El estadio Padre Ernesto Martearena se prepara para encender sus luces una vez más para el torneo más federal del país. Tras una reunión entre las autoridades de la Agencia Provincial Salta Deportes, Torneos y Competencias y la Liga Salteña de Fútbol, se confirmó que el próximo miércoles 8 de mayo, desde las 21:10 hs, Banfield y San Martín de Tucumán se enfrentarán en nuestra capital.

El director general de la Copa Argentina, Alex Ganly, ratificó a Salta como una sede clave: «Ratificamos a la provincia para los 16avos de final y confirmamos que se jugarán otros partidos decisivos en esta sede».

La elección de Salta no es casual. Desde la organización destacaron que el campo de juego del Martearena siempre se encuentra en excelentes condiciones, cumpliendo con las altas exigencias del certamen nacional. Además, la participación de figuras como Guillermo Coppola (RRII de la Copa) en las gestiones, subraya la importancia que tiene la plaza salteña para el fútbol argentino.

La vicepresidenta de Salta Deportes, Claudia Vásquez, y el presidente de la Liga, Sergio Chibán, hicieron hincapié en que estos eventos no son solo deportivos, sino motores de la economía regional. La llegada de San Martín de Tucumán, por su cercanía y convocatoria, garantiza un importante flujo de visitantes que impactará directamente en la hotelería y gastronomía.

Tras el exitoso paso de Boca Juniors en febrero, la expectativa ahora se centra en las instancias decisivas. Existe una fuerte posibilidad de que River Plate desembarque en Salta para sus próximos cruces, al igual que equipos de gran convocatoria como Atlético Tucumán o Talleres de Córdoba.

La senadora olmedista Emilia Orozco no desaprovechó la ocasión del inicio de la colocación de vigas del primer puente vial sobre el río Vaqueros, para recorrer las obras y desarrollar un amplio operativo de difusión, en el que se adjudica obras realizadas con fondos nacionales y que fueron fruto de arduas y continuas gestiones por parte del gobernador Gustavo Sáenz, quien dio testimonios de esas reuniones con las áreas nacionales de Economía, Obras Públicas, Jefatura de Gabinete y Vialidad, firmando convenios de continuidad no sólo del puente sobre el río Vaqueros sino también en las rutas nacionales y en las plantas depuradoras de Capital y Cafayate.

Sáenz no sólo gestionó, sino también decidió, en muchas ocasiones, que la Provincia se haga cargo de costos hasta que lleguen los fondos nacionales comprometidos.
Los vecinos de Vaqueros miraron perplejos como la legisladora recorría las obras, ya que nunca antes la habían visto hacerlo, sino que también le respondieron con palabras poco amables a las manifestaciones de Orozco, quien se adjudicaba junto con otros legisladores de su partido, la continuidad de las obras.

Lo cierto es que ni Orozco, Guzmán Coraita, ni Zapata, ni Flores (y menos aún su jefe Alfredo Olmedo) puede dar pruebas de gestión alguna que hayan realizado, no sólo para obras nacionales comprometidas por convenios firmados con la Provincia, sino velando por los intereses de los salteños en la suspensión de beneficios para discapacitados, prestaciones del PAMI, recortes en medicamentos para tratamientos oncológicos o desaparición del programa Potenciar Trabajo, sosteniendo un silencio cómplice y una actitud complaciente ante sus jefes.

Los legisladores olmedistas proclaman ser distintos a lo que llaman “la casta política” pero parecen haberse contagiado del descaro y la falta de escrúpulos a la hora de adjudicarse méritos que no pueden sostener con pruebas concretas.

El relato del «esfuerzo compartido» que pregona el Gobierno Nacional acaba de chocar de frente con los números reales. El último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) pone blanco sobre negro una realidad que en el interior ya sentíamos en el bolsillo: el federalismo en Argentina se ha convertido en una cáscara vacía, donde las provincias financian el equilibrio fiscal de la Nación a costa del bienestar de sus propios ciudadanos.

Entre enero de 2024 y febrero de 2026, las provincias argentinas sufrieron una sangría de $36 billones. Pero para entender la magnitud de este golpe, hay que bajarlo a la realidad del vecino: en Salta, cada habitante ha perdido, en promedio, $646 mil en recursos que debían destinarse a salud, educación, seguridad e infraestructura.

Esta pérdida no es casual. Es el resultado de una decisión política de asfixiar las transferencias no automáticas —esos fondos discrecionales que Nación cortó en seco— y de una caída libre en la coparticipación. Mientras en Salta se frenan obras viales (como la eterna Ruta 9/34) y se ajusta en los hospitales, los recursos generados por los salteños parecen quedar atrapados en el embudo centralista.

El dato más irritante del informe es el contraste con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En el mismo período en que las 23 provincias se hundían en el rojo fiscal, la capital del país logró mejorar su posición.

¿El secreto? Un fallo de la Corte Suprema que elevó su coparticipación del 1,4% al 2,95%. Mientras el resto del país pelea por las migajas de un sistema coparticipable en caída, CABA se blindó con recursos excedentes, compensando cualquier ajuste nacional. Es la radiografía de una Argentina de dos velocidades: una que sobrevive en el asfalto porteño y otra que padece el abandono en las rutas del interior.

La reducción de $20,5 billones en transferencias no automáticas no es «ahorro», es desinversión en las personas. El gobierno de Javier Milei ha utilizado la caja como una herramienta de disciplina política, pero los números del IARAF demuestran que el impacto es desigual y profundamente injusto.

La discusión por una nueva Ley de Coparticipación no es un capricho de los gobernadores; es una necesidad de supervivencia para provincias como Salta, que ven cómo sus recursos se evaporan en el esquema de un gobierno nacional que mira más al mercado y al puerto que a las necesidades de las familias que viven a 1.500 kilómetros de la Casa Rosada.