El gobierno de Sáenz busca darle impunidad legal a los grandes productores agropecuarios para que puedan arrasar con los bosques de Salta.” Afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Sin embargo, Argentina firmó recientemente un compromiso climático de Deforestación Cero para el año 2030, por lo que las provincias deberían ir en esa dirección”.

La organización ecologista advirtió que la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola lo establecido por la Ley Nacional de Bosques ya que permite desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté; y porque para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.

“Insólitamente, el proyecto de Ordenamiento incluye una Categoría Amarilla con un círculo verde, en la que se permitirá autorizar desmontes, por lo que en realidad se trata de una zona verde encubierta. Estamos ante una evidente flexibilización de la norma para permitir deforestar donde hasta hoy no se puede”, afirmó Cruz.  

Salta es una de las provincias con más deforestación del país en las últimas décadas. Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas, muchas de manera ilegal.

“Instamos al gobernador Sáenz y a los legisladores provinciales a que no aprueben este ordenamiento territorial, ya que será una catástrofe para el ambiente y para las comunidades indígenas y campesinas. Es un retroceso ilegal e inadmisible. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.

La concejala capitalina con mandato cumplido Paula Benavides, asumirá el cargo de secretaria de Gobierno de la provincia, reemplazando a Rodrigo Monzo.

Paula Benavides tuvo una destacada participación en la política local. Como exconcejal de Salta Independiente, trabajó en diversas iniciativas para mejorar la gestión municipal y fortalecer la transparencia en el gobierno. Además, dentro del curriculum posee títulos de abogada, mediadora y de haber sido Vicepresidenta 2º del Concejo Deliberante de Salta.

El nombramiento de Benavides se enmarca en los recientes cambios efectuados por el gobernador Sáenz, quien busca optimizar la administración provincial y responder de manera más efectiva a las demandas ciudadanas. La nueva secretaria de Gobierno asumirá sus funciones con el objetivo de continuar con las políticas de modernización y eficiencia que han caracterizado la gestión actual.

Paula Benavides enfrentará varios desafíos en su nuevo rol, incluyendo la necesidad de mantener la cohesión dentro del equipo de gobierno y la implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y social de la provincia.

En Las Lajitas, una pareja de enfermeros fue condenada por intentar inscribir como propia a una bebé de 12 días que les había sido entregada por su madre biológica en Tucumán. El caso, que despertó alarma por las irregularidades detectadas, fue llevado a juicio gracias a las investigaciones realizadas en el hospital local.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio, donde Romina Roxana Rea fue condenada como autora del delito de suposición de estado civil e identidad en perjuicio de la menor, y Juan Alejandro Reyes como partícipe necesario del mismo delito. Ambos también fueron hallados culpables de falsificación de documentos en concurso real.

El hecho ocurrió en septiembre de 2021, cuando Rea se presentó en el hospital de Las Lajitas intentando obtener un certificado de nacido vivo para la bebé, alegando que el parto ocurrió en el campo y que fue asistido por su pareja, quien es enfermero. Sin embargo, las averiguaciones realizadas por el gerente del hospital, Claudio Jesús Núñez, evidenciaron contradicciones y adulteraciones en los documentos presentados.

Las investigaciones determinaron que la bebé había sido entregada a la pareja por su madre biológica en Tucumán y luego trasladada a Las Lajitas, donde intentaron registrarla como propia mediante maniobras fraudulentas.

El juez Ramón Haddad, tras recibir la confesión de los acusados y con acuerdo de las partes, les impuso una condena de tres años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta.