La imagen en el salón del Foro de Intendentes habló por sí sola: una hilera de sillas vacías con los nombres de los representantes de La Libertad Avanza (LLA) marcó un nuevo desplante hacia la institucionalidad provincial. Pese a la urgencia de la convocatoria y la anticipación de la invitación, la senadora y los diputados libertarios decidieron no asistir al encuentro donde se buscaba debatir el futuro de los municipios frente al ajuste nacional.

No es la primera vez que Emilia Orozco, Gabriela Flores y Gonzalo Guzmán Coraita evitan el diálogo con los actores territoriales. Para los jefes comunales, que hoy gestionan en la trinchera de la crisis, el argumento de «problemas de agenda» es insuficiente. Consideran que su ausencia es un «ninguneo» directo hacia quienes deben lidiar diariamente con la quita de subsidios, la parálisis de la obra pública y el hambre en los barrios.

«Tendrían que estar acá para presentar lo que hicieron y escucharnos. Su banca pertenece a los ciudadanos de Salta, no a un partido», reclamaron desde el Foro.

La reunión, encabezada por Marcelo Moisés, presidente del Foro, mostró un fuerte contraste. Mientras los libertarios brillaron por su ausencia, otros legisladores como la senadora Flavia Royón y los diputados Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernardo Biella sí se hicieron presentes.

Los intendentes les pidieron a estos últimos que actúen como sus voceros en el Congreso para apuntalar las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz. La demanda fue clara: los representantes deben despegarse de la lógica partidaria y defender los recursos que Nación ha retirado, afectando gravemente el financiamiento local.

Para el Foro de Intendentes, la actitud de los legisladores de LLA pone de manifiesto una «desconexión alarmante» con el interior profundo. Mientras la crisis social escala, el silencio y la falta de presencia de los referentes oficialistas en la provincia es visto como una retirada total del acompañamiento nacional.

«Es una falta de respeto a la institucionalidad; ellos representan a Salta y la situación que atravesamos es más que preocupante», concluyeron, reafirmando que la gestión territorial no puede esperar a los tiempos de la política porteña.

Ante la creciente viralización de mensajes intimidatorios que afectaron a instituciones educativas de la capital y el interior provincial, el Gobierno de Salta ratificó un esquema de trabajo articulado para frenar la psicosis y dar con los responsables. La estrategia une los esfuerzos de las carteras de Educación, Seguridad y el Ministerio Público Fiscal.

La ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, llevó tranquilidad a la comunidad al informar que el sistema educativo mantiene su actividad habitual. Sin embargo, fue tajante respecto a las consecuencias de las amenazas: «Se investiga a fondo los hechos porque pueden llegar a ser un delito», expresó, en sintonía con las recientes detenciones de estudiantes vinculados a estas «bromas» pesadas.

Para la funcionaria, la clave para desactivar este fenómeno no es solo policial, sino social. En ese sentido, apeló a la «corresponsabilidad», instando a las familias a involucrarse activamente en la supervisión de los jóvenes y en el diálogo sobre el impacto de sus acciones en el entorno escolar.

Fiore Viñuales recordó que, desde el año 2025, Salta cuenta con el «Programa Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela». Este marco normativo es el que permite a los directivos saber exactamente cómo actuar ante situaciones problemáticas, garantizando una intervención oportuna y coordinada con las fuerzas de seguridad y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes para evitar la interrupción del servicio educativo.

Más allá de la respuesta ante la emergencia, desde el Ministerio destacaron que se viene realizando un trabajo de fondo con equipos directivos. El foco está puesto en la concientización de los alumnos sobre la convivencia escolar, trabajando sobre ejes como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la justicia.

Mientras la Brigada de Investigaciones continúa rastreando el origen de los mensajes que circularon en ciudades como Metán y Rosario de la Frontera, las escuelas ya cuentan con los protocolos necesarios para garantizar una actuación inmediata ante cualquier indicio de amenaza.

La política de ajuste ortodoxo que aplica el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo eslabón de conflicto, otra vez afectando la fibra más sensible de la sociedad: los jubilados. El Colegio de Farmacéuticos de Salta lanzó una advertencia ante la situación «insostenible» que atraviesa el sector, donde la mora en los pagos del PAMI amenaza con paralizar la entrega de medicamentos en toda la provincia.

El presidente de la entidad, Mario Assad, fue tajante al describir un escenario donde la farmacia de barrio se ha convertido, involuntariamente, en la financista de la seguridad social argentina. Mientras el PAMI arrastra deudas y mora crónica, las farmacias deben pagar a las droguerías en plazos ínfimos para no quedarse sin stock.

«La farmacia compra y paga rápido, pero cobra del PAMI con atrasos de hasta 60 días. Con la inflación actual, esto es una condena económica», señaló Assad. La eliminación del Impuesto PAIS, una de las fuentes que alimentaba las arcas del organismo, y la dependencia exclusiva de las transferencias del Tesoro Nacional —hoy bajo el candado del déficit cero— han dejado al PAMI en una fragilidad estructural inédita.

La crisis no es solo una planilla de Excel. El desfasaje financiero está provocando que muchos establecimientos ya no puedan reponer medicamentos básicos. El esquema de «pagos parciales» que intenta aplicar el Gobierno Nacional es visto como un paliativo insuficiente ante una deuda que no para de crecer.

Desde el sector advierten que la rentabilidad ha desaparecido. La combinación de vender «al fiado» a un Estado que no paga, asumir bonificaciones obligatorias y soportar la escalada de precios, hace que la prestación sea inviable.

Aunque desde el Colegio de Farmacéuticos aseguran que no es su deseo cortar el servicio, la realidad de la caja manda. Las farmacias ya no tienen espalda para aguantar la desidia de una gestión nacional que prioriza los números macroeconómicos por sobre el acceso a los remedios de los adultos mayores.

Si el PAMI no normaliza su deuda antes de junio, el sistema podría colapsar, dejando a miles de jubilados salteños a la deriva, víctimas de un ajuste que parece no tener límites ni sensibilidad social.