Una profunda conmoción sacude a la comunidad del departamento Anta tras confirmarse la detención de dos hombres mayores de edad en el marco de la investigación por la muerte violenta de un adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este domingo 27 de septiembre en una propiedad rural de la localidad de Las Lajitas, en proximidades de un canal.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal penal 2 de Anta, Dr. César Arturo Saravia, quien a través de la Delegación Las Lajitas se constituyó de inmediato en la escena del crimen. El funcionario judicial dispuso el trabajo pericial del personal de Criminalística de la Policía de la Provincia y las labores de campo de la Brigada de Investigaciones para el resguardo de pruebas y reconstrucción del hecho.

Autopsia, contención y detención de los sospechosos

Por orden del fiscal, el cuerpo del menor fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en Salta Capital, donde se practicó la autopsia correspondiente para determinar la causa fehaciente del deceso. Durante las diligencias, los familiares de la víctima contaron con el acompañamiento y contención de la licenciada en Trabajo Social, Daiana Alanis, perteneciente a la Guardia PsicoSocial del CIF.

En las últimas horas, la causa dio un giro decisivo tras una serie de allanamientos simultáneos encabezados por la Brigada de Investigaciones. Durante los procedimientos, la Policía procedió a la detención de dos hombres mayores de edad y al secuestro de elementos de prueba fundamentales vinculados al crimen.

El fiscal Saravia confirmó que ambos sospechosos serán imputados formalmente por la presunta comisión del delito de homicidio criminis causa, figura penal que contempla la pena de prisión perpetua. Asimismo, el magistrado solicitó extrema prudencia y respeto en la difusión de los datos, resguardando la memoria e identidad de la víctima por tratarse de un menor de edad.

Un megaoperativo conjunto entre la Policía de Salta y el Ministerio Público Fiscal irrumpió en un predio de 11.800 hectáreas ubicado en Talavera (departamento Anta), muy cerca de la frontera con Santiago del Estero. El despliegue, que duró tres días e involucró a 40 efectivos en camionetas y motos, permitió desmantelar una compleja red delictiva dedicada a la usurpación de tierras, abigeato, extorsión a productores y deforestación ilegal de montes nativos.

La investigación se inició tras la denuncia de los administradores de la finca Santa Rita (perteneciente a la firma Agrosol S.A.), quienes alertaron que desde principios de 2026 una banda armada se apoderó ilegalmente de unas 2.500 hectáreas. Una vez asentados, los delincuentes rompieron alambrados, cerraron caminos públicos e instalaron retenes con gente armada y chalecos para controlar el paso en la zona.

Armas, secuestros y detenciones

Al ingresar a los dos campamentos clandestinos montados en el monte, las fuerzas de seguridad detuvieron a siete personas y secuestraron dos pistolas, hachas, motosierras, motoguadañas, un camión con rastra, maquinaria pesada y cientos de postes de quebracho colorado y blanco cortados sin autorización ambiental. 

Por resolución del juez de Garantías Héctor Guzmán, cuatro de los implicados —Juan Dalmasiano Díaz (52), Rafael Torres (38), Francisco Coccioli (34) y Juan Carlos Barvero (45)— quedaron alojados bajo prisión preventiva por abigeato y portación de armas. En tanto, Guillermo Bouhid (27), Víctor Gutiérrez (43) y Rodrigo Bermúdez (40) continúan imputados pero en libertad. La fiscal penal Celeste Pisacic no descartó ampliar los cargos al analizar los peritajes de entre 8 y 10 teléfonos celulares incautados.

Extorsiones millonarias, trata laboral y usucapión como fachada

La causa sacó a la luz un modus operandi aceitado que se repite en varias provincias del NOA. Una vez que la banda ocupa el predio, inicia demandas de usucapión en la Justicia civil para obtener medidas cautelares de «no innovar». Así, aprovechan la demora de los procesos judiciales para arrebatar ganado a los vecinos y explotar la madera del bosque nativo.

Según consta en el expediente, los imputados exigían el 50% del ganado a los productores colindantes o solicitaban coimas de entre $3.000.000 y $10.000.000 a cambio de no robarles los animales o arrearlos a la fuerza hacia el terreno usurpado.

Además, en el marco de la investigación intervino la Justicia Federal por una causa de posible trata de personas con fines de explotación laboral, al hallarse a 20 trabajadores (incluido un menor de edad) viviendo en cuatro puestos en condiciones sumamente precarias dentro del monte.

En el marco de los intensivos controles para proteger los recursos naturales y la fauna de la región, la Policía de Salta llevó adelante un amplio Operativo de Protección Ciudadana y Prevención de Fauna Ictícola a lo largo del río Juramento.

El procedimiento estuvo articulado por personal de la División Lacustre y Fluvial El Tunal junto a efectivos de la Policía Rural, quienes diagramaron recorridos preventivos tanto por agua como por tierra dentro de la jurisdicción del Distrito de Prevención N°5 (Joaquín V. González).

Los patrullajes abarcaron un extenso trayecto que se inició en el puente de El Tunal y se desplegó hacia el paraje Balbuena, cubriendo puntos estratégicos como Paso de las Carretas, La Pedrera, Talamuyo, Atamisqui, San José de Orquera y el puente La Amistad, en la localidad de El Quebrachal.

Durante los patrullajes por la ribera, los uniformados detectaron a dos hombres realizando actividades de pesca furtiva. Al ser interceptados, se les decomisó una red de pesca tipo «pollera» y una bolsa en cuyo interior trasladaban 16 ejemplares de sábalo, una boga y un dorado.

Por el hecho, los efectivos labraron las correspondientes actas contravencionales por infracción al Artículo 91 del Código Contravencional de la Provincia de Salta (Ley 7135/01), quedando los elementos secuestrados a disposición de la justicia.

Desde la fuerza de seguridad provincial ratificaron que continuarán reforzando los patrullajes preventivos en ríos y espejos de agua de todo el territorio salteño para combatir la pesca ilegal y resguardar la biodiversidad de los cauces locales.