Con el objetivo de proteger tanto el bolsillo como la integridad física de los salteños, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor lanzó una campaña informativa para recordar que la compra de una motocicleta nueva trae consigo un derecho irrenunciable: la entrega de dos cascos reglamentarios.

Según lo establece la Ley Provincial N° 7685, los comercios del rubro no pueden cobrar los cascos aparte ni ofrecerlos como un «regalo» opcional; estos elementos forman parte de la operación de venta. La normativa exige que se entregue un casco para el conductor y otro para un eventual acompañante, ambos debidamente homologados.

«Es fundamental que los consumidores conozcan sus derechos», señaló la subsecretaria del organismo, María Pía Saravia. «En este caso, además de garantizar una venta en condiciones justas, se trata de una medida que prioriza la seguridad y el cuidado de la vida», agregó la funcionaria.

Desde el organismo provincial destacaron que el espíritu de esta ley no es solo comercial, sino fundamentalmente preventivo. Al garantizar que el motociclista salga del local con la protección adecuada, se promueven conductas responsables y se contribuye a disminuir la gravedad de las lesiones en caso de siniestros viales.

¿Cómo denunciar si no te entregan los cascos?

Si un local comercial en Metán o cualquier punto de la provincia se niega a cumplir con esta entrega o intenta cobrar un excedente, el consumidor puede realizar el reporte de manera inmediata:

• 📱 Vía Digital: Ingresando desde el celular a la plataforma oficial consumidorsalta.gob.ar y haciendo clic en la opción “Reportes”.

• 📍 Presencial: En la oficina de la Subsecretaría (España 1350, Salta Capital), de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Conocer esta normativa es clave al momento de visitar una concesionaria. Si vas a comprar una moto, recordá que los cascos no son un accesorio: son tu derecho.

En el departamento Anta, el silencio de las oficinas nacionales en Buenos Aires se traduce en angustia real. Para una paciente de Joaquín V. González que padece leucemia crónica, la falta de envío de drogas de alto costo por parte del Gobierno nacional no es una estadística, es una sentencia. «La doctora me dijo que mi enfermedad está avanzando porque no tengo la medicación», relató el paciente, en un testimonio que refleja la realidad de cientos de salteños.

La situación es límite. El medicamento que esta vecina necesita, Bosutinib 400 mg, tiene un costo de mercado cercano a los 15 millones de pesos. Para quien percibe una pensión por invalidez que no cubre la canasta básica, la cifra es inalcanzable.

La desesperación ha llevado a medidas extremas: «Estoy tomando una medicación que está vencida; la doctora me ha dicho que siga tomando eso antes de que me quede sin nada», confesó. La falta de continuidad en los ciclos de tratamiento pone a los pacientes en riesgo de que sus cuadros pasen de crónicos a agudos, sin posibilidad de retorno.

Ante este escenario acuciante, el gobernador Gustavo Sáenz alzó la voz para denunciar el abandono que sufren los sectores más vulnerables. El mandatario vinculó la falta de medicamentos oncológicos con el desfinanciamiento a jubilados y a instituciones de discapacidad.

«No podemos tener peregrinando a nuestros jubilados para que les den los medicamentos oncológicos. La salud es fundamental y no tiene color político», sentenció Sáenz.

El Gobernador volvió a cargar contra los legisladores nacionales de la oposición local («olmedistas») por su ausencia en las mesas de diálogo convocadas para defender los intereses provinciales. «Esa falta de empatía, de sensibilidad y de humanidad los hace diferentes a nosotros», disparó el mandatario, subrayando que la crisis sanitaria no puede esperar a los tiempos de la política.

Mientras la Nación mantiene suspendida la entrega de drogas de alta complejidad, la Provincia intenta dar respuestas, aunque la cobertura total de medicamentos de tan alto costo es un desafío financiero monumental. Según los testimonios, los hospitales públicos como el San Bernardo mantienen la provisión de drogas de menor costo, pero el bache generado por la falta de envíos nacionales en tratamientos específicos de hematología y oncología está dejando a los pacientes desamparados.

«Si no tenemos eso, nos empezamos a morir», advierten los damnificados. El mensaje de Salta hacia la Casa Rosada es uno solo y urgente: la microeconomía y la política pueden tener sus tiempos, pero la salud de los salteños no.

Ante la creciente preocupación por la aparición de escritos con advertencias de tiroteos en diversas escuelas de la capital y el interior, el Gobierno de la Provincia de Salta tomó cartas en el asunto. A través de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, se inició un abordaje integral para analizar el comportamiento de los adolescentes y brindar herramientas de intervención a las instituciones afectadas.

El responsable del área, Martín Teruel, confirmó que la Provincia se encuentra en una etapa activa de evaluación del panorama. El objetivo del Estado provincial es claro: no tratar estos hechos como episodios aislados, sino entender la lógica de «resonancia» que generan las redes sociales.

«El primer paso de la Provincia es colaborar directamente con las intervenciones que se deben hacer en cada establecimiento», aseguraron desde el área, remarcando que existe una decisión política de acompañar a las comunidades educativas para evitar que el pánico se generalice.

Desde el Ejecutivo provincial se hace hincapié en que este no es solo un problema de conducta escolar, sino un síntoma social. Teruel reflexionó sobre el rol de los mayores, señalando que los menores son, en gran medida, «el resultado de vivencias del mundo adulto». Por ello, la Provincia busca que la respuesta no sea meramente punitiva, sino que incluya una mirada amplia sobre la salud mental y la falta de empatía en los entornos digitales.

La Provincia advierte que las redes sociales funcionan como una caja de resonancia que amplifica mensajes que antes pasaban desapercibidos. En este sentido, la intervención oficial busca proveer protocolos de contención ante situaciones de crisis, concientizar sobre la trazabilidad de los mensajes en entornos digitales e instar a los padres a supervisar el consumo digital de los jóvenes, entendiendo que la falta de consideración por el otro nace de una tensión social que nos atraviesa a todos.

Con estas acciones, la gestión provincial busca llevar tranquilidad a los padres y docentes, garantizando que los equipos de Salud Mental están monitoreando la situación para proteger el bienestar emocional de los estudiantes salteños.