

El juicio por jurados divide con claridad las funciones dentro del recinto:

  • El Jurado Popular (jueces de los hechos): Su única función es observar el debate, escuchar los testimonios, analizar los alegatos y examinar las pruebas periciales. Con esos elementos, deciden de forma exclusiva si el hecho existió y si la persona acusada es «culpable» o «no culpable».

  • El Juez Técnico (juez del derecho): Dirige el debate procesal, vela por el cumplimiento de las garantías constitucionales, instruye legalmente al jurado sobre la normativa y, si hay veredicto de culpabilidad, se encarga de determinar el monto de la pena (como ocurrió en Colonia Santa Rosa, donde el juez Raúl Fernando López fijó la pena de prisión perpetua para los tres sentenciados).

Regla de oro: Si el jurado popular dictamina que un acusado es «no culpable», la decisión es inapelable y el juez técnico no puede, bajo ninguna circunstancia, imponer condena alguna.

5. El requisito de la unanimidad

En Salta, la normativa exige que para emitir un veredicto de culpabilidad debe existir unanimidad total: los 12 miembros deben votar en el mismo sentido. Tras la finalización del debate, los integrantes se aíslan a deliberar en absoluta reserva hasta alcanzar el consenso definitivo.

Con la experiencia consolidada en el norte salteño, los tribunales del sur provincial ultiman los preparativos técnicos e institucionales para concretar el primer juicio popular en nuestra región, un cambio histórico que abrirá las puertas del Poder Judicial a la mirada y decisión de los vecinos.

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Belgrano Cargas: Nación posterga la licitación hasta diciembre y mantiene como «optativos» los ramales C14 y C15

El Gobierno nacional prorrogó la apertura de sobres para el 21 de diciembre tras la deserción del gigante Ferromex. Pese al retoque en los pliegos y a los reclamos del arco productivo salteño, la Casa Rosada insiste en marginar a los ramales estratégicos C14 y C15, dejándolos bajo un esquema «optativo» a 15 años que amenaza con asfixiar a la minería, el agro y la industria regional.

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Una nueva maniobra dilatoria del Gobierno nacional vuelve a poner en jaque la conectividad logística y el desarrollo económico del interior profundo. A través de la Circular N.º 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 504/2-0004-LPU26, el Ministerio de Economía resolvió postergar la apertura de sobres para la concesión integral del Belgrano Cargas —junto a las líneas Urquiza y San Martín—, trasladando la fecha original del 11 de noviembre al próximo 21 de diciembre.

Lejos de una mejora sustancial que atienda el clamor del federalismo productivo, la prórroga funciona como un parche tras el cimbronazo que significó la retirada del grupo mexicano Ferromex (desalentado por el esquema de Open Access fijado por el Ejecutivo) y el pedido desesperado de tiempo de otros oferentes para evaluar costos y riesgos.

El olvido deliberado de los ramales C14 y C15

La decisión nacional desató una profunda alarma e indignación en el entramado productivo de Salta. La Mesa Empresaria y Productiva —que nuclea a industriales, productores agropecuarios, mineros y comerciantes locales— venía advirtiendo sobre una trampa regulatoria inadmisible en los pliegos: el carácter meramente «optativo» de los ramales C14 y C15.

El esquema diseñado desde los despachos porteños concede al futuro adjudicatario privado un plazo de hasta 15 años para decidir si opera o no esas trazas. En términos prácticos, una cláusula que condena al norte a esperar tres lustros de incertidumbre mientras la producción soporta fletes terrestres cada vez más inviables.

Pese a las modificaciones formales introducidas en la Circular 3 (flexibilización para socios financieros, avales solidarios y la alternativa de aplicar al régimen RIGI), Nación ratificó la exclusión de ambos ramales de las obras obligatorias, consagrando un diseño ferroviario pensado únicamente para abastecer al puerto central y desentendiéndose de la salida al Pacífico y las fronteras regionales.

La voz unánime de los sectores productivos

  • Mesa Empresaria y Comercio Exterior: Javier Cerúsico fustigó la falta de rumbo y los plazos impuestos: “Es una locura en estos tiempos y en cualquier tiempo; 15 años para decidir si operan dos ramales tan importantes es una barbaridad. El C14 está operativo hoy para el mineral y requiere optimización; el C15 es clave para el agro y la agroindustria. No pueden quedar relegados mientras nuestras distancias a los puertos siguen encareciendo todo”, remarcó, recordando que este proceso licitatorio ya acumula más de un año de marchas y contramarchas.

  • Sector Agropecuario (Prograno): Pedro Arias cargó contra la postergación sistemática que dilata respuestas urgentes: “Cuando se empiezan a postergar las cosas siguen demorando las soluciones. Desde Prograno seguimos pidiendo que no se abandone al norte salteño. Geopolíticamente y para toda la producción es increíble que no podamos recuperar el tren que teníamos hace cien años”.

  • Sector Industrial (UIS): Eduardo Gómez Naar apuntó que la salida de Ferromex desnudó las falencias del pliego y advirtió: “Tenemos muchas expectativas de que se contemple la importancia estratégica del C14 y C15 y que las inversiones necesarias no queden libradas a una opción”.

  • Minería (Cámara de Minería): Juan Martín Gilly coincidió en que la prórroga no es una buena señal, aunque alertó que solo servirá si el Gobierno nacional aprovecha el plazo para garantizar competidores que asuman inversiones reales en la Puna y no meras promesas de ocasión.

Con el reloj corriendo hacia fin de año y con el nuevo plazo de consultas fijado para el 3 de diciembre, la producción salteña le exige a la Casa Rosada una rectificación urgente: sin la obligatoriedad de recuperar las vías del C14 y C15, cualquier privatización o concesión ferroviaria será una condena al aislamiento de las economías regionales.

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