La investigación por presunta falsificación de certificados para acceder a cargos como docentes en la provincia de Salta avanzó con la intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que este jueves 18 de diciembre se presentó en la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Cultura para cumplir una orden de presentación de documentación.

El caso, que se encuentra en plena etapa de instrucción, busca esclarecer el origen de los certificados cuestionados y determinar la posible responsabilidad de los involucrados, según informó la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la UDEC.

La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por el propio Ministerio de Educación, luego de que se detectara la existencia de presuntos certificados truchos, que habrían sido utilizados para incrementar el puntaje en concursos y procesos de designación de cargos docentes. Esta irregularidad motivó la apertura de la causa penal.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, detalló que la situación se detectó durante el período de tachas, una instancia clave en el control de legajos docentes y en la cobertura de cargos.

La alerta fue activada por la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, responsable de evaluar títulos y antecedentes, que comenzó a observar la aparición de “cartones” de certificados de postítulos, que no cumplían los requisitos formales.

“La peculiaridad fue que comenzaron a aparecer certificados de postítulos presuntamente apócrifos, vinculados mayormente a dos o tres instituciones, que se repetían con distintos nombres”, indicó el funcionario del Ministerio de Educación. Según su relato, el mismo certificado, con datos similares, habría sido presentado por diferentes docentes.

El objetivo inmediato de quienes presentaban estos documentos habría sido mejorar su posición en el listado oficial y ser beneficiados en los concursos docentes, por medio del aprovechamiento de la valoración de antecedentes en los procesos de designación. Asimismo, ratificaron que no se trataba de un caso aislado.

“Esto revela algo más complejo que un docente que presentó un certificado irregular”, apuntó el secretario de Gestión Educativa. En línea con esto, planteó que “hay indicios de algo sistemático y organizado, posiblemente orientado a defraudar al Estado en los procesos de designación”.

El reciente descubrimiento de certificados apócrifos presentados por docentes en la provincia ha llevado a la exclusión inmediata de los involucrados del proceso de designaciones para el ciclo lectivo 2026, una medida que busca preservar la transparencia y la equidad en el sistema educativo.

Según informó Williams Becker, la Junta Calificadora bloqueó los legajos de los casos detectados por un período de dos años, lo que impide a los afectados participar en concursos, titularizaciones, ascensos o nuevas designaciones en los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Esta decisión, de aplicación automática, no implicaría la pérdida inmediata de los cargos ya obtenidos, como los de docentes titulares, aunque esa situación será evaluada en el marco de procedimientos administrativos y, eventualmente, judiciales.

En línea con esto, el funcionario subrayó que la investigación no se centra en los títulos docentes de base, sino en postítulos que otorgan puntaje y repercuten en concursos y ascensos. Tras aclarar que los docentes involucrados cuentan con un título habilitante legítimo, la falta habría sido por declarar y acreditar formaciones que no cursaron o no completaron.

“Ningún docente puede deslindarse de la responsabilidad de algo que presenta con su firma. No solo se acredita un certificado, sino que declara haber realizado esa formación”, sostuvo el secretario al descartar que, en términos generales, se trate de situaciones no intencionales.

El alcance exacto del caso permanece bajo reserva. Aunque existe un número estimado de docentes involucrados, Williams Becker aclaró que sería imprudente confirmar una cifra. “Ahora es la Justicia la que debe investigar, determinar el alcance del caso y deslindar responsabilidades”, aseguró.

Hasta el momento, tampoco se identificó públicamente las instituciones presuntamente vinculadas, ya que podrían haber sido víctimas de falsificaciones. “Si se emitieron certificados apócrifos atribuyéndolos a una institución, esa institución también puede ser damnificada”, explicó. Incluso, no descartó la posibilidad de que detrás de la emisión de estos certificados exista algún tipo de asociación ilícita.

Por otro lado, se cree que la investigación permitirá revisar si hubo presentaciones irregulares en años anteriores, lo que podría derivar en nuevas decisiones administrativas. De igual forma, insistió en que se trata de una minoría dentro de un sistema que cuenta con unos 30.000 docentes en la provincia, y pidió evitar la estigmatización del conjunto de la docencia.

“Justamente somos inflexibles porque estas maniobras perjudican al docente que se forma legítimamente, que se esfuerza y que es desplazado en el orden de mérito por alguien que acredita una formación que no cursó”, sostuvo el secretario.

Por último, el funcionario concluyó que “esto puede tener consecuencias profundas, pero es necesario que tenga todas las consecuencias legales que correspondan para resguardar la carrera docente y la transparencia del sistema”.

/Infobae