El tablero político salteño acaba de entrar en zona de turbulencias. Mientras los vecinos aún procesan los aumentos de tarifas y los efectos del temporal, en los pasillos de la Legislatura se cocina una reforma que podría cambiar las reglas del juego democrático para siempre: la vuelta encubierta de la Ley de Lemas.

La iniciativa, impulsada por sectores del oficialismo, propone un esquema donde las listas internas de un mismo frente acumulen sus sufragios. Es decir, si un frente presenta cinco candidatos a intendente, los votos de los cinco se suman al final del día para beneficiar al que salió primero dentro de ese grupo.

La gran polémica radica en un escenario muy posible: que gane quien no fue el más votado por la gente. Bajo este sistema, un candidato «A» puede sacar 40.000 votos individuales, pero si el candidato «B» saca 30.000 y sus compañeros de frente suman otros 15.000, el candidato «B» se queda con el cargo.

Para la oposición, esto es una «distorsión de la voluntad popular». Advierten que el sistema favorece a las estructuras de poder más grandes, que tienen la capacidad de llenar el cuarto oscuro con múltiples boletas para «pescar» votos en cada rincón, dejando sin chances a las fuerzas minoritarias o independientes.

¿Orden o estrategia de supervivencia?

Desde el oficialismo, la defensa es pragmática. Argumentan que, tras la eliminación de las PASO, es necesario un mecanismo que permita la participación de distintas corrientes internas sin que el voto se fragmente. Según esta visión, la medida «amplía la participación» y evita que las peleas entre dirigentes terminen rompiendo las alianzas.

Sin embargo, el fantasma de la Ley de Lemas —un sistema que fue desterrado en gran parte del país por considerarse poco transparente— genera un clima de alta sensibilidad institucional.

Los puntos clave de la reforma:

• Alcance Total: No solo afectaría a la gobernación, sino también a intendentes y legisladores.

• Suma de Votos: Las sub-listas funcionan como «colectoras» de votos para la fórmula principal del frente.

• Efecto Post-PASO: Se presenta como la solución al vacío dejado por la suspensión de las elecciones primarias.

La discusión en el período ordinario de marzo promete ser una batalla campal de argumentos. Lo que está en juego no es solo una elección, sino la confianza del ciudadano en que su cruz en la boleta (o su clic en la pantalla) vale lo que representa.

En un paso decisivo hacia la modernización del sistema de seguridad provincial, el Procurador General, Pedro García Castiella, y el Ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, definieron los plazos finales para la implementación del Sistema Informático de Personas Demoradas y Detenidas.

Esta herramienta, desarrollada íntegramente por profesionales informáticos del Ministerio Público Fiscal, permitirá centralizar datos críticos que hasta ahora solían manejarse de forma dispersa. El sistema registrará de manera inmediata:

• Identificación completa del demorado/detenido.

• Horarios exactos de ingreso y egreso.

• Zonas específicas de aprehensión.

• Motivos de la detención y estado del proceso.

El despliegue de este software comenzará de manera estratégica en el Centro de Contraventores Norte de la ciudad de Salta. Para ello, se fijó un calendario de capacitaciones obligatorias para el personal policial, quienes serán los principales operadores del sistema en el terreno.

«Las herramientas informáticas deben colaborar en el mejor aprovechamiento de los recursos», destacaron las autoridades durante el encuentro realizado el pasado jueves 5 de febrero. El objetivo es que tanto los fiscales como los jefes policiales cuenten con información relevante en el momento exacto en que se la necesita, eliminando demoras burocráticas y mejorando la vinculación entre ambos organismos.

Este proyecto no solo apunta a la agilidad administrativa, sino también a un mayor control sobre los procedimientos de aprehensión. Al quedar registrados los datos de geolocalización y tiempos de detención, el sistema funciona como un mecanismo de transparencia institucional, asegurando que los derechos y las garantías se cumplan bajo un registro digital auditable.

Del encuentro participaron también figuras clave como la secretaria de Superintendencia, Belén Rubio, el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, y los técnicos de la Dirección de Informática, quienes realizarán el seguimiento técnico para que la implementación sea exitosa antes de extenderse al resto de la provincia.

La Legislatura salteña se prepara para uno de los debates más eléctricos del 2026. A poco de cumplirse el ciclo de doce años bajo el régimen de «Tolerancia Cero», los diputados Patricio Peñalba Arias, Fabio Enrique López y Héctor Raúl Vargas han pateado el tablero con un proyecto que busca reformar la Ley Provincial 7846 para permitir hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

La iniciativa no es solo una reforma técnica; es un cambio de paradigma que pone en la balanza dos valores en tensión: el desarrollo económico del turismo y la vitivinicultura frente al rigor preventivo de la seguridad vial.

Los autores del proyecto sostienen que la prohibición absoluta ha generado «tensiones» innecesarias en sectores clave de la provincia. Con Salta consolidada como un destino internacional y los Valles Calchaquíes en su apogeo, el proyecto sugiere que el rigor actual atenta contra la experiencia turística y el consumo responsable en el sector gastronómico.

Para los impulsores, el límite de 0,5 no es un invento local, sino un estándar internacional «razonable» que permitiría a los sectores productivos respirar sin fomentar la irresponsabilidad.

Un sistema de multas escalonado

El proyecto propone dejar de tratar a todos los infractores por igual. Se establecería un sistema de sanciones progresivas:

• De 0,5 a 1 g/l: Multas de 300 a 800 unidades fijas, retención de licencia y hasta un año de inhabilitación.

• Más de 1 g/l: Penas severas de hasta 1.000 unidades fijas y dos años de inhabilitación.

• Agravantes: Las penas se duplicarán si viajan menores, personas vulnerables o si se trata de transporte público y de carga, intentando blindar la seguridad de los más indefensos.

El debate que parte a la sociedad

La polémica está servida. Quienes apoyan la reforma consideran que la Tolerancia Cero fue una medida efectista que no terminó con los accidentes graves —generalmente asociados a niveles de alcohol muy superiores al 0,5— y que penaliza injustamente al conductor que bebe una copa de vino en una cena.

Por otro lado, los defensores de la ley vigente aseguran que «el alcohol no sabe de promedios» y que cualquier flexibilización es un mensaje peligroso que costará vidas. En una provincia que aún llora tragedias viales recientes, la idea de «relajar» los controles genera un rechazo inmediato en las asociaciones de familiares de víctimas.

La pregunta que queda en el aire: ¿Es posible potenciar la gastronomía y el turismo de altura sin poner en riesgo la seguridad en las rutas, o estamos ante un retroceso que pagaremos con siniestralidad?

El periodo de sesiones ordinarias de marzo será el escenario donde la política salteña deberá decidir si la Tolerancia Cero cumplió su ciclo o si sigue siendo la única barrera contra la muerte al volante.