En una resolución que generó fuertes cuestionamientos sobre los estándares de control judicial hacia los funcionarios del Ejecutivo, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa penal contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, deje de investigarse bajo la figura de presunto enriquecimiento ilícito y sea remitida a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si existió evasión tributaria.

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El dictamen judicial concluyó que la prueba acumulada no permite sostener que se haya producido un enriquecimiento injustificado durante el ejercicio de la función pública, formalizada en diciembre de 2023. No obstante, el pedido fiscal no representa un sobreseimiento definitivo, ya que subsisten firmes indicios de que sumas millonarias en dólares, moneda local y criptoactivos permanecieron durante años al margen de los registros fiscales y fuera del circuito formal.

La investigación patrimonial llevada adelante por la fiscalía había detectado movimientos de dinero de alto impacto y escaso respaldo bancario:

• Gastos relevados: Se detectaron erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 fueron canceladas en billetes en efectivo.

• Brecha financiera: Se comprobó un desfasaje de $43.068.549 entre los ingresos legítimos y bancarizados de la sociedad conyugal y el volumen global de gastos, adquisiciones y cancelación de pasivos.

• Operaciones analizadas: Compra de un lote en el barrio cerrado Indio Cuá, refacciones, mobiliario, escrituración de un inmueble sobre la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y colegiaturas; transacciones que en gran parte se concretaron por fuera del sistema bancario o mediante la intermediación de terceros.

El descargo del vocero: la justificación en Bitcoin

Al momento de formular su descargo formal ante la Justicia, la defensa de Adorni adujo que el origen de los fondos radica en una temprana inversión en criptomonedas. Sostuvo que entre 2014 y 2018 operó ocho billeteras virtuales de autocustodia, donde habría invertido cerca de USD 200.000 para luego liquidar activos por un valor final de USD 591.544,61, dinero que posteriormente conservó en efectivo.

Pollicita consideró que esa versión «no pudo ser desmentida con la prueba disponible». En términos de estricto derecho penal, el enriquecimiento ilícito exige acreditar un incremento patrimonial injustificado producido con posterioridad a la asunción en la función pública, o bien ligado a un acto funcional corrupto. Al situar la defensa el origen de los fondos en la actividad privada previa, la Fiscalía consideró que la hipótesis de corrupción pública no cuenta con sustento procesal para prosperar en Comodoro Py.

A ello sumó la acreditación de compras conjuntas de divisas por USD 83.472 entre 2011 y 2015, y la venta de un inmueble heredado en La Plata por USD 50.000, considerándolo un contexto económico compatible con la inversión inicial alegada.

Aunque el dictamen reconoce que la propia defensa admitió que parte de lo volcado en rectificaciones posteriores era «materia antes no declarada» que estuvo deliberadamente oculta «del radar de ARCA» (ex AFIP), el cambio de fuero diluye la gravedad institucional de la causa.

La derivación a Penal Económico orienta el trámite hacia un litigio tributario que habitualmente se dirime mediante regularizaciones, planes de pago o prescripciones, contrastando con el estándar de exhaustividad que suele aplicarse a los contribuyentes comunes. Ahora, el juzgado federal interviniente deberá resolver si convalida la postura de la fiscalía o mantiene abierta la investigación en el fuero penal ordinario.

Una fuerte controversia sobre las pautas de conducta laboral y las costumbres arraigadas en las oficinas públicas se desató en la provincia de Chaco. La Municipalidad de Barranqueras prohibió formalmente que los empleados tomen mate durante los horarios de atención al público, una medida impulsada directamente por la intendenta local, Magda Ayala, con el objetivo de agilizar los trámites vecinales.

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La mandataria chaqueña ratificó y defendió la decisión durante una entrevista en un programa de streaming, donde remarcó la necesidad de jerarquizar el trato hacia los contribuyentes que acuden a realizar gestiones a las dependencias comunales.

Ayala fundamentó la prohibición señalando que las pausas para cebar o compartir la infusión derivan en demoras injustificadas para los ciudadanos:

«El vecino que entra a la municipalidad —ya sea a Catastro, Industria y Comercio, al Juzgado de Faltas o a Empleo— tiene que ser bien atendido y no tiene por qué estar esperando que uno termine de tomar mate», sentenció la jefa comunal.

La titular del Ejecutivo municipal puso especial énfasis en las oficinas recaudatorias y de trámites comerciales, asegurando que la medida busca instaurar un esquema de atención más ordenado y riguroso.

La comparación con los trabajadores de calle

Para justificar la exigencia puertas adentro, la intendenta comparó la dinámica de los escritorios con el esfuerzo de los operarios de campo:

«Los que están trabajando en la calle no tienen mate. Los agentes de limpieza, de alumbrado o de tránsito no llevan mate mientras cumplen sus tareas», sostuvo.

Por último, Ayala recordó que la totalidad de los sueldos y la estructura comunal se financian mediante los impuestos de los vecinos y la coparticipación, por lo que consideró imprescindible que el personal priorice la celeridad y el respeto por el tiempo de quienes sostienen las cuentas públicas.

En una Argentina castigada por el ajuste fiscal, la pérdida del poder adquisitivo y el recorte salvaje de partidas destinadas a salud, educación, infraestructura y subsidios al transporte en el interior, el Gobierno nacional encontró una llamativa excepción para su promocionada motosierra: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

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Bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo, el Ejecutivo activó una campaña publicitaria en la vía pública para reclutar nuevos agentes secretos, apelando a una particular estética épica: afiches con la figura de un guerrero romano coronado con laureles y portando una bandera argentina, bajo la consigna «Buscamos a los mejores».

«No hay plata», pero sobran fondos para el espionaje

La iniciativa desata una contradicción insostenible en el discurso libertario. Según datos oficiales y registros del Presupuesto 2027, el Estado nacional ya eliminó 81.108 puestos de trabajo y mantiene en marcha un plan de retiros voluntarios para expulsar a otros 21.000 empleados. Sin embargo, ese drástico achique excluyó de cuajo a las estructuras de inteligencia y defensa.

Mientras a los gobernadores se les niegan fondos para reparar rutas destruidas, a los hospitales se les retacean insumos básicos y al interior se le niegan subsidios elementales para que un trabajador viaje en colectivo, el oficialismo decide engrosar las filas de los servicios secretos con la pretensión de montar una estructura «al estilo de la CIA» estadounidense.

Búsqueda con tintes épicos en medio de sospechas

La convocatoria pública, encabezada por el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, y el subsecretario José Lago Rodríguez, invita a cualquier ciudadano con secundario completo a inscribirse en la web oficial hasta el 30 de noviembre. El llamado apela a slogans pomposos como «trabajar incansablemente en situaciones de alto riesgo y sin reconocimiento», para captar desde analistas y perfiles técnicos hasta personal administrativo.

La repentina expansión de la central de espías cobra mayor gravedad por el contexto en el que se gesta: una SIDE manejada tras las sombras por Santiago Caputo, quien viene acumulando poder en la estructura gubernamental y cuestionamientos mediáticos por su rol en operaciones opacas.

En un país donde más de la mitad de la población sobrevive bajo la línea de pobreza y las provincias padecen la indiferencia del poder central, la decisión de financiar una legión de espías mediante afiches imperiales deja en claro cuáles son las verdaderas prioridades del Gobierno: blindar su aparato de control mientras predica un equilibrio fiscal que solo ajusta a la gente común.