Efectivos dependientes del Distrito de Prevención 5, en el sur provincial, llevaron a cabo una operación policial que permitió la localización y recuperación de una camioneta robada en la provincia de Chaco. En el marco de un operativo candado, dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.

El procedimiento se inició pasada la medianoche del sábado, luego de un aviso emitido por las autoridades chaqueñas acerca del robo de un rodado en esa provincia. En respuesta a la alerta, la Policía de Salta implementó un dispositivo de seguridad en la zona sur de la provincia, específicamente en los puntos de control vehicular establecidos en las localidades de El Quebrachal, Tolloche y Gaona sobre la ruta nacional 16.

A los pocos minutos de comenzar el operativo, los efectivos lograron ubicar el vehículo en un retén ubicado a la altura de la localidad de El Quebrachal. Durante el procedimiento, se detuvo a los ocupantes del rodado, dos jóvenes de 19 y 21 años, quienes quedaron a disposición de la justicia.

El operativo contó con la colaboración de unidades especializadas y efectivos de las dependencias policiales locales, en el marco de un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias.

La Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González tomaron intervención en el caso.

El siniestro vial se produjo en ruta nacional 16, entre las localidades de Gaona y El Quebrachal, donde por causas a establecer un joven de 24 años perdió la vida.

Minutos antes de las 5, personal de Subcomisaria El Quebrachal tomó conocimiento sobre un siniestro vial ocurrido en ruta nacional 16 entre Gaona y El Quebrachal. En consecuencia, se trasladaron hacia el lugar constatando tres vehículos siniestrados y una persona tendida sobre la cinta asfáltica.

Efectivos del Distrito de Prevención 5 y Seguridad Vial realizaron las tareas de preservación y prevención en torno a la escena, mientras que profesionales de la salud determinaron que el conductor de la motocicleta, un joven de 24 años se encontraba sin vida.

Por su parte, el Grupo Técnico Criminalística llevó adelante las tareas técnico-científicas para determinar la mecánica del siniestro.

Intervino la Fiscalía Penal y Juzgado de Garantías de Anta.

El fiscal penal multifueros de Anta, en feria, César Saravia, solicitó ante el juez de Garantías Héctor Sebastián Guzmán la elevación a juicio oral y público de la causa contra José Matías Agüero Almada, de 37 años, quien enfrenta cargos por los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, amenazas y desobediencia judicial, en perjuicio de la Administración Pública.  La solicitud se basa en la sólida evidencia recolectada que vincula al acusado con los hechos denunciados, revelando una conducta persistente y violenta.

Según la denuncia presentada el 24 de noviembre de 2024, la damnificada fue convocada por su expareja a su domicilio en el barrio Sargento Cabral, lugar donde, al coincidir en la puerta de la vivienda, el acusado la empujó por la espalda, provocando que ella chocara contra la pared, lo que resultó en una lesión en el pómulo derecho, constatada por el médico de guardia en el hospital local. 

El incidente dio lugar a un forcejeo entre ambos, mientras el acusado profería insultos y llamaba a familiares y amigos para que se acercaran, alegando que la mujer había acudido a molestarlo, y buscando que fueran testigos de su versión.

Ante la violencia sufrida, la mujer logró retirarse del lugar y se dirigió a la base de la Policía Rural, quienes la trasladaron a la dependencia policial. En su denuncia, la damnificada relató que este no era un caso aislado de violencia, sino parte de un patrón de hostigamiento constante por parte del acusado, quien manipulaba su teléfono celular para escribir mensajes haciéndose pasar por ella. A lo largo del tiempo, había sufrido agresiones físicas de las que fueron testigos su hija y una amiga, además de haber presentado denuncias anteriores, sin que las medidas cautelares dictadas pudieran detener las amenazas y el acoso.

La denunciante también narró episodios de violencia en los que el acusado la obligaba a subirse a su auto y la retenía en su casa, quitándole su ropa y amenazándola con enviar fotos íntimas a sus hijos si no accedía a verlo. A pesar de que los padres del acusado eran conocedores de estos hechos y le prometieron intervenir, nunca tomaron acciones concretas. La mujer expresó su temor por su integridad física debido a las constantes amenazas de muerte que el acusado le profirió en caso de que lo denunciara.

La hija de la denunciante declaró haber sido testigo en varias ocasiones de las consecuencias físicas de la violencia sufrida por su madre, quien ocultaba los moretones y rasguños en brazos, cara y frente, maquillándolos para evitar que se notaran. También relató cómo el acusado rompió el celular de su madre en tres ocasiones, la acosaba estacionando su vehículo cerca de su casa y la llamaba insistentemente por teléfono. Además, la molestaba cuando la mujer visitaba confiterías.

El fiscal Saravia destacó en su requisitoria que las pruebas reunidas son concluyentes y consistentes. No solo el testimonio coherente y detallado de la víctima, sino también los testimonios de testigos que coinciden en las circunstancias periféricas del relato, configuran un cuadro probatorio robusto que permite inferir la participación del acusado en los delitos que se le imputan.