Con una amplia participación ciudadana, se puso en marcha en Rosario de la Frontera la Formación inicial de voluntarios en escucha, contención y orientación, un programa impulsado para brindar respuestas comunitarias y herramientas concretas de prevención frente a la problemática del suicidio.

La actividad fue articulada de manera interinstitucional entre la Municipalidad de Rosario de la Frontera —bajo la gestión del intendente Kuldeep Singh—, el Programa de Salud Mental Integral de la UNSa (Sede Regional Sur), el Poder Judicial del Distrito Sur y el SECAN.

Los primeros respondientes: escucha activa y red local

La psicóloga Beatriz Bonotto, integrante del Programa de Salud Mental Integral de la universidad, remarcó que esta iniciativa nació a partir de las acciones de concientización del «Septiembre Amarillo» y de la convocatoria a actores estratégicos de la comunidad:

«Surge la necesidad de poner en marcha una red para trabajar sobre este tema que nos atraviesa, nos convoca, nos preocupa, pero por sobre todo nos ocupa. Esta formación prepara a los voluntarios como ‘primeros respondientes’, es decir, las personas capacitadas para recibir el primer pedido de auxilio y brindar una contención adecuada a quienes estén atravesando un momento de sufrimiento o riesgo de vida», explicó la profesional.

Uno de los principales propósitos planteados por el Ejecutivo municipal es avanzar en la creación e implementación de una línea o número telefónico de ayuda local, que funcione como canal directo de recepción y derivación inmediata en Rosario de la Frontera, articulando el voluntariado vecinal con los efectores de salud y las instituciones especializadas.

Desde el Municipio expresaron su agradecimiento a la comunidad que se sumó de manera desinteresada al compromiso solidario, así como a la UNSa por el soporte técnico y profesional, reafirmando que una escucha a tiempo, una pregunta empática y una red consolidada salvan vidas.

Un intenso debate ciudadano se desató en Rosario de la Frontera a raíz de diversas situaciones registradas durante los operativos viales de las últimas jornadas, cuyo registro en video comenzó a circular con fuerza a través de plataformas digitales y redes sociales, dividiendo aguas en la opinión pública local.

La controversia tiene como eje el accionar de la Dirección de Tránsito municipal y pone sobre la mesa dos realidades que conviven en tensión constante: el reclamo de seguridad barrial frente a las quejas por las modalidades de retención de rodados.

El reclamo por el descontrol nocturno y ruidos molestos

Por un lado, un nutrido grupo de vecinos respaldó con contundencia la profundización de los controles vehiculares. La demanda histórica apunta a frenar la circulación imprudente de motociclistas —muchos de ellos menores de edad— que transitan a velocidades peligrosas, sin casco protector ni documentación, realizando maniobras acrobáticas o utilizando escapes libres y adulterados que alteran el descanso durante las noches en avenidas y plazas de la ciudad.

Quienes defienden la rigidez de los inspectores sostienen que la única vía para prevenir siniestros viales de gravedad y recuperar la tranquilidad en las calles es mediante operativos estrictos, secuestro de rodados infractores y sanciones ejemplares para los conductores y sus tutores.

Cuestionamientos a las formas y denuncias de abuso

En la vereda contraria, vecinos y familiares de conductores involucrados manifestaron su indignación ante lo que consideran un presunto abuso de autoridad y extralimitación en el uso de la fuerza por parte de los agentes municipales al momento de interceptar a los motociclistas.

Los cuestionamientos apuntan a las maniobras de detención en la vía pública, planteando que ciertas persecuciones o maniobras de intercepción forzada pueden provocar caídas o accidentes peores que la propia infracción de tránsito. Desde este sector exigen que el municipio revise los protocolos de actuación, capacite al personal sobre los límites legales de su competencia y asegure procedimientos que garanticen el debido proceso sin incurrir en desbordes.

El cruce de posturas mantiene abierta la discusión en la comunidad rosarina, donde la necesidad de orden vial choca con la exigencia de procedimientos apegados estrictamente al marco legal.

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) abrió la convocatoria formal para que las familias de la localidad de El Potrero (departamento Rosario de la Frontera) puedan inscribirse o actualizar su ficha social, con el objetivo de participar en el próximo sorteo de 10 viviendas construidas en Copo Quile.

El operativo territorial se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre, en el horario de 10:00 a 16:00, en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal de El Potrero, donde los agentes del IPV recepcionarán la documentación física de los interesados.

Requisitos indispensables para postularse

Para concretar la postulación, los aspirantes deberán cumplir de manera obligatoria con las siguientes condiciones:

• Solicitud web previa: Es condición excluyente haber iniciado y completado la solicitud online antes de presentarse en el complejo. Aquellos que aún no la tengan deberán tramitarla ingresando a la plataforma oficial www.ipv.salta.gov.ar y seguir las instrucciones del sistema.

• Criterio de ingresos económicos: Las familias postulantes deberán demostrar ingresos formales equivalentes o superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

• Normativa IPV: Cumplir con los requisitos estándar del organismo provincial (constitución de grupo familiar, no poseer inmuebles a su nombre, residencia comprobable en la zona, entre otros).

El trámite presencial permitirá validar los legajos correspondientes para que los vecinos queden formalmente habilitados de cara al futuro sorteo que adjudicará las 10 unidades habitacionales en la localidad de Copo Quile.