En una jornada clave para el sector energético nacional, el Gobierno oficializó este martes la transferencia de las acciones estatales en Transener, la empresa que opera la columna vertebral del sistema eléctrico argentino. La adjudicación al consorcio integrado por Genneia y el grupo Edison se cerró por un monto total de US$ 356.174.811,78.

La operación financiera superó las expectativas iniciales del Ejecutivo. El valor base establecido para la licitación se había fijado en US$ 206 millones, por lo que la oferta ganadora representó un incremento significativo respecto al piso esperado.

Con esta firma, el Estado transfiere el 100% de su participación en Citelec, la sociedad controlante de Transener, que comparte accionariado con Pampa Energía.

Transener no es una empresa más en el mercado: es la responsable de operar más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión (500 kilovoltios). Esta red es la encargada de interconectar las distintas regiones del país, permitiendo que la energía generada llegue a los grandes centros de consumo.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que este movimiento forma parte de un plan sistemático para reducir la órbita de Enarsa (Energía Argentina S.A.) y privatizar activos que el Gobierno considera que deben estar en manos del sector privado.

Aunque el proceso licitatorio atrajo ofertas que sumaron un total de US$ 887 millones en distintas instancias, la propuesta del binomio Genneia-Edison fue finalmente la seleccionada por el Poder Ejecutivo para liderar la nueva etapa de la transportadora eléctrica.

Al parecer, para Javier Milei las reglas del juego que tanto costó aprobar en la Ley Bases ya quedaron viejas. En un arranque de euforia digital tras reunirse con popes de la inversión en Norteamérica, el Presidente anunció el envío al Congreso del “Súper RIGI”. Porque en Argentina, si algo no funciona a la primera, la solución siempre es agregarle el prefijo «Súper» y esperar que la magia ocurra.

“Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA”, tuiteó el mandatario, apelando a una metáfora bélica para explicar que las ventajas fiscales del RIGI actual (que ya eran generosas hasta el punto de la sospecha) se quedarán cortas.

Lo más llamativo del anuncio no es solo la promesa de más beneficios cambiarios y aduaneros, sino el destino: sectores que «nunca han existido en la Argentina». El Presidente no dio nombres, dejando a la imaginación si se refiere a la minería de asteroides, la teletransportación de ganado o, quizás, a una economía estable y previsible, algo que efectivamente calificaría como «nunca visto» por estos lares.

El anuncio llegó de la mano de una buena noticia para el oficialismo: Chevron garantizó una inversión de USD 10.000 millones bajo el paraguas de este nuevo esquema. El ministro Luis Caputo, siempre atento a las cifras con muchos ceros, celebró el compromiso en redes.

Sin embargo, el «Súper RIGI» se presenta en un contexto donde el RIGI «común y corriente» ya acumula solicitudes por casi USD 95.000 millones. Cabe preguntarse: ¿era necesario un nuevo régimen o es simplemente una estrategia para mantener la narrativa del «logro histórico» mientras la economía real sigue esperando que el derrame llegue a la góndola del supermercado?

Beneficios para pocos, promesas para muchos

El RIGI original ya ofrecía:

• Baja de Ganancias del 35% al 25%.

• Exención de derechos de exportación (mientras el resto de los mortales sigue pagando retenciones).

• Acceso a arbitraje internacional, porque confiar en la justicia local es, aparentemente, demasiado pedir para las inversiones de relevancia.

Con el «Súper RIGI», se espera que estas ventajas se profundicen. Mientras tanto, en Salta, proyectos como Rincón (Río Tinto) y Diablillos (AbraSilver) ya suman inversiones por miles de millones bajo el régimen actual. ¿Necesitarán también ellos el «Súper» tratamiento?

Cerrando con su habitual «MAGA» y «VLLC», el Presidente dejó claro que su modelo de desarrollo se apoya en enclaves de alta rentabilidad y beneficios excepcionales para grandes capitales. La duda que queda flotando es si este «Súper RIGI» creará empleos para los argentinos de hoy o si, al igual que los sectores a los que apunta, esos puestos de trabajo también serán algo que «nunca ha existido» en la práctica para la clase media.

Por ahora, Salta y el resto de las provincias miran de reojo. Los números en los Excel del Ministerio de Economía cierran de maravilla; ahora solo falta que el «avión presidencial» aterrice en una realidad donde el ciudadano común no necesite un «Súper Sueldo» para llegar a fin de mes.

El discurso de austeridad del Gobierno Nacional enfrenta una nueva contradicción interna tras conocerse la actualización de las remuneraciones para la alta plana política. A través del decreto 931/2025, el presidente Javier Milei autorizó el descongelamiento de los salarios para más de 1.000 funcionarios, quienes acumularán un aumento del 123,8% en solo cinco meses. Esta medida beneficia directamente a ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades superiores de organismos públicos y empresas del Estado.

El ajuste salarial, que se percibirá en los primeros días de junio, establece una escala de ingresos que contrasta con la realidad económica del país:

• Ministros: Pasaron de un ingreso bruto de $3.584.006 en diciembre a $8.019.338 en mayo.

• Secretarios: Sus sueldos escalaron desde los $3.282.709 en diciembre hasta alcanzar los $7.345.634 brutos en mayo.

• Subsecretarios: Percibirán en junio un salario de $6.761.656, habiendo cobrado $2.981.513 en diciembre.

A pesar de que el Presidente insiste en que él es a quien «peor le fue» por no modificar su propio sueldo ni el de la vicepresidenta Victoria Villarruel, la medida alcanza a toda su estructura de confianza, incluyendo a su hermana, la secretaria general Karina Milei, y al vocero Manuel Adorni.

Desde el entorno oficial, justifican esta decisión amparándose en la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y el riesgo de una «fuga de funcionarios» hacia el sector privado. Argumentan que se trata de un «sinceramiento» para otorgar valor a quienes firman resoluciones del Estado, alegando que el ajuste se realizó tomando como base las paritarias de los empleados públicos.

Sin embargo, el decreto lleva la firma del propio Adorni y del ministro de Interior, Diego Santilli, e incluye una cláusula que suspende los aumentos automáticamente si se llega a romper el equilibrio fiscal. Esta nueva actualización salarial de la «planta política» surge tras las presiones internas generadas por las dietas de legisladores y senadores, que ya habían alcanzado cifras millonarias en meses anteriores.