La política de ajuste ortodoxo que aplica el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo eslabón de conflicto, otra vez afectando la fibra más sensible de la sociedad: los jubilados. El Colegio de Farmacéuticos de Salta lanzó una advertencia ante la situación «insostenible» que atraviesa el sector, donde la mora en los pagos del PAMI amenaza con paralizar la entrega de medicamentos en toda la provincia.

El presidente de la entidad, Mario Assad, fue tajante al describir un escenario donde la farmacia de barrio se ha convertido, involuntariamente, en la financista de la seguridad social argentina. Mientras el PAMI arrastra deudas y mora crónica, las farmacias deben pagar a las droguerías en plazos ínfimos para no quedarse sin stock.

«La farmacia compra y paga rápido, pero cobra del PAMI con atrasos de hasta 60 días. Con la inflación actual, esto es una condena económica», señaló Assad. La eliminación del Impuesto PAIS, una de las fuentes que alimentaba las arcas del organismo, y la dependencia exclusiva de las transferencias del Tesoro Nacional —hoy bajo el candado del déficit cero— han dejado al PAMI en una fragilidad estructural inédita.

La crisis no es solo una planilla de Excel. El desfasaje financiero está provocando que muchos establecimientos ya no puedan reponer medicamentos básicos. El esquema de «pagos parciales» que intenta aplicar el Gobierno Nacional es visto como un paliativo insuficiente ante una deuda que no para de crecer.

Desde el sector advierten que la rentabilidad ha desaparecido. La combinación de vender «al fiado» a un Estado que no paga, asumir bonificaciones obligatorias y soportar la escalada de precios, hace que la prestación sea inviable.

Aunque desde el Colegio de Farmacéuticos aseguran que no es su deseo cortar el servicio, la realidad de la caja manda. Las farmacias ya no tienen espalda para aguantar la desidia de una gestión nacional que prioriza los números macroeconómicos por sobre el acceso a los remedios de los adultos mayores.

Si el PAMI no normaliza su deuda antes de junio, el sistema podría colapsar, dejando a miles de jubilados salteños a la deriva, víctimas de un ajuste que parece no tener límites ni sensibilidad social.

El sistema de asistencia social para los jubilados y pensionados atraviesa uno de sus momentos más críticos en la provincia. Según un relevamiento, la combinación de deudas millonarias y cambios en la estructura salarial de los profesionales de la salud amenaza con desmantelar la red de atención primaria en todo el territorio salteño.

La medida más reciente y preocupante es la eliminación de un plus salarial que percibían los médicos de cabecera. Este adicional permitía a muchos profesionales sostener sus consultorios privados frente al incremento de costos operativos e inflación.

Actualmente, cada médico tiene asignados entre 700 y 800 afiliados. Los trabajadores de la obra social advirtieron que, al volverse poco rentable, los médicos comenzarán a «desafiliarse» del sistema oficial, dejando a miles de adultos mayores sin su atención de referencia. Una caída masiva en la disponibilidad de turnos para consultas básicas y seguimiento de enfermedades crónicas.

A la crisis salarial se suma una deuda que el organismo nacional arrastra desde enero. Esta situación ha llevado a que diversos rubros esenciales comiencen a restringir la atención a los afiliados de PAMI:

1. Farmacias y Ópticas: Informaron que la falta sostenida de pagos hace imposible el mantenimiento del stock y la prestación de servicios.

2. Pacientes críticos: Se reportan retrasos críticos en la entrega de medicación oncológica y para pacientes con HIV, quienes pasan semanas sin recibir sus tratamientos esenciales.

3. Alta complejidad: Existen demoras en la autorización de prácticas urgentes, como los controles de marcapasos y cirugías programadas.

Los empleados de PAMI en Salta han manifestado su preocupación por lo que consideran un vaciamiento progresivo del organismo. Sostienen que el sistema de atención primaria podría colapsar si no se regularizan los pagos y se garantiza una retribución justa para los profesionales.

Mientras tanto, los jubilados salteños quedan atrapados en medio de una disputa administrativa y financiera, viendo cómo derechos básicos como el acceso a la salud y a medicamentos vitales se ven cada vez más vulnerados.

Los resultados de la encuesta mensual de CB Global Data correspondientes a abril trajeron noticias positivas para el Centro Cívico Grand Bourg. Según el estudio dirigido por el analista Cristian Buttié, el gobernador Gustavo Sáenz logró posicionarse en el top 3 de imagen positiva a nivel federal, reflejando un fuerte respaldo a su gestión en territorio salteño.

El relevamiento, realizado sobre más de 17.000 casos en todo el país, muestra una tendencia clara: los mandatarios locales retienen una valoración superior a las figuras nacionales en sus propios distritos. Los tres dirigentes con mejor imagen este mes son:

• Hugo Passalacqua (Misiones): Lidera con un 55,8%.

• Claudio Poggi (San Luis): Segundo con 55,3%.

• Gustavo Sáenz (Salta): Completa el podio con un sólido 55,1%.

Mientras Sáenz y sus pares «independientes» o de fuerzas provinciales dominan la cima, el extremo opuesto de la tabla lo ocupan dirigentes con perfiles más vinculados a la interna nacional. Los peor calificados —aunque con registros superiores al 40%— fueron:

• Ricardo Quintela (La Rioja): 42,8% (último lugar).

• Alberto Weretilneck (Río Negro): 43%.

• Axel Kicillof (Buenos Aires): 45,5%.

En cuanto a las variaciones, el estudio destacó el crecimiento de Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y la caída más pronunciada en la aprobación de Carlos Sadir (Jujuy).

El informe de abril también evaluó a los jefes comunales de las ciudades más importantes de cada provincia. Los mejores: Jorge Jofré (Formosa) encabeza con un 60,4%, seguido por Leonardo Stelatto (Posadas) y Gustavo Sastre (Puerto Madryn). En el fondo se ubicaron Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy) con el 35,9%, Julio Alak (La Plata) y Roy Nikisch (Resistencia).

El posicionamiento de Sáenz en el tercer lugar nacional ocurre en un contexto donde el gobernador ha mantenido una postura de defensa de los intereses provinciales frente al Gobierno Nacional, logrando capitalizar un apoyo que supera los 55 puntos. Este nivel de aprobación le permite encarar el segundo trimestre del año con un capital político fortalecido dentro de la liga de gobernadores del Norte Grande.