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Salta

Poca adhesión al pedido para que políticos donen su sueldo

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El pedido efectuado por el gobernador Gustavo Sáenz a la clase política para conformar un nuevo fondo solidario a partir de la donación de sus sueldos al Estado, generó repercusiones diversas y al parecer no tuvo la adhesión esperada, pese al crítico momento que se vive y a las expectativas de la sociedad que viene exigiendo muestras de solidaridad y renunciamiento.

En su último mensaje a la comunidad, Sáenz anunció la creación de un nuevo fondo para ayudar al sector privado, en especial a la gastronomía y el comercio. Anticipó que donará su salario de septiembre e instó a hacer lo mismo con parte de los sueldos de planta política, legisladores y al Poder Judicial.

No obstante y sin perjuicio de una convocatoria voluntaria, el mandatario anticipó también que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para que los diputados y senadores sean los que determinen el monto de los salarios para la donación a un fondo mientras dure la emergencia por la pandemia.
En el andamiaje de los municipios, los primeros que levantaron el guante fueron los intendentes de La Merced y La Caldera. Javier Wayar donó la totalidad de su sueldo para la compra de tubos de oxígeno. La donación quedó firme ayer mediante una resolución para que la Secretaría de Hacienda de La Merced efectivice el descuento de sus haberes correspondiente al mes de septiembre y dijo que también lo hará el mes que viene.

Por su parte Diego Sumbay, de La Caldera, informó a través de sus cuentas en redes sociales que «acompañando a la decisión del Gobierno provincial decidí donar el 50% de mi sueldo correspondiente al mes de septiembre. Para ayudar a paliar la crisis que estamos afrontando por la pandemia. Les pido responsabilidad, y que tomemos conciencia de la situación».

En este abanico de opiniones entre los intendentes, muchos recordaron el apoyo incondicional que el gobernador Sáenz recibió hace unos días por parte de los jefes comunales de las ciudades más importantes del territorio provincial y reforzaron la idea de que “En estos 6 meses se hicieron cosas que en 30 años no se hicieron en toda la provincia”.

La diferencia entre ambos es que el primero anticipó que destinará su sueldo a la compra de tubos de oxígeno, mientras que el segundo aguarda definiciones sobre la apertura de una cuenta para concretar la transferencia. En la misma actitud voluntaria de ambos jefes comunales, que adhirieron al pedido del gobernador, existe una divergencia notable: uno prefiere direccionar su donación y el otro responde al pedido de Sáenz, aunque con la mitad de su salario.

Esta discrepancia se mantuvo en las consultas de este medio. Pidiendo las reservas del caso, algunos jefes comunales expresaron que «cada intendente tiene derecho a hacer lo que sienta correcto. Donar su sueldo a un fondo solidario o direccionar la ayuda para la gente de su pueblo». Algunos dijeron que prefieren poner la plata allí y no donarla, porque no se sabe «a dónde irá a parar».

«Esta crisis la vivimos minuto a minuto. Desde las intendencias estamos tomando decisiones muy complicadas y por ahí, por favorecer a un sector, se maltrata a otros», expresaron.

En un tono más crítico, otros afirmaron que con medidas de este tipo, el gobernador adopta una «permanente actitud de víctima. No me parece bien. El gobernador es gobernador; no está para andar levantando cajas».

El Fondo Solidario COVID-19

A principios de abril de este año el gobernador Sáenz estableció montos y la modalidad en la que funcionarios públicos de primer nivel harían su aporte al Fondo Solidario COVID-19. Esta medida, encabezada por el mandatario salteño, también tuvo como finalidad fortalecer el sistema de salud con recursos económicos.
Los ministros hicieron un aporte de dos cuotas de $25.000; secretarios y subsecretarios, dos cuotas de $15.000; personal de apoyo de niveles 1 y 2, dos cuotas de $15.000; y de nivel 3, dos cuotas de $10.000.

Fuente: El Tribuno.

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Salta

Armas en Salta: Crece un 40% el interés por regularizar la tenencia ante el debate en el Senado

Mientras la Nación busca normalizar la situación de 800 mil armas irregulares, los salteños se vuelcan a las armerías para tramitar credenciales. El perfil del usuario se divide entre la caza y la defensa personal.

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El debate en el Senado de la Nación para regularizar la tenencia de armas de fuego en Argentina ha tenido un efecto inmediato en la provincia. Según referentes del sector, cada vez más ciudadanos buscan salir de la irregularidad y avanzar en la trazabilidad de su armamento, aprovechando que los tiempos administrativos del Estado parecen haber despertado de un largo letargo.

El propietario de una armería en Salta confirmó en diálogo con Radio LUP que el movimiento en el rubro aumentó significativamente. «Hay un 40% más de gente que se acerca, pregunta, consulta y hace su credencial o compra alguna arma», detalló el comerciante.

A pesar de que los requisitos siguen siendo estrictos, Yamin destacó una mejora en la burocracia estatal: «Antes había que esperar seis meses para un trámite. Ahora se aceleró bastante, pero las exigencias no cambiaron». Esta agilidad es vista como un incentivo para que aquellos que poseen armas heredadas o sin registrar decidan ponerse a derecho.

La presencia de armas en los hogares de la provincia parece ser una realidad extendida y cotidiana. «Un gran porcentaje de los salteños tiene armas en la casa», aseguró el comerciante, dividiendo el uso principalmente en dos grandes grupos: los que las utilizan para la actividad cinegética (caza) y aquellos que buscan defensa personal.

En cuanto a las preferencias del mercado local, el ranking de ventas lo encabezan las pistolas 9 milímetros, carabinas calibre .22 y escopetas.

Ingresar al mundo del legítimo usuario no es económico. Según los valores actuales del mercado, una arma corta parte desde los $400.000, mientras que los modelos de armas largas pueden superar los $600.000.

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Salta

Reforma Electoral en Salta: El debate entre la modernización del sistema y la sombra de la «Ley de Lemas»

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que reconfigura las reglas de juego en la provincia. Mientras el oficialismo asegura que la medida ordena la competencia tras la eliminación de las PASO, la oposición denuncia un retroceso institucional y un elevado costo económico.

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En una sesión cargada de tensión y posturas encontradas, la Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto de Reforma Electoral que ahora aguarda su tratamiento en el Senado. La iniciativa, que modifica sustancialmente el sistema de votación para legisladores e intendentes, se convirtió en el epicentro de una polarización política que divide aguas entre quienes ven una actualización necesaria y quienes alertan sobre una distorsión de la voluntad popular.

El nuevo esquema establece que los votos de las distintas listas que integran un mismo frente se sumarán para definir al espacio ganador en las categorías locales. Entre los puntos principales se destacan:

  • Acumulación de votos: Las listas internas (hasta cuatro por frente) suman para el espacio común.

  • Sin pisos mínimos: Se eliminan los porcentajes de votos requeridos para ingresar a la distribución de cargos por sistema D’Hondt.

  • Ficha Limpia y Salud: Se incorpora la obligatoriedad del narcotest para los candidatos.

  • Unificación: Se sintetiza la instancia interna y la general en un solo acto electoral.

Para los legisladores del bloque mayoritario, la reforma es la respuesta lógica tras la derogación de las PASO. El diputado Gustavo Dantur defendió la medida argumentando que permitirá «mayor claridad sobre las posturas políticas» y pidió no subestimar la capacidad de elección del ciudadano.

En la misma línea, la diputada Socorro Villamayor enfatizó que el proyecto termina con la «selección a dedo» de candidatos. «Se limita la cantidad de listas por frente, lo que facilita la comprensión del electorado y amplía la participación ciudadana», puntualizó, rechazando que el sistema sea un regreso a la cuestionada Ley de Lemas.

Desde la otra vereda, el rechazo fue rotundo por parte de los bloques de La Libertad Avanza (LLA), la UCR y el Bloque de la Reconquista. La principal crítica radica en que el sistema de sumatoria de votos podría beneficiar a candidatos que no fueron los más votados individualmente, emulando la Ley de Lemas derogada en 2002.

  • Retroceso democrático: La radical Soledad Farfán advirtió que la ley centraliza las decisiones en las cúpulas partidarias y debilita la participación.

  • Impacto económico: El diputado José Gauffín cuestionó la oportunidad de la reforma en un contexto de crisis: «Habrá mayor pobreza; esto va a costar una fortuna», alertó.

  • Cuestionamientos legales: Desde LLA, Franco Lastra calificó la medida de «anticonstitucional» y «poco transparente», mientras que María Elena Dadis denunció un tratamiento apresurado que no permitió un debate plural con especialistas.

  • Antecedentes: Guillermo Durand Cornejo recordó los riesgos de reinstaurar mecanismos donde «un voto podía terminar beneficiando a otro candidato».

Con la media sanción obtenida por mayoría, el debate se traslada ahora a la Cámara Alta. El oficialismo confía en convertir el proyecto en ley para aplicar las nuevas reglas en los próximos comicios, mientras que la oposición insiste en que la reforma busca «blindar» al poder de turno ante un escenario electoral incierto.

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Salta

Por ley, toda moto vendida en Salta debe entregarse con dos cascos

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor recordó la vigencia de la Ley Provincial N° 7685. El comercio tiene la obligación de incluir los cascos reglamentarios (para conductor y acompañante) dentro del precio de venta, sin costos adicionales ni como accesorios opcionales.

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Con el objetivo de proteger tanto el bolsillo como la integridad física de los salteños, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor lanzó una campaña informativa para recordar que la compra de una motocicleta nueva trae consigo un derecho irrenunciable: la entrega de dos cascos reglamentarios.

Según lo establece la Ley Provincial N° 7685, los comercios del rubro no pueden cobrar los cascos aparte ni ofrecerlos como un «regalo» opcional; estos elementos forman parte de la operación de venta. La normativa exige que se entregue un casco para el conductor y otro para un eventual acompañante, ambos debidamente homologados.

«Es fundamental que los consumidores conozcan sus derechos», señaló la subsecretaria del organismo, María Pía Saravia. «En este caso, además de garantizar una venta en condiciones justas, se trata de una medida que prioriza la seguridad y el cuidado de la vida», agregó la funcionaria.

Desde el organismo provincial destacaron que el espíritu de esta ley no es solo comercial, sino fundamentalmente preventivo. Al garantizar que el motociclista salga del local con la protección adecuada, se promueven conductas responsables y se contribuye a disminuir la gravedad de las lesiones en caso de siniestros viales.

¿Cómo denunciar si no te entregan los cascos?

Si un local comercial en Metán o cualquier punto de la provincia se niega a cumplir con esta entrega o intenta cobrar un excedente, el consumidor puede realizar el reporte de manera inmediata:

  • 📱 Vía Digital: Ingresando desde el celular a la plataforma oficial consumidorsalta.gob.ar y haciendo clic en la opción “Reportes”.

  • 📍 Presencial: En la oficina de la Subsecretaría (España 1350, Salta Capital), de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Conocer esta normativa es clave al momento de visitar una concesionaria. Si vas a comprar una moto, recordá que los cascos no son un accesorio: son tu derecho.

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