Una grave denuncia por parte de los empleados de la empresa FCS Energía, contratista encargada del armado de parques solares en el Proyecto Mariana (propiedad de la minera Ganfeng Litio), expone una situación de explotación laboral sistemática y condiciones de vida inhumanas en el campamento.

La queja principal de los trabajadores se centra en el incumplimiento total de las obligaciones laborales. Los recibos de sueldo reflejan descuentos por jubilación y obra social, pero la empresa supuestamente no realiza los pagos formales a la AFIP ni a la ANSES. Un empleado que lleva dos años y medio en la empresa, afirma que solo se le han realizado aportes efectivos durante unos seis meses y, desde agosto de 2024, no tienen ningún tipo de aporte formal, lo que los deja sin cobertura social ni jubilatoria. Esta situación se agravó con despidos recientes, donde varios compañeros fueron cesanteados sin que la empresa les pagara la liquidación, indemnización ni siquiera la última quincena. El reclamo es claro: a pesar de los descuentos en papel, están trabajando «en negro».

La situación se agrava al describir el alojamiento en el campamento propio de FCS Energía, calificado como «muy precario» y «malísimo». Este se encuentra adyacente al parque solar, muy lejos de las instalaciones de la minera madre.

En materia de higiene, las condiciones son deplorables: las duchas y baños están rotos, no hay agua corriente por la noche, y escasea el agua caliente, provocando enfermedades cutáneas y hongos en los pies. Los alojamientos no se quedan atrás, con colchones, sábanas y colchas en estado deplorable, muy sucios y que causan problemas de sarpullidos, sin ser reemplazados durante meses.

A la indignidad se suma la alimentación: la comida es «muy precaria» y han tenido que consumir carne en mal estado. Un incidente reciente provocó la intoxicación del 90% del personal, lo cual se atribuye a la falta de cámaras de frío para el almacenamiento adecuado de los alimentos. Además, el campamento carece de servicios básicos como gimnasio o salas de recreación.

Los trabajadores aseguran haber elevado sus reclamos por estas violaciones a la ley laboral y a la dignidad humana a múltiples organismos, incluyendo el gremio UOCRA, el Ministerio de Trabajo y la propia Minera Ganfeng Litio (el cliente principal). A pesar de los esfuerzos, los denunciantes afirman que la situación sigue sin resolverse, insinuando que sus problemas están siendo «tapados». Los empleados exigen la inmediata intervención de funcionarios políticos para que «nos den una mano» y garanticen el cumplimiento de sus derechos.

El Ministerio de Salud Pública fortalecerá la inmunización contra el sarampión, a través de diferentes actividades de promoción en hospitales y centros de salud de la provincia.

Esta acción se da ante la alerta emitida por el Ministerio de Salud de la Nación por el aumento de casos en países limítrofes y busca fortalecer la inmunidad y evitar la reintroducción del virus en la Argentina.

La provincia recibió una partida de 6 mil vacunas doble viral, que protege contra el sarampión y la rubéola, que permitirá reforzar el stock en diferentes áreas operativas para iniciar o completar los esquemas.

Sandra Villagrán, del programa de Inmunizaciones, explicó que “hay países limítrofes como Bolivia, Brasil y Paraguay con alto riesgo epidemiológico. Además, a comienzos de este año, se registraron 35 casos de sarampión en Argentina, afectando al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

Agregó que “aunque la Argentina mantiene su condición de país libre de sarampión, hay que mantener la vigilancia activa y sostener las coberturas de vacunación elevadas para evitar la reintroducción del virus, sobre todo por nuestra cercanía con Bolivia, país que ya notificó 385 casos y entre los departamentos con positivos está Tarija, que limita con Salta”.

La única forma de prevenir la enfermedad es con la inmunización. La vacuna contra el sarampión está incluida en el Calendario Nacional, por lo que su inoculación es gratuita, obligatoria y se aplica en todos los vacunatorios del sistema público provincial.

Quiénes deben vacunarse

El biológico se administra al año de vida y al ingreso escolar, por lo que todos los niños nacidos en 2020 deberían haber recibido la dosis.

En caso de contar con solo una dosis o no haberse vacunado, cualquier niño, adolescente, joven o adulto, nacido a partir de 1965, deberá iniciar o completar su esquema de vacunación con la vacuna doble o triple viral.

Las personas que nacieron antes de 1965 no necesitan vacunarse porque estuvieron expuestas al virus y se consideran inmunes.

Información para viajeros

Además de tener al día las vacunas contempladas en el Calendario nacional, se recomienda chequear la inmunización contra el sarampión a:

·Adultos que viajen a zonas de riesgo.

·Niños de 6 a 11 meses: Recibir una dosis de vacuna doble viral o triple viral (dosis cero)

·Embarazadas: Se sugiere viajar sólo si acreditan al menos 2 dosis de la vacuna doble o triple viral (habiéndose dado las dosis antes de la gestación) o confirmar la presencia de anticuerpos IgG contra sarampión.

·Niños de 13 meses a 3 años 11 meses 29 días: si acredita inmunización contra el sarampión, se vacunará con una dosis extra para el viaje.

·Personal de salud: debe acreditar al menos 2 dosis de vacuna con componente anti-sarampionoso aplicada después del año de vida.

Cabe destacar que, al tratarse de una vacuna a virus vivos atenuados, no pueden inmunizarse personas inmunocomprometidas, pacientes oncológicos, embarazadas ni menores de 6 meses de vida.

Sobre la enfermedad

El sarampión es una infección viral grave de fácil propagación, por el aire mediante pequeñas gotas de saliva, al toser o estornudar. Puede causar graves complicaciones y ser más peligrosa en niños y niñas menores de 5 años o con desnutrición.

Los síntomas incluyen tos, secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor de garganta, fiebre y un sarpullido rojo y con manchas en la piel.

El Gobierno de la Provincia ha iniciado formalmente las rondas de análisis del Presupuesto 2026, un proyecto que se aproxima a los $4 billones y que busca mantener un lineamiento federal y participativo. La primera mesa de trabajo se realizó en Casa de Gobierno con la participación de diputados provinciales.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho.

Dib Ashur informó que el proyecto de presupuesto prevé un crecimiento del 10,1%, en sintonía con las metas macrofiscales establecidas a nivel nacional. Las áreas que recibirán la mayor inversión serán:

• Educación
• Salud
• Seguridad
• Plan de Obras Públicas en toda la provincia.

Se estima que el proyecto tomará estado parlamentario la próxima semana, momento en el que funcionarios del Ejecutivo acudirán al recinto para detallar el contenido de las cuentas generales.

El Ministro de Economía destacó que Salta ha logrado mantener un equilibrio fiscal sostenido durante casi seis años y un desendeudamiento superior a los 300 millones de dólares.

En este marco de estabilidad financiera, Dib Ashur subrayó el impacto del plan de obras ejecutado: más de 2.500 obras en toda la provincia. Entre las más relevantes, mencionó:

• 11 sedes de Upateco y el Hub Tecnológico de Vaqueros y San Lorenzo.
• Ampliación del Hospital San Bernardo.
• Centro de Convenciones de Cafayate.
• Obras del Corredor Bioceánico, Camping El Préstamo y la autopista de circunvalación Noroeste.
• Teleférico Ala Delta, planta potabilizadora de zona sur, terminal de ómnibus de General Güemes y el puente de Vaqueros.
• La entrega de más de 2.000 viviendas.

Dib Ashur también hizo hincapié en la política de reducción fiscal y de beneficios a los contribuyentes, que permitió disminuir impuestos provinciales. Además, resaltó la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, reflejada en la presentación de seis Cuentas Generales del Ejercicio ante la Auditoría y la Legislatura.

Durante la reunión, los diputados realizaron consultas y aportes vinculados a las prioridades y necesidades de sus zonas, con el objetivo de fortalecer la planificación territorial y la eficiencia en la asignación de recursos del Presupuesto 2026.