Un grave caso de presunto acoso cibernético y hostigamiento contra un estudiante de 14 años sacude al municipio de El Quebrachal, en el departamento Anta. La denuncia apunta directamente contra un docente de la Escuela de Educación Técnica N° 3.126 y exfuncionario de la Secretaría de Eventos, Protocolo y Ceremonial durante la gestión del intendente Rolando Rojas.

La causa se originó cuando los padres del adolescente descubrieron que el profesor mantenía contactos frecuentes con el menor fuera del horario escolar mediante llamadas, mensajes de texto y el envío de fotografías íntimas con configuración de lectura única. Ante el hallazgo, la familia radicó la denuncia penal en la Comisaría N° 2, dándole intervención a la Fiscalía Penal de la zona.

Cámara Gesell y el dramático testimonio de la madre

En el marco de la investigación judicial, el menor fue sometido a una pericia en Cámara Gesell, donde ratificó los hostigamientos que venía sufriendo. La situación impactó de manera severa en la salud mental del adolescente y en la contención familiar.

En declaraciones periodísticas, la madre de la víctima expuso el calvario que atraviesan: «Llegué a pensar que mi hijo se iba a quitar la vida. Sale poco, no lo dejo salir mucho para evitar todo esto. De a poco, con el psicólogo, va a ir enfrentando a la sociedad. A mí como madre, y a él también, nos cayó muy mal». Asimismo, la mujer señaló que existen versiones sobre presuntos antecedentes similares con otros alumnos que jamás llegaron a la justicia.

A nivel administrativo, tras activarse el protocolo de protección contra el maltrato y abuso infantil, el Ministerio de Educación emitió una disposición conjunta apartando al docente de sus 39 horas cátedra frente a alumnos. Sin embargo, la medida de reubicación desató una profunda indignación familiar.

Por recomendación psicológica, el alumno fue traslado a la Escuela Técnica N° 3.147, establecimiento donde su madre se desempeña como preceptora. Pese a que sobre el acusado pesa una orden de restricción perimetral de 200 metros a favor de la víctima y su familia, las autoridades educativas enviaron al denunciado a cumplir funciones administrativas exactamente a la misma institución educativa.

«Soy preceptora en la técnica y no podía permitir que esto se tape. Quiero que se determine esto de una sola vez y que no quede en nada», recriminó la madre, exigiendo la intervención urgente de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la restricción judicial y la seguridad de su hijo.

La fiscal penal 1 de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, informó que en el marco de una causa que tramita en su Fiscalía, tras la denuncia realizada en contra de los miembros de la comunidad originaria por usurpación, se realiza este miércoles una audiencia de mediación entre las partes, como una posibilidad de alcanzar una resolución alternativa al conflicto.

Encabeza la audiencia, la mediadora penal del Ministerio Público Fiscal, Viviana Sosa, participan las partes y en representación del área de Asuntos Indígenas de la Provincia, Sandra Ruiz.

El conflicto se debe a la denuncia del propietario registral de las tierras a miembros de la comunidad originaria de la etnia wichi, «Isidro Moreno» de El Quebrachal por la supuesta comisión del delito de usurpación.

García Pisacic destacó que la mediación, como método de resolución alternativa de conflictos, ofrece en la faz penal una valiosa oportunidad para las partes de lograr un acuerdo evitando la instancia judicial.

Desde la reforma del Código Procesal Penal, Salta fue una de las pocas provincias que incorporó en su Código la mediación como método de resolución alternativo y a partir de esto, el Ministerio Público Fiscal puso en funcionamiento en las fiscalías penales descentralizadas del distrito Centro y en la mayoría del interior de la provincia, oficinas de Mediación para acercar esta posibilidad a las partes.

Efectivos dependientes del Distrito de Prevención 5, en el sur provincial, llevaron a cabo una operación policial que permitió la localización y recuperación de una camioneta robada en la provincia de Chaco. En el marco de un operativo candado, dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.

El procedimiento se inició pasada la medianoche del sábado, luego de un aviso emitido por las autoridades chaqueñas acerca del robo de un rodado en esa provincia. En respuesta a la alerta, la Policía de Salta implementó un dispositivo de seguridad en la zona sur de la provincia, específicamente en los puntos de control vehicular establecidos en las localidades de El Quebrachal, Tolloche y Gaona sobre la ruta nacional 16.

A los pocos minutos de comenzar el operativo, los efectivos lograron ubicar el vehículo en un retén ubicado a la altura de la localidad de El Quebrachal. Durante el procedimiento, se detuvo a los ocupantes del rodado, dos jóvenes de 19 y 21 años, quienes quedaron a disposición de la justicia.

El operativo contó con la colaboración de unidades especializadas y efectivos de las dependencias policiales locales, en el marco de un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias.

La Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González tomaron intervención en el caso.