El fiscal multifuero N.º 2 de Joaquín V. González, Cesar Saravia, a través de la delegación fiscal con asiento en Las Lajitas, imputó de forma provisional a tres hombres de 18, 22 y 42 años como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación se inició a partir de tareas de inteligencia que apuntaban a la presunta actividad ilícita de los acusados en el barrio 3 de Abril. Ante esa hipótesis, se dispusieron diversas medidas tendientes a verificar los hechos denunciados. Con los elementos de convicción reunidos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías interviniente las órdenes de allanamiento correspondientes.

Los procedimientos se concretaron en dos domicilios vinculados a los investigados, desde donde se secuestraron microdosis de sustancias estupefacientes, una suma no precisada de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Como los tres hombres fueron detenidos en flagrancia, la causa fue encuadrada bajo proceso sumarísimo. En la audiencia de imputación, el fiscal Saravia solicitó que los acusados continúen detenidos mientras avanza la investigación. La causa sigue su curso en el fuero penal con jurisdicción en Las Lajitas.

Un hombre de 36 años fue condenado a seis meses de prisión de ejecución condicional por ejercer violencia física y verbal contra su pareja, en el marco de una causa que fue tramitada mediante juicio abreviado en la Sala II del Tribunal de Juicio de Joaquín V. González.

La fiscal penal María Celeste García Pisacic, interina en la delegación del Ministerio Público Fiscal de Las Lajitas, representó la acusación en la audiencia. El magistrado Sebastián Fucho dictó la condena luego de que el imputado admitiera los hechos y se alcanzara un acuerdo entre las partes.

El fallo incluyó, además, una serie de reglas de conducta que el condenado deberá cumplir estrictamente. Entre ellas se destaca la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia contra la víctima, así como la obligación de iniciar y acreditar tratamiento psicológico ante la Oficina Judicial (OFIJU).

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la mujer, quien manifestó que venía siendo víctima de agresiones reiteradas por parte del hombre con quien convivía. Según su relato, el episodio que la llevó finalmente a radicar la denuncia ocurrió cuando fue insultada, golpeada con los puños y agredida con el cable de un cargador de celular.

La víctima expresó que decidió pedir ayuda por temor a que la violencia continuara escalando. La investigación permitió establecer los hechos denunciados, configurando los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, y amenazas, en concurso real.

En el marco de un juicio abreviado, un hombre de 53 años fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple agravado por la guarda, la minoridad y la convivencia. La audiencia se llevó a cabo ante la Sala II del Tribunal de Juicio de Joaquín V. González, con la intervención de la fiscal penal N° 1, María Celeste García Pisacic, quien actuó de manera interina en la delegación del Ministerio Público Fiscal con sede en Las Lajitas.

El proceso judicial se inició tras una denuncia presentada por la asesora de Incapaces de Joaquín V. González, María Zenzano Poma, en representación de un niño de 10 años, víctima de actos que atentaban contra su integridad sexual. Según consta en la causa, los hechos fueron cometidos por la pareja de la madre del menor y habrían ocurrido en reiteradas oportunidades dentro del ámbito de convivencia.

Durante la audiencia, el acusado reconoció su responsabilidad penal, lo cual fue tenido en cuenta por el juez Sebastián Fucho al momento de dictar sentencia. La condena impuesta incluye el cumplimiento de estrictas reglas de conducta, entre ellas la realización de tratamiento psicológico, la prohibición de acercamiento a la víctima y su grupo familiar, y la obligación de fijar domicilio y someterse a control judicial.

Asimismo, el magistrado ordenó la incorporación del condenado al Banco de Datos Genéticos, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de delitos contra la integridad sexual.