Si hubiera un programa de «viajero frecuente» para presidentes, Javier Milei ya tendría millas suficientes para llegar a la Luna. Su tercer arribo a Israel desde que asumió el mando vuelve a encender una alarma que va más allá de la diplomacia: la creciente sospecha de que la agenda oficial de la Argentina está siendo moldeada por las inclinaciones místicas y personales del hombre que conduce el país.

La imagen del domingo fue, por decir poco, pintoresca. El Presidente de una nación con el 50% de pobreza fue filmado arriba de un escenario en Jerusalén, ensayando el clásico “Libre” de Nino Bravo junto a estrellas del pop israelí.

¿Es necesario que un Jefe de Estado, en medio de una crisis económica asfixiante, dedique tiempo de su agenda oficial a ensayar dotes de cantor para una fiesta patria ajena? Para muchos, este «costado rockstar» de Milei no hace más que profundizar la sensación de desconexión con un interior argentino que padece el parate de la obra pública y el encarecimiento de la vida diaria.

El itinerario de la visita refuerza la duda del título: recibió un Doctorado Honoris Causa, visitó una academia de estudios talmúdicos, mantuvo un encuentro con rabinos, cantó «Libre» en los ensayos por el Día de la Independencia de Israel, y como si fuera poco visitó el Santo Sepulcro y volvió nuevamente al Muro de los Lamentos.

Resulta difícil encontrar en este cronograma reuniones que apunten a destrabar exportaciones de carne salteña o atraer inversiones industriales que generen empleo inmediato. En cambio, parece una travesía diseñada para la satisfacción intelectual y religiosa del mandatario, financiada —claro está— por el erario público.

El gran anuncio económico del domingo fue la confirmación de vuelos directos de la empresa El Al entre Buenos Aires y Tel Aviv para noviembre. Es paradójico: en un país donde la clase media lucha para llenar el tanque de nafta para ir a trabajar, el Presidente celebra una ruta aérea de 16 horas que solo podrá disfrutar una ínfima minoría.

Más allá de lo espiritual, Milei ratificó la mudanza de la embajada a Jerusalén y firmó los «Acuerdos de Isaac». En términos de política exterior, esto es jugar con fuego en un polvorín. El Presidente está rompiendo una tradición histórica de neutralidad argentina que nos protegía de conflictos lejanos. Al alinearse de forma tan personal y estridente, no solo compromete al Estado nacional, sino que expone al país a represalias geopolíticas en un escenario internacional cada vez más inestable.

Mientras tanto, en Salta y el resto de las provincias, el «ancla» sigue siendo el ajuste. Pareciera que para el Presidente, la libertad es un concepto que se canta mejor en Jerusalén que el que se gestiona en las rutas y escuelas del norte argentino.

El Gobierno Nacional parece haber encontrado un nuevo responsable para la crisis del sistema de salud: los propios jubilados por vivir «demasiado». En el marco del AmCham Summit, el titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones, lanzó una frase que desató una ola de indignación al quejarse de la cantidad de octogenarios y centenarios que pertenecen al PAMI.

Para el ministro Lugones, el hecho de que un millón de afiliados superen los 80 años y otros 6.000 hayan cruzado la barrera de los 100 es, textualmente, una “carga muy grande”. Con un tono de queja, sentenció: «Ya hay abuelos, hijos y nietos en Pami», intentando explicar así el desfinanciamiento de la obra social más grande de Latinoamérica.

Estas declaraciones se dan en un contexto de extrema fragilidad, donde el funcionario admitió no tener la última palabra sobre el dinero: «Me dijeron que estaban pagando», respondió con vaguedad, confirmando que el manejo de los fondos de salud está bajo el control total del ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantiene pisados los giros para sostener el superávit fiscal.

Mientras en los despachos de Buenos Aires se habla de los jubilados como «cargas», en las farmacias del interior el panorama es desolador. Según datos del sector farmacéutico, lo que el Gobierno está pagando con cuentagotas apenas cubre prestaciones de enero y febrero, dejando un rojo financiero que las farmacias ya no pueden absorber.

En Salta, la situación es crítica. El mecanismo es perverso: las farmacias deben pagar a las droguerías en plazos cortos para recibir medicamentos, pero el PAMI les debe meses de facturación. Sin dinero para reponer, el stock comienza a faltar y son los abuelos quienes, receta en mano, rebotan de mostrador en mostrador sin poder acceder a sus tratamientos.

El «cataclismo» que mencionan los prestadores no es solo económico, sino humano. A la falta de medicamentos se suma la amenaza de los médicos de abandonar la atención tras los recortes del 50% en sus ingresos impuestos por la nueva gestión.

La postura de Lugones deja en claro la hoja de ruta del Ejecutivo: un ajuste ortodoxo donde la variable de ajuste es la salud de quienes aportaron durante décadas. Para el Gobierno, la longevidad no es un logro de la medicina o la calidad de vida, sino un problema contable que desequilibra las arcas del Estado.

El dictamen favorable al proyecto de la senadora Carolina Losada para endurecer las penas contra las falsas denuncias ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda pero necesaria de debatir: el uso de la estructura judicial como herramienta de revancha o estrategia en litigios familiares. La iniciativa propone penas de hasta 6 años de cárcel cuando se mienta sobre delitos de violencia de género o abuso, buscando preservar el principio de inocencia y la verdad jurídica.

Quienes apoyan la medida argumentan que una falsa denuncia no es un error administrativo, sino un delito que genera daños irreparables. El señalado suele enfrentar el «escrache» social, la pérdida del empleo y, en muchos casos, el alejamiento forzado de sus hijos antes de que exista una sentencia firme.

«La justicia no puede ser utilizada como un arma» , sostienen sectores que impulsan la ley. Argumentan que, al no haber consecuencias severas para quien miente, se incentiva la instrumentalización de las leyes de protección, perjudicando directamente a quienes sí están en peligro real y necesitan que los recursos del Estado no estén ocupados en causas inventadas.

En Salta, con un promedio de 100 denuncias diarias solo en el Distrito Centro, el sistema judicial trabaja al límite de sus capacidades. En este contexto, cada denuncia falsa representa:

• Desvío de recursos: Policías, peritos y jueces pierden tiempo valioso que debería destinarse a casos de riesgo de vida.

• Desconfianza social: La proliferación de relatos que luego se demuestran falsos genera un manto de duda sobre las víctimas reales, debilitando la lucha legítima contra la violencia de género.

El debate central radica en cómo proteger a la mujer sin desproteger al ciudadano ante una posible acusación falaz. Para los sectores críticos del sistema actual, el endurecimiento de las penas es un paso hacia la igualdad ante la ley y una advertencia para quienes pretenden utilizar la vulnerabilidad de las normativas vigentes para fines personales.

«Castigar la mentira no es atacar a la víctima, es proteger la transparencia de la justicia» , aseguran los impulsores del proyecto. De aprobarse, la justicia contaría con una herramienta más para garantizar que los procesos por violencia sean espacios de búsqueda de la verdad y no escenarios de injusticias derivadas de testimonios sin sustento.