La Justicia de Metán dispuso hoy trabar embargo preventivo sobre fondos que pudiera tener depositados o que se depositen en cuentas bancarias pertenecientes a Corredores Viales por la suma de $2.000.000 en concepto de capital, más $800.000, para responder por accesorios legales, por no reparar la ruta nacional 9/34.

La resolución es del juez del Tribunal de Juicio, Sebastián Fucho, quien dispuso imponer a la empresa del peaje la aplicación de astreintes diarios de $2.500.000 por el incumplimiento de una resolución dictada en el marco de un recurso de amparo.

El magistrado le había aplicado con anterioridad una multa, como daño punitivo, a la prestataria de $2.000.000 y especificó que esos fondos serán destinados al hospital Del Carmen de Metán.

En febrero pasado Fucho hizo lugar a una acción de amparo y ordenó a Corredores Viales S.A que proceda a la inmediata reparación de la ruta nacional 9/34, entre los kilómetros 1.446 y 1460, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento.

En ese momento el plazo para la reparación era de 20 días corridos, contados a partir de la notificación de la resolución. Pero luego Corredores Viales apeló la resolución del magistrado metanense.

Fucho ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad ejercer su rol como autoridad de aplicación de control de las concesiones viales, para verificar las normas del buen arte de construir y las especificaciones técnicas.

El amparo fue presentado por la concejal María José Bernis, como usuaria de la ruta, para exigir su reparación urgente, con la representación del joven abogado metanense, Tomás Delgado. También adhirió a la presentación el intendente, José María Issa.

La acción es en contra de Corredores Viales S.A., empresa que tiene a cargo el cobro del peaje en Cabeza de Buey, del organismo de control de concesiones viales y de la Dirección Nacional de Vialidad de Salta.

Fuente: El Tribuno

Los hechos fueron denunciados por la madre de la menor. Fue al tomar conocimiento de que ésta había sido vulnerada en su integridad sexual por su padre mientras convivían.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación Las Lajitas, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra un hombre de 43 años como autor del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo, la minoridad y por la convivencia preexistente.

La mujer denunció en noviembre de 2022 que el padre de sus hijos, había sometido a una adolescente de 14 años a distintos actos que vulneraron su integridad sexual. Esto se produjo estando los menores a su cuidado.

La jueza Carolina Poma Salvadores le impuso una pena de 5 años de prisión de ejecución efectiva y dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.

El acusado llegó a juicio por cometer delitos contra la propiedad en Rosario de la Frontera y la localidad de El Jardín.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, en la audiencia flexible y multipropósito, donde Federico Javier Vicente Moreno fue condenado en juicio abreviado como autor de los delitos de robo simple (3 hechos); tentativa de hurto simple; robo agravado en despoblado; estelionato; robo agravado con arma de fuego de utilería y hurto simple en concurso real.

El acusado admitió ante el juez Mario Teseyra su participación en varios delitos contra la propiedad cometidos tanto en Rosario de la Frontera como en El Jardín. Como resultado, fue condenado a cumplir una pena de 3 años y 6 meses de prisión, la cual se llevará a cabo de manera efectiva.