En el departamento Anta, el silencio de las oficinas nacionales en Buenos Aires se traduce en angustia real. Para una paciente de Joaquín V. González que padece leucemia crónica, la falta de envío de drogas de alto costo por parte del Gobierno nacional no es una estadística, es una sentencia. «La doctora me dijo que mi enfermedad está avanzando porque no tengo la medicación», relató el paciente, en un testimonio que refleja la realidad de cientos de salteños.

La situación es límite. El medicamento que esta vecina necesita, Bosutinib 400 mg, tiene un costo de mercado cercano a los 15 millones de pesos. Para quien percibe una pensión por invalidez que no cubre la canasta básica, la cifra es inalcanzable.

La desesperación ha llevado a medidas extremas: «Estoy tomando una medicación que está vencida; la doctora me ha dicho que siga tomando eso antes de que me quede sin nada», confesó. La falta de continuidad en los ciclos de tratamiento pone a los pacientes en riesgo de que sus cuadros pasen de crónicos a agudos, sin posibilidad de retorno.

Ante este escenario acuciante, el gobernador Gustavo Sáenz alzó la voz para denunciar el abandono que sufren los sectores más vulnerables. El mandatario vinculó la falta de medicamentos oncológicos con el desfinanciamiento a jubilados y a instituciones de discapacidad.

«No podemos tener peregrinando a nuestros jubilados para que les den los medicamentos oncológicos. La salud es fundamental y no tiene color político», sentenció Sáenz.

El Gobernador volvió a cargar contra los legisladores nacionales de la oposición local («olmedistas») por su ausencia en las mesas de diálogo convocadas para defender los intereses provinciales. «Esa falta de empatía, de sensibilidad y de humanidad los hace diferentes a nosotros», disparó el mandatario, subrayando que la crisis sanitaria no puede esperar a los tiempos de la política.

Mientras la Nación mantiene suspendida la entrega de drogas de alta complejidad, la Provincia intenta dar respuestas, aunque la cobertura total de medicamentos de tan alto costo es un desafío financiero monumental. Según los testimonios, los hospitales públicos como el San Bernardo mantienen la provisión de drogas de menor costo, pero el bache generado por la falta de envíos nacionales en tratamientos específicos de hematología y oncología está dejando a los pacientes desamparados.

«Si no tenemos eso, nos empezamos a morir», advierten los damnificados. El mensaje de Salta hacia la Casa Rosada es uno solo y urgente: la microeconomía y la política pueden tener sus tiempos, pero la salud de los salteños no.

La imagen en el salón del Foro de Intendentes habló por sí sola: una hilera de sillas vacías con los nombres de los representantes de La Libertad Avanza (LLA) marcó un nuevo desplante hacia la institucionalidad provincial. Pese a la urgencia de la convocatoria y la anticipación de la invitación, la senadora y los diputados libertarios decidieron no asistir al encuentro donde se buscaba debatir el futuro de los municipios frente al ajuste nacional.

No es la primera vez que Emilia Orozco, Gabriela Flores y Gonzalo Guzmán Coraita evitan el diálogo con los actores territoriales. Para los jefes comunales, que hoy gestionan en la trinchera de la crisis, el argumento de «problemas de agenda» es insuficiente. Consideran que su ausencia es un «ninguneo» directo hacia quienes deben lidiar diariamente con la quita de subsidios, la parálisis de la obra pública y el hambre en los barrios.

«Tendrían que estar acá para presentar lo que hicieron y escucharnos. Su banca pertenece a los ciudadanos de Salta, no a un partido», reclamaron desde el Foro.

La reunión, encabezada por Marcelo Moisés, presidente del Foro, mostró un fuerte contraste. Mientras los libertarios brillaron por su ausencia, otros legisladores como la senadora Flavia Royón y los diputados Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernardo Biella sí se hicieron presentes.

Los intendentes les pidieron a estos últimos que actúen como sus voceros en el Congreso para apuntalar las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz. La demanda fue clara: los representantes deben despegarse de la lógica partidaria y defender los recursos que Nación ha retirado, afectando gravemente el financiamiento local.

Para el Foro de Intendentes, la actitud de los legisladores de LLA pone de manifiesto una «desconexión alarmante» con el interior profundo. Mientras la crisis social escala, el silencio y la falta de presencia de los referentes oficialistas en la provincia es visto como una retirada total del acompañamiento nacional.

«Es una falta de respeto a la institucionalidad; ellos representan a Salta y la situación que atravesamos es más que preocupante», concluyeron, reafirmando que la gestión territorial no puede esperar a los tiempos de la política porteña.

Ante la creciente viralización de mensajes intimidatorios que afectaron a instituciones educativas de la capital y el interior provincial, el Gobierno de Salta ratificó un esquema de trabajo articulado para frenar la psicosis y dar con los responsables. La estrategia une los esfuerzos de las carteras de Educación, Seguridad y el Ministerio Público Fiscal.

La ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, llevó tranquilidad a la comunidad al informar que el sistema educativo mantiene su actividad habitual. Sin embargo, fue tajante respecto a las consecuencias de las amenazas: «Se investiga a fondo los hechos porque pueden llegar a ser un delito», expresó, en sintonía con las recientes detenciones de estudiantes vinculados a estas «bromas» pesadas.

Para la funcionaria, la clave para desactivar este fenómeno no es solo policial, sino social. En ese sentido, apeló a la «corresponsabilidad», instando a las familias a involucrarse activamente en la supervisión de los jóvenes y en el diálogo sobre el impacto de sus acciones en el entorno escolar.

Fiore Viñuales recordó que, desde el año 2025, Salta cuenta con el «Programa Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela». Este marco normativo es el que permite a los directivos saber exactamente cómo actuar ante situaciones problemáticas, garantizando una intervención oportuna y coordinada con las fuerzas de seguridad y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes para evitar la interrupción del servicio educativo.

Más allá de la respuesta ante la emergencia, desde el Ministerio destacaron que se viene realizando un trabajo de fondo con equipos directivos. El foco está puesto en la concientización de los alumnos sobre la convivencia escolar, trabajando sobre ejes como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la justicia.

Mientras la Brigada de Investigaciones continúa rastreando el origen de los mensajes que circularon en ciudades como Metán y Rosario de la Frontera, las escuelas ya cuentan con los protocolos necesarios para garantizar una actuación inmediata ante cualquier indicio de amenaza.