Frente a la reiteración de graves episodios de violencia y abandono que conmocionaron a la opinión pública en distintos puntos de la provincia, organizaciones proteccionistas, rescatistas independientes y activistas de Salta convocaron a una marcha pacífica para este viernes a partir de las 16:00 horas.

La concentración tendrá como punto de partida el predio del Teleférico San Bernardo (Parque San Martín), desde donde las columnas avanzarán por las arterias céntricas de la capital provincial hasta confluir en la Plaza 9 de Julio.

El reclamo central: reforma de la Ley 14.346

El eje principal de la manifestación apunta a visibilizar las limitaciones de la actual Ley Nacional 14.346 —sancionada en 1954—, cuyas penas y figuras legales han quedado obsoletas frente a la gravedad y la saña de los casos de crueldad contemporáneos. Los activistas reclaman herramientas jurídicas más contundentes que impongan condenas efectivas de prisión y multas severas para quienes maltratan o causan la muerte de animales.

Entre los puntos destacados del pliego de reclamos figuran:

• Penas ejemplares: Reforma urgente del Código Penal y la legislación vigente contra la crueldad animal.

• Freno a los criaderos clandestinos: Controles estrictos y clausura de establecimientos comerciales irregulares.

• Control ético de la sobrepoblación: Políticas públicas sostenidas de castración masiva, gratuita y temprana en todos los barrios.

• Intervención del Estado: Respuestas judiciales y policiales rápidas frente a denuncias de abandono y sufrimiento animal.

Bajo la consigna: «Basta de abandonarlos, basta de asesinarlos, basta de mirar hacia otro lado», los organizadores hicieron extensiva la invitación a toda la comunidad, familias y tenedores responsables para sumarse al pedido colectivo y poner un límite definitivo a la indiferencia institucional.

El departamento General Güemes se encamina hacia una reconversión estructural en materia vial y productiva. Con una inversión estimada en 44,6 millones de dólares, la Provincia confirmó que priorizará dos megaproyectos clave: la readecuación integral de la traza urbana de la Ruta Nacional 34 y el fortalecimiento de la infraestructura del Parque Industrial y el nodo logístico multimodal.

La partida financiera forma parte de un paquete de financiamiento internacional de hasta 100 millones de dólares otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuya toma de deuda fue autorizada por la Legislatura salteña.

Ambas obras fueron fijadas como prioridades de gestión tras la mesa de trabajo mantenida el último viernes entre legisladores, intendentes y funcionarios del Ejecutivo provincial para el armado del Presupuesto 2027.

Cuatro carriles, puente elevado y túneles de cruce

La intervención vial apunta a resolver un colapso histórico. Actualmente, el paso de la Ruta 34 por la zona urbana de General Güemes genera severas demoras en horarios pico. El panorama amenaza con agravarse de forma crítica con la plena operatividad del Corredor Bioceánico de Capricornio, vía internacional que, según cálculos técnicos, podría hasta triplicar el caudal de camiones y transporte pesado que atraviesa la ciudad con destino a Jujuy, Bolivia o el sur de Salta.

Para ordenar el tránsito sin desviar la arteria, el proyecto mantendrá la traza existente pero la transformará de raíz:

• Autovía de 4 carriles: Ampliación de calzadas para agilizar la fluidez del tránsito pasante y local.

• Puente elevado: Se erigirá a la altura de la intersección con la Ruta Provincial 11, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus.

• Pasos bajo nivel: Construcción de túneles vehiculares y peatonales para coser e integrar los dos sectores de la ciudad que hoy se encuentran fracturados por la ruta nacional.

El nodo logístico: capital del Corredor Bioceánico

La segunda pata del plan busca que Güemes deje de ser un mero punto de paso y se transforme en un polo de servicios para el transporte interoceánico.

El financiamiento prevé dotar al Parque Industrial de mejoras de conectividad con la Ruta 34 y el ramal ferroviario del Belgrano Cargas, además de generar áreas para playas de transferencia de cargas, centros de acopio, estaciones de servicio, talleres mecánicos, gomerías y plazas hoteleras para transportistas.

La ministra de Educación de la Provincia, Cristina Fiore, deberá presentarse formalmente ante la Cámara de Diputados de Salta para brindar precisiones y responder interrogantes en torno al creciente escándalo político y gremial desatado por el funcionamiento de la Unidad Educativa N.º 7160.

La citación fue ratificada por el legislador provincial Gastón Galíndez, quien aseguró que la concurrencia de la funcionaria se encuentra confirmada y que solo resta definir en labor parlamentaria la fecha y hora exacta en la que se llevará a cabo la interpelación en el recinto de calle Mitre.

La denuncia judicial y la acusación de «escuela fantasma»

El conflicto tomó volumen público e institucional a partir de una denuncia penal radicada por Celia Alancay. La presentación judicial apunta a la supuesta asignación irregular de más de 300 cargos docentes y nombramientos dentro de la mencionada unidad, calificada por referentes sindicales y legisladores de la oposición como una presunta «escuela fantasma» al carecer de un edificio escolar propio y de una matrícula de alumnos regulares bajo cursada convencional.

La sospecha en torno a la existencia de personal que cobraría haberes sin contraprestación de servicios presenciales colocó el foco en el circuito de liquidación de sueldos y en los mecanismos de designación de la cartera educativa provincial.

El descargo del Ministerio

Ante las acusaciones públicas, Cristina Fiore rechazó categóricamente que se trate de una estructura ficticia montada para albergar «ñoquis» de la administración pública.

Desde el Ministerio de Educación argumentaron que la Unidad Educativa N.º 7160 cuenta con respaldo institucional e histórico: fue creada en 2004 bajo el decreto provincial N.º 795 con el objetivo inicial de atender a estudiantes en contextos de encierro. Según la explicación oficial, a lo largo de los años dicha figura se empleó como una herramienta de administración interna para reubicar personal, regularizar situaciones de revista y cubrir distintas vacantes transitorias requeridas por el sistema escolar salteño.

El encuentro en la Cámara baja pondrá bajo análisis la documentación oficial, el listado de docentes asignados y los legajos administrativos para esclarecer el destino y funcionamiento real de las partidas presupuestarias involucradas.