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Argentina

Diputados aprobaron la prórroga de la emergencia sociosanitaria

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La Cámara de Diputados otorgó ayer media sanción al proyecto de ley que envió el gobernador Gustavo Sáenz a la Legislatura para mantener la urgencia sociosanitaria por 180 días más en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia.

El proyecto de ley, que fue aprobado con 55 votos a favor, ahora será tratado por el Senado y también faculta al Ejecutivo provincial a ampliar la medida por decreto por otros 180 días más. El PO se abstuvo de votar.

La declaración de emergencia en los departamentos del norte salteño fue establecida por DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) en enero de este año, por 180 días, luego del fallecimiento de seis niños indígenas por desnutrición y por la situación de riesgo de esa franja.

El DNU se convirtió en la ley 8185 y luego la urgencia fue prorrogada por 90 días más a través del Decreto 443/2020, plazo que finaliza este mes.

La medida fue adoptada para cubrir las necesidades de alimentación, salud y la dotación de agua segura de los pobladores de esas zonas del norte provincial, una situación que según dijeron legisladores del departamento Orán se mantiene a pesar de los esfuerzos.

La nueva prórroga mantiene el objetivo de abordar la crítica situación sociosanitaria por la que atraviesa la población en los tres departamentos, en particular de aquellos sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, señalo Sáenz en el mensaje que adjuntó al proyecto de ley.

No obstante, desde el Gobierno se hizo notar que pese a los enormes esfuerzos efectuados, la crítica situación de la zona se vio profundizada por la pandemia de COVID-19, resultando esa zona una de las más afectadas de la provincia, situación que conlleva al Estado a ahondar las medidas que se venían impulsando.

Impacto

Sáenz señaló finalmente que el escenario descripto denota la imperiosa necesidad de prorrogar el estado de emergencia sociosanitaria para continuar implementando políticas públicas tendientes a la asistencia de sectores que atraviesan «una situación de mayor vulnerabilidad, en especial las comunidades indígenas, pues en ellas ha impactado con mayor gravedad la crisis».

Durante el extenso debate, desde la oposición se subrayó que aún no se resolvió el problema social y sanitario y que la situación «se agudizó», enfatizó la diputada por Orán Jorgelina Juárez.

El diputado Jesús Villa sostuvo que «poco y nada se hizo en este tiempo», remarcó que la situación de los hospitales de Rivadavia es crítica, que hay mucho relevamiento y nada de soluciones y que la presencia de MARCELO TINELLI fue «para la foto» porque subsisten los mismos problemas con la falta de agua.

La réplica no se hizo esperar y diputados oficialistas, a quienes se considera espadachines del Grand Bourg, defendieron las gestiones que viene realizando el Ejecutivo provincial.

Javier Diez Villa señaló que llama la atención que no se reconozca el esfuerzo que hace el Gobierno por revertir una realidad de décadas de desinversión y puntualizó que Sáenz no gobierna mirando el espejo retrovisor, sino que se hace cargo de los problemas.

A pesar de la consigna autoimpuesta de «no mirar para atrás», legisladores oficialistas cuestionaron «las pocas obras» que se concretaron en el norte con el millonario préstamo que tomó en dólares la gestión de JUAN MANUEL URTUBEY y cuya deuda se tiene que seguir pagando.

En esa línea, Diez Villa sostuvo que se endeudó a la Provincia en millones de dólares a tasas increíbles con el famoso FRH (Fondo de Reparación Histórica). Dijo que con ese fondo estaban previstas «200 obras y solo se proyectaron 14 para el sistema sanitario» y subrayó que, por lo tanto, «lo que nos toca vivir hoy tiene una causa».

El diputado capitalino detalló luego numerosas obras de agua que están gestionadas y proyectadas con los correspondientes recursos para localidades del norte provincial y en especial para los tres departamentos en emergencia .

En su intervención, el opositor Carlos Zapata analizó que sin duda la actual gestión «recibió un irresponsable manejo del gobierno anterior», recordó que «Sáenz votó por el FRH cuando fue senador» y remarcó la necesidad de que se rinda cuenta de las acciones que se realizan en el marco del estado de emergencia.

Tras señalar que cuando al oficialismo se le habla de controlar «es como echarle agua bendita al diablo», puntualizó que la realidad no se cambia con promesas y discursos, sino trabajando y con una planificación concreta.

La insinuación de falta de planificación fue respondida enfáticamente por la diputada Socoro Villamayor, quien tras pedir no ser miope señaló que «no existe plan en época de emergencia». Dijo que se puede gestionar «como lo hace el gobernador, que actúa con responsabilidad» y pidió fijarse bien porque «no vaya a ser que se tropiecen con la lengua».

“No hay peor sordo”

El debate por el proyecto que prorroga por otros 180 días más la emergencia social y sanitaria en Orán, Rivadavia y San Martín, generó un contrapunto con el uso de un adagio y un término en latín.

Para contrarrestar críticas, el oficialista Javier Diez Villa apeló al dicho popular: “no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver”.

Desde la vereda opositora, el diputado Carlos Zapata, respondió: “Res Non Verba” y aclaró que en latín quiere decir “necesitamos hechos no palabras”.

Para hacer notar la incomodidad que le genera la palabra control a los legisladores alineados con el Grand Bourg, Zapata disparó una frase venenosa: “Cuando al oficialismo se le habla de controlar es como echar agua bendita al diablo”.

En tanto, la diputada Socorro Villamayor pidió a los opositores fijarse bien en los términos que utilicen cuando hablan porque no vaya a ser cosa “que se tropiecen con la lengua”.

El gobernador Gustavo Sáenz informó al enviar el proyecto que se adoptaron un conjunto de acciones y destacó la ejecución de reservorios de agua segura en diversos parajes y la priorización de la atención alimentaria de la población, entre otras numerosas acciones, que a la fecha han dado “resultados satisfactorios”.

Fuente: El Tribuno.

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Salta

Greenpeace: “El gobernador de Salta busca legalizar la impunidad para desmontar”

Greenpeace denunció que el gobierno provincial pretende que la legislatura apruebe antes de fin de año una flexibilización de la Ley Bosques que validará los desmontes ilegales ya realizados y permitirá la autorización de desmontes por más de 700.000 hectáreas, incluso en zonas donde hoy no está permitido.

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El gobierno de Sáenz busca darle impunidad legal a los grandes productores agropecuarios para que puedan arrasar con los bosques de Salta.” Afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “Sin embargo, Argentina firmó recientemente un compromiso climático de Deforestación Cero para el año 2030, por lo que las provincias deberían ir en esa dirección”.

La organización ecologista advirtió que la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta viola lo establecido por la Ley Nacional de Bosques ya que permite desmontes en 720.000 hectáreas, una superficie sumamente excesiva; valida los desmontes ilegales ya realizados y no obliga a su restauración; habilita a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provoca la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté; y porque para su elaboración no fueron consultadas las comunidades indígenas.

“Insólitamente, el proyecto de Ordenamiento incluye una Categoría Amarilla con un círculo verde, en la que se permitirá autorizar desmontes, por lo que en realidad se trata de una zona verde encubierta. Estamos ante una evidente flexibilización de la norma para permitir deforestar donde hasta hoy no se puede”, afirmó Cruz.  

Salta es una de las provincias con más deforestación del país en las últimas décadas. Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas, muchas de manera ilegal.

“Instamos al gobernador Sáenz y a los legisladores provinciales a que no aprueben este ordenamiento territorial, ya que será una catástrofe para el ambiente y para las comunidades indígenas y campesinas. Es un retroceso ilegal e inadmisible. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.

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Salta

Paula Benavides será la nueva secretaria del Gobierno Provincial

La exconcejal y apoderada del partido Salta Independiente reemplazará a Rodrigo Monzo en el cargo.

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La concejala capitalina con mandato cumplido Paula Benavides, asumirá el cargo de secretaria de Gobierno de la provincia, reemplazando a Rodrigo Monzo.

Paula Benavides tuvo una destacada participación en la política local. Como exconcejal de Salta Independiente, trabajó en diversas iniciativas para mejorar la gestión municipal y fortalecer la transparencia en el gobierno. Además, dentro del curriculum posee títulos de abogada, mediadora y de haber sido Vicepresidenta 2º del Concejo Deliberante de Salta.

El nombramiento de Benavides se enmarca en los recientes cambios efectuados por el gobernador Sáenz, quien busca optimizar la administración provincial y responder de manera más efectiva a las demandas ciudadanas. La nueva secretaria de Gobierno asumirá sus funciones con el objetivo de continuar con las políticas de modernización y eficiencia que han caracterizado la gestión actual.

Paula Benavides enfrentará varios desafíos en su nuevo rol, incluyendo la necesidad de mantener la cohesión dentro del equipo de gobierno y la implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y social de la provincia.

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Las Lajitas

Enfermeros de Lajitas condenados por intentar registrar como propia a una recién nacida

Una pareja de enfermeros de Las Lajitas fue condenada por intentar registrar como propia a una bebé recién nacida.

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En Las Lajitas, una pareja de enfermeros fue condenada por intentar inscribir como propia a una bebé de 12 días que les había sido entregada por su madre biológica en Tucumán. El caso, que despertó alarma por las irregularidades detectadas, fue llevado a juicio gracias a las investigaciones realizadas en el hospital local.

La fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio, donde Romina Roxana Rea fue condenada como autora del delito de suposición de estado civil e identidad en perjuicio de la menor, y Juan Alejandro Reyes como partícipe necesario del mismo delito. Ambos también fueron hallados culpables de falsificación de documentos en concurso real.

El hecho ocurrió en septiembre de 2021, cuando Rea se presentó en el hospital de Las Lajitas intentando obtener un certificado de nacido vivo para la bebé, alegando que el parto ocurrió en el campo y que fue asistido por su pareja, quien es enfermero. Sin embargo, las averiguaciones realizadas por el gerente del hospital, Claudio Jesús Núñez, evidenciaron contradicciones y adulteraciones en los documentos presentados.

Las investigaciones determinaron que la bebé había sido entregada a la pareja por su madre biológica en Tucumán y luego trasladada a Las Lajitas, donde intentaron registrarla como propia mediante maniobras fraudulentas.

El juez Ramón Haddad, tras recibir la confesión de los acusados y con acuerdo de las partes, les impuso una condena de tres años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta.

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