Durante la sesión en la Cámara de Diputados de la Provincia, el diputado Gustavo Dantur expuso la fundamentación de un proyecto legislativo que busca otorgar autonomía, autarquía y autogestión sanitaria a las localidades de Río Piedras y Lumbreras.

La iniciativa contempla una reestructuración institucional clave para el sistema de salud del departamento: elevar el actual centro de salud “Díaz de Bedoya” de Río Piedras al rango de Hospital de Nivel II, y transformar el puesto sanitario “Dr. Roque Madrazo” de Lumbreras en un Centro de Salud formal.Actualmente, las dependencias sanitarias de ambas localidades dependen administrativamente del Hospital del Carmen de Metán (de Nivel III). Según explicó Dantur, esta dependencia genera demoras administrativas y traslados de entre 25 y 60 kilómetros para pacientes que requieren atención básica o especializada.

«Buscamos traer visibilidad a un reclamo histórico. La autonomía permitirá que Río Piedras pase a ser un Hospital Nivel II, gestionando sus propios profesionales en especialidades como pediatría, ginecología y cardiología. La localidad cuenta con la infraestructura edilicia y equipamiento adquirido por la propia comunidad, por lo que es momento de darles el rango que merecen», argumentó el legislador durante su alocución.

En su intervención, el diputado recordó que el municipio de Río Piedras adquirió con recursos propios dos ambulancias, desfibriladores, ecógrafos, camillas ginecológicas y electrocardiógrafos. Con la autogestión, se busca evitar que los recursos e insumos destinados a la zona terman siendo derivados a otros nosocomios por la centralización administrativa.

Asimismo, Dantur celebró la incorporación del Dr. Gerardo Jerez como nuevo médico comunitario para la zona, dando respuesta a una vacante histórica tras las jubilaciones de los profesionales que prestaban servicios en el municipio. El proyecto espera ahora el acompañamiento de las comisiones para su posterior tratamiento en el recinto.

El fiscal penal N.º 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que un hombre de 48 años resultó condenado por el delito de abuso sexual simple reiterado (tres hechos), agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

El juez del Distrito Judicial Sur, Dr. Ramón Haddad, declaró al imputado penalmente responsable del hecho y le fijó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Asimismo, la sentencia establece el cumplimiento de reglas de conducta obligatorias por el término de dos años, entre las que se destaca la prohibición absoluta de acercamiento a la víctima, así como la imposibilidad de mantener contacto por cualquier medio o vía de comunicación. En el mismo fallo, la Justicia dispuso la extracción de muestras para su incorporación formal al Registro del Banco de Datos Genéticos.

De acuerdo a las actuaciones e investigaciones encabezadas por la Fiscalía, el condenado guardaba una relación de parentesco con el abuelo de la víctima y habitaba en el mismo inmueble al momento en que ocurrieron las agresiones.

Aprovechando el contexto de convivencia cotidiana, cercanía familiar y la situación de indefensión y vulnerabilidad de la menor, el sujeto le realizó tocamientos de índole sexual en tres ocasiones distintas. Una vez que la niña logró poner en conocimiento de su entorno lo sucedido, la familia radicó la denuncia penal correspondiente que derivó en el juzgamiento del agresor.

Una joven de 24 años fue imputada provisionalmente como autora del delito de desobediencia judicial, tras romper una medida cautelar de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento dictada en el marco de una causa por violencia familiar.

El caso es investigado por el fiscal penal Oscar López Ibarra, interino en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N.º 3 de Metán. Las actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia realizada por la propia madre de la acusada, quien alertó a la Policía sobre la intromisión de su hija en el inmueble familiar.

Según consta en el expediente judicial, la imputada se presentó en el domicilio pese a estar plenamente notificada de una restricción de perimetral que le impedía aproximarse a menos de 200 metros de su madre, el esposo de esta y el resto del grupo familiar.

De acuerdo al testimonio de la denunciante, la joven no solo transgredió la medida judicial, sino que ingresó a la propiedad y sustrajo diversos objetos. Posteriormente, regresó a la vivienda para exigirle dinero a su madre.

Ante la negativa de la progenitora, la acusada reaccionó de manera violenta: arrojó una licuadora contra el suelo causándole daños totales y profirió amenazas verbales contra la denunciante, lo que motivó el urgente pedido de auxilio policial y su inmediata aprehensión.

El fiscal López Ibarra consideró acreditado que la acusada actuó con pleno conocimiento de la vigencia de las medidas cautelares dictadas por la Justicia en expedientes previos de violencia familiar.

Por este motivo, se formalizó la imputación por desobediencia judicial y se solicitó ante el Juzgado de Garantías de turno que la acusada permanezca privada de su libertad mientras se completan las diligencias e investigaciones correspondientes.