En el marco de una jornada de trabajo junto a la comunidad, la intendenta de Río Piedras, Moira Dantur, confirmó importantes avances para el sistema de atención sanitaria del municipio luego de recibir al ministro de Salud Pública de la Provincia, Dr. Federico Mangione, al secretario de la cartera y a sus equipos técnicos.

Durante el encuentro, desarrollado en la sede municipal, las autoridades compartieron un desayuno abierto con ciudadanos de la zona, quienes expusieron de primera mano sus principales inquietudes, necesidades y demandas en materia de salud pública.

Como respuesta concreta a los requerimientos planteados, Dantur anunció la llegada del Dr. Gerez, quien asumirá la atención médica en el centro de salud local. Su incorporación devuelve la tranquilidad a la población tras un prolongado período sin contar con un profesional permanente en el pueblo.

Asimismo, la reunión permitió acordar la presencia de una enfermera con guardia activa las 24 horas para la comunidad de Lumbreras y el compromiso de implementar a futuro un hospital virtual, herramienta que facilitará el acceso a consultas médicas especializadas sin necesidad de que los pacientes deban trasladarse a otros centros urbanos.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos de Salta, a cargo de Claudia Geria, inició una actuación de oficio para determinar el alcance y la situación sanitaria en los establecimientos penitenciarios de la provincia, luego de que tomaran estado público las declaraciones del ministro de Salud Pública, Federico Mangione, confirmando un brote de tuberculosis en la población carcelaria.

Si bien el titular de la cartera sanitaria aseguró que los pacientes detectados se encuentran bajo el tratamiento médico correspondiente, la fiscalía busca verificar de forma directa el estado de salud de las personas privadas de la libertad, evaluar las condiciones de aislamiento y constatar el cumplimiento de los protocolos de contención epidemiológica dentro de los penales.

A través de un decreto firmado por la fiscal Geria, se dio un plazo perentorio de 24 horas a la Alcaidía General y a las Unidades Carcelarias N° 1 (Villa Las Rosas) y N° 4 (Cárcel de Mujeres) para remitir informes pormenorizados sobre la situación epidemiológica de sus pabellones.

En los reportes, las autoridades penitenciarias deberán precisar la cantidad de internos con diagnóstico confirmado de tuberculosis durante el presente semestre, así como el número de personas aisladas por presentar sintomatología compatible.

En paralelo, la fiscalía citó a declarar al personal del Departamento de Sanidad de la Unidad Carcelaria 1 y a un profesional médico del ámbito penitenciario. Asimismo, se dio intervención al Cuerpo Especial de Investigadores (CEI) para que recabe información en los hospitales públicos donde se encuentren internados aquellos privados de la libertad que hayan requerido hospitalización por esta patología.

Pese a las inclemencias del tiempo, las calles de la capital salteña se convirtieron en escenario de una multitudinaria manifestación en defensa de la educación pública. La quinta Marcha Federal Universitaria congregó a una amplia diversidad de sectores que unificaron sus reclamos frente a las políticas de recorte aplicadas por el Gobierno nacional de Javier Milei.

La columna de manifestantes partió desde el Monumento 20 de Febrero y avanzó de manera sostenida hasta la explanada del Cabildo, frente a la Plaza 9 de Julio. Allí se montó el acto central donde representantes estudiantiles, docentes, investigadores y organizaciones sociales expusieron la crítica situación que atraviesan las instituciones públicas y los sectores vulnerables.

La movilización superó el marco estrictamente académico. A la comunidad de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) se sumaron agrupaciones de jubilados, familias vinculadas a la atención de la discapacidad que exigen la aplicación de la emergencia en el área, y trabajadores del sistema científico. Durante el recorrido, los relatos de los estudiantes reflejaron la creciente dificultad para sostener las cursadas ante el costo de vida, el impacto de las tarifas del transporte y la imposibilidad de acceder a opciones privadas.

El acto final enfatizó la necesidad de garantizar los recursos presupuestarios para el funcionamiento universitario y el cumplimiento de las leyes de financiamiento social. Quienes hicieron uso de la palabra coincidieron en señalar que la manifestación bajo la lluvia buscó visibilizar un freno al intento de deslegitimar la universidad pública y garantizar el derecho a la educación superior como un pilar fundamental para el desarrollo de la provincia.