El discurso de austeridad del Gobierno Nacional enfrenta una nueva contradicción interna tras conocerse la actualización de las remuneraciones para la alta plana política. A través del decreto 931/2025, el presidente Javier Milei autorizó el descongelamiento de los salarios para más de 1.000 funcionarios, quienes acumularán un aumento del 123,8% en solo cinco meses. Esta medida beneficia directamente a ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades superiores de organismos públicos y empresas del Estado.

El ajuste salarial, que se percibirá en los primeros días de junio, establece una escala de ingresos que contrasta con la realidad económica del país:

• Ministros: Pasaron de un ingreso bruto de $3.584.006 en diciembre a $8.019.338 en mayo.

• Secretarios: Sus sueldos escalaron desde los $3.282.709 en diciembre hasta alcanzar los $7.345.634 brutos en mayo.

• Subsecretarios: Percibirán en junio un salario de $6.761.656, habiendo cobrado $2.981.513 en diciembre.

A pesar de que el Presidente insiste en que él es a quien «peor le fue» por no modificar su propio sueldo ni el de la vicepresidenta Victoria Villarruel, la medida alcanza a toda su estructura de confianza, incluyendo a su hermana, la secretaria general Karina Milei, y al vocero Manuel Adorni.

Desde el entorno oficial, justifican esta decisión amparándose en la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y el riesgo de una «fuga de funcionarios» hacia el sector privado. Argumentan que se trata de un «sinceramiento» para otorgar valor a quienes firman resoluciones del Estado, alegando que el ajuste se realizó tomando como base las paritarias de los empleados públicos.

Sin embargo, el decreto lleva la firma del propio Adorni y del ministro de Interior, Diego Santilli, e incluye una cláusula que suspende los aumentos automáticamente si se llega a romper el equilibrio fiscal. Esta nueva actualización salarial de la «planta política» surge tras las presiones internas generadas por las dietas de legisladores y senadores, que ya habían alcanzado cifras millonarias en meses anteriores.

En un giro inesperado pero forzado por la Justicia Federal, el Gobierno Nacional anunció que acatará la medida cautelar que ordena reinstalar el programa «Volver al Trabajo». La decisión se conoció hoy a través de una resolución de la Secretaría de Trabajo, luego de la fuerte presión ejercida por organizaciones sociales y presentaciones judiciales que cuestionaron la baja masiva del plan.

Hace un mes, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había dispuesto la baja del programa que otorga un subsidio de $78.000 mensuales a trabajadores informales que participan en proyectos socioproductivos y de formación. Esta medida impactaba directamente sobre casi un millón de argentinos.

La respuesta no se hizo esperar: las organizaciones sociales iniciaron un plan de lucha que combinó cortes de ruta y ollas populares con una estrategia legal. El pasado 21 de abril, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, emitió una cautelar a favor de un amparo colectivo, ordenando al Ejecutivo suspender el recorte.

Para nuestra provincia, la noticia tiene una relevancia económica mayúscula. Según datos oficiales:

• Beneficiarios: Alcanza a poco más de 52.000 salteños.

• Inyección económica: El programa representa un flujo de 4.114 millones de pesos mensuales que circulan en Salta.

• Dinamismo local: Estos fondos son vitales para el consumo en comercios barriales y las economías regionales.

Si bien el Gobierno Nacional confirmó que efectuará las gestiones para cumplir con la manda judicial, también adelantaron que apelarán la cautelar para intentar sostener su política de ajuste.

Desde Libres del Sur Salta, celebraron el logro pero advirtieron que la lucha continúa: «El derecho se conquista en la justicia, pero se defiende en la calle». Por ahora, la resolución garantiza que los 900 mil trabajadores informales del país vuelvan a percibir el beneficio mientras se dirime la cuestión de fondo en los tribunales.

Si hubiera un programa de «viajero frecuente» para presidentes, Javier Milei ya tendría millas suficientes para llegar a la Luna. Su tercer arribo a Israel desde que asumió el mando vuelve a encender una alarma que va más allá de la diplomacia: la creciente sospecha de que la agenda oficial de la Argentina está siendo moldeada por las inclinaciones místicas y personales del hombre que conduce el país.

La imagen del domingo fue, por decir poco, pintoresca. El Presidente de una nación con el 50% de pobreza fue filmado arriba de un escenario en Jerusalén, ensayando el clásico “Libre” de Nino Bravo junto a estrellas del pop israelí.

¿Es necesario que un Jefe de Estado, en medio de una crisis económica asfixiante, dedique tiempo de su agenda oficial a ensayar dotes de cantor para una fiesta patria ajena? Para muchos, este «costado rockstar» de Milei no hace más que profundizar la sensación de desconexión con un interior argentino que padece el parate de la obra pública y el encarecimiento de la vida diaria.

El itinerario de la visita refuerza la duda del título: recibió un Doctorado Honoris Causa, visitó una academia de estudios talmúdicos, mantuvo un encuentro con rabinos, cantó «Libre» en los ensayos por el Día de la Independencia de Israel, y como si fuera poco visitó el Santo Sepulcro y volvió nuevamente al Muro de los Lamentos.

Resulta difícil encontrar en este cronograma reuniones que apunten a destrabar exportaciones de carne salteña o atraer inversiones industriales que generen empleo inmediato. En cambio, parece una travesía diseñada para la satisfacción intelectual y religiosa del mandatario, financiada —claro está— por el erario público.

El gran anuncio económico del domingo fue la confirmación de vuelos directos de la empresa El Al entre Buenos Aires y Tel Aviv para noviembre. Es paradójico: en un país donde la clase media lucha para llenar el tanque de nafta para ir a trabajar, el Presidente celebra una ruta aérea de 16 horas que solo podrá disfrutar una ínfima minoría.

Más allá de lo espiritual, Milei ratificó la mudanza de la embajada a Jerusalén y firmó los «Acuerdos de Isaac». En términos de política exterior, esto es jugar con fuego en un polvorín. El Presidente está rompiendo una tradición histórica de neutralidad argentina que nos protegía de conflictos lejanos. Al alinearse de forma tan personal y estridente, no solo compromete al Estado nacional, sino que expone al país a represalias geopolíticas en un escenario internacional cada vez más inestable.

Mientras tanto, en Salta y el resto de las provincias, el «ancla» sigue siendo el ajuste. Pareciera que para el Presidente, la libertad es un concepto que se canta mejor en Jerusalén que el que se gestiona en las rutas y escuelas del norte argentino.