La imagen en el salón del Foro de Intendentes habló por sí sola: una hilera de sillas vacías con los nombres de los representantes de La Libertad Avanza (LLA) marcó un nuevo desplante hacia la institucionalidad provincial. Pese a la urgencia de la convocatoria y la anticipación de la invitación, la senadora y los diputados libertarios decidieron no asistir al encuentro donde se buscaba debatir el futuro de los municipios frente al ajuste nacional.

No es la primera vez que Emilia Orozco, Gabriela Flores y Gonzalo Guzmán Coraita evitan el diálogo con los actores territoriales. Para los jefes comunales, que hoy gestionan en la trinchera de la crisis, el argumento de «problemas de agenda» es insuficiente. Consideran que su ausencia es un «ninguneo» directo hacia quienes deben lidiar diariamente con la quita de subsidios, la parálisis de la obra pública y el hambre en los barrios.

«Tendrían que estar acá para presentar lo que hicieron y escucharnos. Su banca pertenece a los ciudadanos de Salta, no a un partido», reclamaron desde el Foro.

La reunión, encabezada por Marcelo Moisés, presidente del Foro, mostró un fuerte contraste. Mientras los libertarios brillaron por su ausencia, otros legisladores como la senadora Flavia Royón y los diputados Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernardo Biella sí se hicieron presentes.

Los intendentes les pidieron a estos últimos que actúen como sus voceros en el Congreso para apuntalar las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz. La demanda fue clara: los representantes deben despegarse de la lógica partidaria y defender los recursos que Nación ha retirado, afectando gravemente el financiamiento local.

Para el Foro de Intendentes, la actitud de los legisladores de LLA pone de manifiesto una «desconexión alarmante» con el interior profundo. Mientras la crisis social escala, el silencio y la falta de presencia de los referentes oficialistas en la provincia es visto como una retirada total del acompañamiento nacional.

«Es una falta de respeto a la institucionalidad; ellos representan a Salta y la situación que atravesamos es más que preocupante», concluyeron, reafirmando que la gestión territorial no puede esperar a los tiempos de la política porteña.

La política de ajuste ortodoxo que aplica el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo eslabón de conflicto, otra vez afectando la fibra más sensible de la sociedad: los jubilados. El Colegio de Farmacéuticos de Salta lanzó una advertencia ante la situación «insostenible» que atraviesa el sector, donde la mora en los pagos del PAMI amenaza con paralizar la entrega de medicamentos en toda la provincia.

El presidente de la entidad, Mario Assad, fue tajante al describir un escenario donde la farmacia de barrio se ha convertido, involuntariamente, en la financista de la seguridad social argentina. Mientras el PAMI arrastra deudas y mora crónica, las farmacias deben pagar a las droguerías en plazos ínfimos para no quedarse sin stock.

«La farmacia compra y paga rápido, pero cobra del PAMI con atrasos de hasta 60 días. Con la inflación actual, esto es una condena económica», señaló Assad. La eliminación del Impuesto PAIS, una de las fuentes que alimentaba las arcas del organismo, y la dependencia exclusiva de las transferencias del Tesoro Nacional —hoy bajo el candado del déficit cero— han dejado al PAMI en una fragilidad estructural inédita.

La crisis no es solo una planilla de Excel. El desfasaje financiero está provocando que muchos establecimientos ya no puedan reponer medicamentos básicos. El esquema de «pagos parciales» que intenta aplicar el Gobierno Nacional es visto como un paliativo insuficiente ante una deuda que no para de crecer.

Desde el sector advierten que la rentabilidad ha desaparecido. La combinación de vender «al fiado» a un Estado que no paga, asumir bonificaciones obligatorias y soportar la escalada de precios, hace que la prestación sea inviable.

Aunque desde el Colegio de Farmacéuticos aseguran que no es su deseo cortar el servicio, la realidad de la caja manda. Las farmacias ya no tienen espalda para aguantar la desidia de una gestión nacional que prioriza los números macroeconómicos por sobre el acceso a los remedios de los adultos mayores.

Si el PAMI no normaliza su deuda antes de junio, el sistema podría colapsar, dejando a miles de jubilados salteños a la deriva, víctimas de un ajuste que parece no tener límites ni sensibilidad social.

El sistema de asistencia social para los jubilados y pensionados atraviesa uno de sus momentos más críticos en la provincia. Según un relevamiento, la combinación de deudas millonarias y cambios en la estructura salarial de los profesionales de la salud amenaza con desmantelar la red de atención primaria en todo el territorio salteño.

La medida más reciente y preocupante es la eliminación de un plus salarial que percibían los médicos de cabecera. Este adicional permitía a muchos profesionales sostener sus consultorios privados frente al incremento de costos operativos e inflación.

Actualmente, cada médico tiene asignados entre 700 y 800 afiliados. Los trabajadores de la obra social advirtieron que, al volverse poco rentable, los médicos comenzarán a «desafiliarse» del sistema oficial, dejando a miles de adultos mayores sin su atención de referencia. Una caída masiva en la disponibilidad de turnos para consultas básicas y seguimiento de enfermedades crónicas.

A la crisis salarial se suma una deuda que el organismo nacional arrastra desde enero. Esta situación ha llevado a que diversos rubros esenciales comiencen a restringir la atención a los afiliados de PAMI:

1. Farmacias y Ópticas: Informaron que la falta sostenida de pagos hace imposible el mantenimiento del stock y la prestación de servicios.

2. Pacientes críticos: Se reportan retrasos críticos en la entrega de medicación oncológica y para pacientes con HIV, quienes pasan semanas sin recibir sus tratamientos esenciales.

3. Alta complejidad: Existen demoras en la autorización de prácticas urgentes, como los controles de marcapasos y cirugías programadas.

Los empleados de PAMI en Salta han manifestado su preocupación por lo que consideran un vaciamiento progresivo del organismo. Sostienen que el sistema de atención primaria podría colapsar si no se regularizan los pagos y se garantiza una retribución justa para los profesionales.

Mientras tanto, los jubilados salteños quedan atrapados en medio de una disputa administrativa y financiera, viendo cómo derechos básicos como el acceso a la salud y a medicamentos vitales se ven cada vez más vulnerados.