El dictamen favorable al proyecto de la senadora Carolina Losada para endurecer las penas contra las falsas denuncias ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda pero necesaria de debatir: el uso de la estructura judicial como herramienta de revancha o estrategia en litigios familiares. La iniciativa propone penas de hasta 6 años de cárcel cuando se mienta sobre delitos de violencia de género o abuso, buscando preservar el principio de inocencia y la verdad jurídica.

Quienes apoyan la medida argumentan que una falsa denuncia no es un error administrativo, sino un delito que genera daños irreparables. El señalado suele enfrentar el «escrache» social, la pérdida del empleo y, en muchos casos, el alejamiento forzado de sus hijos antes de que exista una sentencia firme.

«La justicia no puede ser utilizada como un arma» , sostienen sectores que impulsan la ley. Argumentan que, al no haber consecuencias severas para quien miente, se incentiva la instrumentalización de las leyes de protección, perjudicando directamente a quienes sí están en peligro real y necesitan que los recursos del Estado no estén ocupados en causas inventadas.

En Salta, con un promedio de 100 denuncias diarias solo en el Distrito Centro, el sistema judicial trabaja al límite de sus capacidades. En este contexto, cada denuncia falsa representa:

• Desvío de recursos: Policías, peritos y jueces pierden tiempo valioso que debería destinarse a casos de riesgo de vida.

• Desconfianza social: La proliferación de relatos que luego se demuestran falsos genera un manto de duda sobre las víctimas reales, debilitando la lucha legítima contra la violencia de género.

El debate central radica en cómo proteger a la mujer sin desproteger al ciudadano ante una posible acusación falaz. Para los sectores críticos del sistema actual, el endurecimiento de las penas es un paso hacia la igualdad ante la ley y una advertencia para quienes pretenden utilizar la vulnerabilidad de las normativas vigentes para fines personales.

«Castigar la mentira no es atacar a la víctima, es proteger la transparencia de la justicia» , aseguran los impulsores del proyecto. De aprobarse, la justicia contaría con una herramienta más para garantizar que los procesos por violencia sean espacios de búsqueda de la verdad y no escenarios de injusticias derivadas de testimonios sin sustento.

El conflicto gremial en organismos estatales suma un nuevo capítulo de alta tensión. Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), representados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), confirmaron un paro total de actividades para el próximo viernes 24 de abril. La medida promete tener un impacto directo en el transporte de pasajeros y cargas a nivel nacional e internacional.

El reclamo principal de los profesionales meteorólogos se centra en la estrecha relación entre su labor diaria y la seguridad de la aviación. Según el comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la ausencia de personal especializado en las estaciones meteorológicas impide la generación de informes críticos para el despegue y aterrizaje de aeronaves.

«Sin meteorólogos no hay seguridad aérea. Vamos a parar y los aviones no van a volar», advierte el panfleto que circula en las terminales aéreas, subrayando que la meteorología es un servicio esencial e indispensable para la navegación.

Desde el sector gremial sostienen que la situación del organismo es crítica debido a las políticas de ajuste y despidos que se vienen ejecutando en la administración pública nacional. Denuncian que la precarización de las condiciones laborales no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que degrada la capacidad operativa de un organismo estratégico para el país.

El gremio sostiene que la falta de personal suficiente en los aeropuertos para cubrir los turnos operativos pone en jaque los protocolos internacionales de seguridad.

De concretarse la medida sin un dictado de conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, se espera que el viernes 24 de abril se produzcan demoras y cancelaciones masivas en los vuelos. Las empresas aéreas ya siguen de cerca la situación, mientras que los trabajadores del SMN se mantienen firmes en la necesidad de visibilizar la «desidia» que atraviesa el sector.

«Ajuste, despidos y precarización ponen en riesgo la aviación», concluye el comunicado, dejando en claro que el conflicto excede lo salarial y se traslada a una preocupación por la infraestructura técnica del país.

El INDEC soltó los números de marzo y, como era de esperar, el relato oficial ya empezó a cocinar los datos para que parezcan una victoria épica. Según el organismo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 3,4% a nivel nacional. Un numerito que, acumulado, ya nos deja un 9,4% en apenas tres meses. Vamos por buen camino… si el objetivo es ver quién llega primero a fin de mes sin usar la tarjeta.

Pero claro, una cosa es lo que se ve desde los despachos porteños y otra muy distinta es lo que pasa en el Noroeste. En nuestra región, la inflación no se enteró del «éxito» nacional y se clavó en un 4,0%. Una vez más, el NOA se consolida en el podio de las zonas más caras del país, porque aparentemente vivir lejos del Obelisco tiene un recargo que nadie nos explicó.

El gran protagonista del mes —y el verdugo de las billeteras familiares— fue el rubro Educación. Con un incremento brutal del 18,1%, mandar a los chicos a la escuela en el NOA se convirtió en un deporte de riesgo financiero. Parece que para el Gobierno, el acceso a la enseñanza es un lujo que debe tributar por encima de cualquier lógica económica.

A este «impuesto al saber» se le sumaron los Servicios recreativos y culturales, que subieron un 9,5%. Básicamente, si después de pagar la cuota del colegio y los útiles querías llevar a tu familia a ver una película, la inflación te recordó que en este país el entretenimiento también es para pocos.

Para que el promedio no les diera tan escandaloso, el informe destaca que hay rubros que «bajaron». Por ejemplo, Equipamiento y mantenimiento del hogar mostró una caída del -0,6%. En la misma línea, Prendas de vestir y calzado apenas subió un 1,0%.

En resumen, marzo nos deja una aceleración que preocupa y un acumulado que ya se come casi dos dígitos de los salarios. Mientras tanto, desde las esferas del poder seguirán hablando de «desaceleración» y «metas cumplidas», ignorando que en el norte el changuito está cada vez más liviano y el bolsillo cada vez más agujereado. Al final, lo único que no sube en este país es la autocrítica de quienes manejan la economía.