Salta
Las obras sociales sindicales deben $1.120 millones a la salud pública salteña y prometen pagar en 30 días
Mientras los hospitales públicos provinciales hacen malabares presupuestarios para garantizar insumos y atención, nueve gremios acumulan una millonaria mora por prestaciones médicas brindadas a sus afiliados. En una reunión con el ministro Federico Mangione, los sindicalistas justificaron sus demoras achacándolas a la inflación, aunque prometieron cancelar los saldos en un mes y frenar el cobro ilegal del «plus médico».
La billetera de los sindicatos vuelve a estar en la lupa, pero esta vez por una deuda directa con la salud de todos los salteños. Nueve obras sociales sindicales acumulan un rojo superior a los $1.120 millones con el Gobierno de la Provincia de Salta, correspondiente a prestaciones médicas que sus afiliados recibieron en hospitales públicos pero que las conducciones gremiales nunca terminaron de abonar.
El abultado pasivo motivó una cumbre de urgencia encabezada por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione. Allí, los dirigentes gremiales Martín Guayamas (Camioneros), Lauro Paz (Luz y Fuerza), Carlos Cabana (SMATA), Jorge Muguertigue (SUETRA), Alfredo Suárez (UOM), José López (Farmacia), Pedro Cruz (UTA), Hugo Díaz (UTEDYC) y Fabián Guerrero (Pasteleros) firmaron un compromiso para regularizar las cuentas pendientes en un plazo que no superará los 30 días.
A la hora de brindar explicaciones sobre el desfinanciamiento que provocan en la red hospitalaria pública, los referentes sindicales optaron por la comodidad de la excusa económica: argumentaron que el contexto inflacionario y el alza en insumos y prótesis tornan insostenible la caja de sus obras sociales. Sin embargo, la brecha entre los aportes que retienen mes a mes a sus afiliados y los fondos que efectivamente giran a los nosocomios salteños deja al descubierto severas falencias de gestión, demoras administrativas y una preocupante falta de auditoría interna.
Esta mora de $1.120 millones por parte de los nueve gremios presentes es solo la punta del iceberg de una problemática estructural. Desde la cartera sanitaria estiman que la Provincia pierde de recuperar más de $110 mil millones al año por atender en el sistema público a pacientes que cuentan con cobertura privada, prepagas u obras sociales que dilatan o eluden sus pagos.
Promesas de pago, digitalización y el «plus médico»
Como resultado del encuentro, se acordó la conformación de una mesa de trabajo permanente para conciliar los números, avanzar en la digitalización de la facturación y promover convenios directos entre los sindicatos y los hospitales.
En la mesa de debate también resurgió una de las prácticas que más golpea el bolsillo de los trabajadores: el cobro de «plus médico» indebido por parte de profesionales. Aunque los propios gremios reconocieron que este arancel ilegal perjudica directamente a sus representados —quienes muchas veces no denuncian por temor a quedarse sin atención—, la fiscalización gremial ha demostrado ser históricamente insuficiente. Ante esto, el Ministerio y las entidades se comprometieron a reforzar los controles para erradicar de forma definitiva estas irregularidades.
La sociedad salteña aguarda ahora que el plazo de 30 días no se convierta en una nueva dilación burocrática y que los fondos retenidos por los gremios vuelvan, finalmente, a los hospitales que sostienen la salud pública de la provincia.
