La paciencia de la comunidad educativa del Jardín Manuel Belgrano se agotó. En una ruidosa pero pacífica movilización, padres y docentes alzaron la voz para denunciar el estado de abandono de su futuro edificio, una obra nacional que hoy es el símbolo de la incertidumbre en la obra pública.

Desde hace cuatro años, el jardín funciona en las instalaciones del NIDO, un espacio cedido por el intendente José María Issa. Sin embargo, lo que nació como una solución temporal se convirtió en una realidad precaria que ya afecta directamente el futuro de la institución.

La directora del núcleo educativo, María Eugenia Rodríguez, fue contundente al describir la situación: la obra civil se encuentra avanzada en un 60%, pero con el cambio de gestión en el Gobierno Nacional, el flujo de fondos se cortó totalmente y los trabajos se detuvieron.

«Desde hace dos años la institución va perdiendo la matrícula. Solo desde el año pasado hemos perdido más de 27 alumnos», lamentó la directiva. Según Rodríguez, si bien las familias valoran y sostienen la alta calidad educativa del jardín, las limitaciones físicas del espacio prestado terminan por desgastar a los padres, quienes deciden retirar a sus hijos en busca de edificios más adecuados.

La manifestación contó con un fuerte respaldo institucional. El intendente José María Issa, el diputado provincial Rodrigo García y la concejal Romina Barboza acompañaron la marcha, unificando el pedido hacia las autoridades nacionales.

Desde la dirigencia local recalcaron que el municipio ha hecho un esfuerzo por albergar a la institución, pero que la infraestructura cedida no reemplaza las necesidades pedagógicas de un edificio diseñado específicamente para el nivel inicial.

El reclamo es claro: que el Gobierno Nacional reactive las partidas presupuestarias para finalizar el 40% restante. Mientras la obra se deteriora a la intemperie, la comunidad educativa del Jardín  Belgrano teme que el vaciamiento de la matrícula termine por herir de muerte a una de las instituciones más queridas de la ciudad.

«Los padres nos apoyan, pero no pueden esperar siempre. Necesitamos que el derecho a una educación digna se cumpla con ladrillos y techos terminados», concluyeron durante la protesta frente a la obra paralizada.

La interna política por el estado de la Ruta Nacional 9/34 sumó un capítulo de alta tensión tras las declaraciones del diputado provincial Sergio López. En una entrevista realizada por el programa radial «El Bueno y El Malo», el legislador minimizó el proyecto de declaración que exige reparaciones urgentes en el tramo Metán – Rosario de la Frontera, tildándolo de innecesario y con fines mediáticos.

López no se guardó nada al referirse a la iniciativa acompañada por sus colegas Rodrigo García y Gustavo Dantur. «El proyecto de declaración es chistoso. Los diputados ya saben que la obra está licitada y que el director de Vialidad ya anunció que está en marcha el plan de bacheo», sentenció, desestimando la urgencia planteada por los otros representantes del sur provincial.

Uno de los puntos más controvertidos de su descargo fue la minimización de la peligrosidad del tramo sur. López sostuvo que el sector más crítico en términos de siniestralidad se encuentra entre Río Piedras y Lumbreras, y no entre Metán y Rosario.

«No me vengan a decir ahora que la ruta de la muerte es el tramo de Metán – Rosario de la Frontera. No le pongamos títulos a la ruta para hacer grave algo que no es», disparó el diputado, desestimando el mote que este corredor se ha ganado tras años de accidentes fatales.

Para López, la solución definitiva está en camino de la mano del Gobierno Nacional a través de la licitación de las obras. Sin embargo, advirtió que la mejora en la infraestructura traerá consigo un debate económico: el costo del peaje.

«El Gobierno Nacional está buscando dar una solución definitiva, por eso ha llamado a licitación», explicó el legislador. Al mismo tiempo, planteó que una ruta de calidad requerirá un ajuste en las tarifas de circulación: «Cuando termine la obra tendremos que entender que no podemos seguir pagando esa miseria que pagamos de peaje».

A través de una nota formal ingresada hoy al Honorable Concejo Deliberante, el presidente de la Cámara de Comercio local, Miguel Alejandro Morales, solicitó el tratamiento urgente de un proyecto para declarar la Emergencia Socioeconómica, Productiva y Laboral en la ciudad.

El pedido no es caprichoso: se sustenta en un diagnóstico sombrío sobre la realidad del entramado productivo y comercial que sostiene a cientos de familias metanenses.

El informe presentado por la institución detalla un escenario de «alta complejidad» caracterizado por una disminución sostenida en las ventas que afecta principalmente al pequeño comerciante y el impacto letal de las subas en tarifas de servicios, alquileres y presión impositiva. Además, la entidad registró un goteo constante de persianas que bajan en distintos rubros de la ciudad ante la imposibilidad de muchos empresarios para mantener sus plantillas de empleados.

Morales aseguró que el sector recurre masivamente al financiamiento externo solo para poder seguir operando y que la falta de previsibilidad económica que anula cualquier posibilidad de inversión.

En su presentación, Morales destacó como antecedente directo la reciente sanción de una ordenanza similar en la ciudad de Rosario de la Frontera (impulsada allí por el bloque «Principios y Valores»). La Cámara busca que Metán adopte herramientas administrativas y financieras similares para mitigar los efectos de la crisis.

«Es imprescindible la adopción de medidas excepcionales, transitorias y razonables que permitan proteger el empleo local y garantizar la continuidad de las actividades», reza el documento entregado a los concejales.

La iniciativa busca que el municipio brinde un «paraguas» protector al sector a través de:

• Alivio fiscal: Reducción o prórroga de tasas municipales.

• Programas de apoyo: Herramientas específicas para PyMEs y sectores en riesgo.

• Defensa del trabajo: Priorizar la estabilidad de los empleados locales frente al ajuste.

Desde la Cámara de Comercio manifestaron su total disposición para colaborar con el Concejo en el análisis técnico de las medidas, entendiendo que la situación requiere de una respuesta ágil, coordinada y con visión integral para evitar un daño irreversible en la economía de San José de Metán.