Una auditoría interna realizada tras la intervención de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sacó a la luz una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados oficiales de deuda exigible. El trabajo analiza la gestión del organismo hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en la que el Gobierno resolvió desplazar a su entonces director, Diego Spagnuolo, junto a otros funcionarios de la primera línea.

El informe revela que el desfasaje surgió al cotejar las informaciones de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Fue esta última área la que reportó el pasivo más abultado, concentrando las principales sospechas del fiscal Franco Picardi en la causa judicial que investiga un presunto fraude millonario con el cobro de coimas de hasta el 20%.

Según el dictamen fiscal, los procesos de compra impulsados desde la DNASS registraron sobreprecios sistemáticos y una marcada ausencia de procedimientos administrativos transparentes. Como ejemplo de estas maniobras, la Justicia identificó la compra del medicamento Macitentan, que en compulsas abiertas cotizaba en $411.764, pero llegó a adjudicarse por casi $8,3 millones en compulsas reducidas durante el mismo mes de noviembre de 2024.

Por otra parte, los auditores advirtieron sobre la utilización sistemática de la figura de «Legítimo Abono» para cancelar bienes y servicios ya entregados sin licitación previa, incumpliendo la normativa general de contrataciones del Estado (Decreto N° 1023/2001). Entre 2024 y agosto de 2025, el organismo destinó más de $479.500 millones a droguerías y prestadores de insumos bajo diversos esquemas de pago.

Mientras la causa judicial avanza con pericias sobre audios que salpican a exfuncionarios, desde el Ministerio de Salud confirmaron que toda la documentación fue puesta a disposición de la Justicia para determinar las responsabilidades penales del caso.

Tras el lanzamiento oficial de la XXVII Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, la organización del festival dio a conocer la imponente cartelera artística que engalanará cada una de las cuatro noches en el escenario del Club Deportivo Trancas. Con una propuesta totalmente ecléctica que combina referentes del folclore tradicional y contemporáneo, los máximos exponentes del cuarteto cordobés, cumbia de fiesta y bandas internacionales, Trancas promete una edición inolvidable del jueves 8 al domingo 11 de octubre.

El lanzamiento, liderado por el intendente Antonio Moreno, confirmó una programación estelar distribuida jornada por jornada para convocar a familias y jóvenes de todo el país.

Noche por noche: una grilla de primer nivel

• Jueves 8 de octubre: Apertura a puro ritmo con LBC y Eugenia Quevedo, la fuerza festivalera de Christian Herrera, Los Tekis, Campedrinos y El Súper de Huguito.

• Viernes 9 de octubre: Una jornada de pura fiesta junto al grupo uruguayo Rombai, el fenómeno cuartetero de Q’ Lokura, la potencia folclórica de Lázaro Caballero, Destino San Javier y el ritmo tropical de Dany Hoyos.

• Sábado 10 de octubre: La noche estelar estará encabezada por Abel Pintos, la conmovedora voz de Nahuel Pennisi, Los Herrera, el festejo por los 30 años de Karma Sudaka, el reconocido dúo Orellana Lucca y Coroico.

• Domingo 11 de octubre: Cierre de oro estelar con el grupo uruguayo Marama, el ícono del folclore El Chaqueño Palavecino, Karina «La Princesita» y los históricos Las Voces de Orán.

Junto a la deslumbrante grilla de shows, el festival contará con la actuación del Ballet del Festival rindiendo tributo a Malvinas, una destacada nómina de artistas locales y regionales, espectáculos de jineteada, el XXVII Concurso de Caballos Peruanos de Paso, desfile de agrupaciones gauchas y patios de comidas regionales.

Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y se comercializan de manera digital a través de PaseShow, además de puntos de venta físicos habilitados en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.

Para el ciudadano de a pie, la consigna «no hay plata» funciona como una sentencia bíblica. Es la respuesta universal ante las jubilaciones de miseria, los comedores desabastecidos, los medicamentos suspendidos y la paralización total de la obra pública en las provincias. Sin embargo, en el universo paralelo de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, la consigna parece haber sufrido una leve corrección gramatical: plata no hay para la gente, pero sobra para el banquete oficial.

A través de la plataforma oficial Compr.AR, la Secretaría General de la Presidencia —conducida por Karina Milei— abrió licitaciones millonarias que alcanzan un presupuesto estimado de $500 millones de pesos para garantizar el menú de los despachos gubernamentales. Las contrataciones no solicitan un racionamiento de emergencia ni menús comunitarios, sino un volumen asombroso de entre 27 y 29 toneladas de carnes para un periodo de seis meses.

El «esfuerzo»: lomo, entraña y frutos rojos congelados

Resulta fascinante analizar el nivel de «sacrificio» que exige el pliego de condiciones técnicas. Mientras el consumo de carne en Argentina cayó a sus pisos históricos debido a los desmedidos precios en las carnicerías de barrio, el buffet presidencial exige el despacho de cortes premium: lomo, bife de chorizo fresco y deshuesado, ojo de bife, entraña, mollejas, vacío, bondiola de cerdo, embutidos de máxima calidad y más de 3.600 kilos de pollo.

La lección de austeridad no termina en la parrilla. Para la Quinta de Olivos, la lista de compras del «ajuste histórico» demanda provisiones de frutos rojos congelados (arándanos y frambuesas), quesos refinados como hormas de queso gruyer, manteca, ricota y hasta 84.000 kilos de frutas y verduras frescas. Un banquete digno de la casta más refinada, financiado religiosamente con los impuestos de un país ahogado.

Como suele ocurrir cuando la contradicción se vuelve indefendible, desde los voceros oficiales ensayaron una aclaración tibia: afirman que los $500 millones y las 29 toneladas son simplemente «topes máximos autorizados» en órdenes de compra abiertas y que solo se pagará lo que se consuma.

El argumento peca de una cínica ingenuidad. Exigir la reserva presupuestaria para toneladas de entraña y frutos secos finos en un país donde las familias hacen malabares para comprar un kilo de picada no es un detalle administrativo: es una burla explícita. El discurso del rigor fiscal pierde toda autoridad moral cuando la motosierra se disfraza de servilleta de lino y el ajuste termina, como siempre, en el plato de los de arriba.