La Cámara de Diputados aprobó anoche un proyecto de «ficha limpia», para impedir que aquellas personas que tengan una condena penal en segunda instancia estén impedidas de participar como candidatas a ocupar cargos electivos.

La iniciativa contó con el apoyo de 53 legisladores, mientras que en forma negativa votó el representante del Partido Obrero, Claudio del Plá, por considerar que la normativa sería de imposible cumplimiento mientras la Justicia salteña aparezca como el poder que define quién puede ser candidato, cuando, aseguró, este sector «responde al poder político».

Del Plá ironizó con el proyecto al considerar que «parece que la ficha limpia tendría poderes mágicos porque curaría al sistema (político). Lamentablemente no hay ni para empezar con esta ley que, tal vez, legítimamente se quiere impulsar», aseguró Del Plá al considerar que «la corruptela es parte del sistema político del capitalismo, no se resuelve con un sistema de ficha limpia».

La postura de Del Plá, de hecho, fue compartida por muchos de los diputados, quienes cuestionaron la actuación (o la falta de ella) por parte de la Justicia a la hora de castigar hechos de corrupción vinculados al poder. No obstante, la mayoría coincidió en que se trata de una herramienta o punto de partida para empezar a depurar la política, ya que la sociedad no admite la falta no solo de idoneidad sino de ética por parte de la dirigencia política.

El debate tuvo pasajes interesantes que anticipan lo que será la aplicación de la norma, en caso de avanzar en el Senado, donde desde algunos sectores se planteó que se podría estar incurriendo en la sanción una norma carente de validez por contraponerse a la Constitución Nacional, mientras que también se planteó que a partir de la Reforma de 1994, hay pasajes de la Carta Magna que hace posible sancionar una ley de estas características.

La diputada Laura Cartuccia presentó el proyecto e hizo hincapié en definir la corrupción y expuso que este es uno de los problemas graves de la política que genera desconfianza en la sociedad.

«Los efectos de la corrupción implican una disminución de beneficios a la sociedad», dijo y señaló que «la intención es poner el requisito de la ficha limpia para dar transparencia al sistema político» y que anhelan que «en el futuro se tome esta herramienta como base para los cargos que se designen en el Poder Ejecutivo».

Destacó que «»ficha limpia’ es un movimiento ciudadano nacido en 2018 que hoy está presente en diez provincias con distintas miradas sobre los alcances», pero en la coincidencia de la necesidad de poner un límite para la elegibilidad de «personas con sentencia en segunda instancia», y remarcó que la iniciativa «va en favor de la ética y la moral y busca terminar con los individuos que delinquen y se escudan en los fueros de las legislaturas».

Por su parte el diputado Héctor Chibán, de la Unión Cívica Radical (UCR), uno de los autores del proyecto, destacó que «somos el gran partido de los valores, las convicciones, la república y la democracia, que impulsa este tipo de proyectos a nivel nacional y en todos los distritos provinciales donde se ha impulsado el proyecto de ficha limpia».

«Es el pedido de la ciudadanía a la política: que la corrupción no es compatible con la administración política, no puede estar en la cosa pública», manifestó y señaló que con esta norma «Salta está dando un gran paso en este sentido».

Pero remarcó que «ficha limpia necesita que las instituciones funcionen en Salta» para ser una ley exitosa.

El diputado radical dijo además que «quienes promueven ficha limpia también impulsan la boleta única de papel, porque purifica el sistema electoral, igual que las PASO y los jueces independientes».

Por su parte, la diputada del Frente Renovador, Cristina Fiore, se preguntó si podemos agregar requisitos a los expuestos en la Constitución y manifestó que los diputados tienen que «suplir una falencia tremenda del Poder Judicial, cuyas causas tienen una demora promedio de 23 a 24 años para dejar sentencias en firme. ¿Qué clase de Justicia es esa?», cuestionó y dijo que «se plantea un debate constitucional muy interesante», porque «las sanciones pueden ser penales y administrativas sin que sea doble castigo».

Aprobaron el proceso de transición

La Cámara baja aprobó anoche también y giró al Senado el proyecto para regular el proceso de transición en los cambios de administración del Poder Ejecutivo provincial y de los ejecutivos municipales, en el que las autoridades en ejercicio tienen la obligación de suministrar a las autoridades electas la información pertinente sobre el estado general de la administración.

Según el artículo segundo del dictamen aprobado, los funcionarios del gobierno saliente y los representantes del gobierno electo cumplirán los pasos legales pertinentes de manera ordenada y eficaz, absteniéndose de generar acciones que obstaculicen el proceso de transición gubernamental o perturben la normalidad de la gestión de los actos de gobierno.

El proyecto tuvo un largo debate, ya que una parte de la oposición apoyaba en general la iniciativa pero solicitaba devolver el proyecto a comisión para corregir algunos puntos que consideraban erróneos. Sin embargo, los legisladores del oficialismo cerraron filas y aprobaron el proyecto original.

La normativa establece que los funcionarios del gobierno saliente tienen la obligación de cooperar con el proceso de transición y suministrar toda la información pertinente sobre el estado de la administración central, organismos centralizados y/o descentralizados y que en caso de dudas, vacíos legales, ambigüedades o vaguedades referidos a los alcances de la presente ley, se adoptarán medidas que favorecerán la posición del gobierno electo.

La autoridad de aplicación de la ley será la Auditoría General de la Provincia, otro punto que generó controversia, ya que la oposición sugería que sea la Secretaría General de la Gobernación.

Fuente: El Tribuno