Salta atraviesa un cambio de paradigma en sus tribunales concursales. Lo que años atrás era un recurso casi exclusivo para empresas en crisis, hoy se ha transformado en una vía de escape para cientos de familias salteñas: el 90% de las quiebras declaradas en la provincia corresponden actualmente a personas físicas que han perdido el control sobre sus finanzas.
El perfil del deudor salteño es claro: trabajadores en relación de dependencia, mayoritariamente de entre 30 y 40 años, que se ven asfixiados por un círculo vicioso de deuda. Según explicó la jueza de Concursos y Quiebras de Segunda Nominación, María Victoria Ambrosini de Coraita, el proceso comienza casi siempre con el uso excesivo de tarjetas de crédito.
La dinámica del sobreendeudamiento suele seguir un patrón alarmante: el usuario toma préstamos para saldar el resumen de su tarjeta, al acumular nuevas cuotas, recurre a otros créditos, generando una bola de nieve impagable. Los descuentos automáticos de bancos y financieras terminan consumiendo la totalidad del salario, dejando al trabajador sin recursos para subsistir.
«Hay personas que ganan un millón de pesos y deben 20 millones», advirtió la magistrada, ilustrando cómo el acceso al crédito se ha convertido, para muchos, en una trampa legal y financiera.
El crecimiento de los pedidos de quiebra voluntaria es exponencial y no da señales de tregua. Mientras que en 2024 el Juzgado de Ambrosini registró 22 solicitudes, la cifra escaló a 165 en 2025. Sumando ambos juzgados del distrito centro, el año pasado se alcanzaron unos 300 pedidos.
La tendencia en 2026 es aún más preocupante: hasta el 10 de marzo, ya se presentaron 41 solicitudes, superando en poco más de dos meses la totalidad de los casos registrados durante todo el 2024. Entre los sectores con mayor incidencia se encuentran agentes de la policía provincial, docentes, personal de salud y empleados del sector privado, todos con un denominador común: la falta de bienes registrables a su nombre.
El proceso de quiebra personal funciona como una tabla de salvación legal: tras la declaración del juez, cesan las retenciones abusivas sobre el sueldo. A cambio, el trabajador acepta el embargo del 20% de sus ingresos durante un año para cubrir gastos judiciales y acreedores, recuperando así el 80% restante para su manutención. Una vez concluido el proceso, que demora entre dos y tres años, las deudas remanentes dejan de ser ejecutables.
Sin embargo, esta herramienta enfrenta un obstáculo mayor: la obsolescencia de la normativa. La ley de quiebras vigente tiene más de tres décadas y fue diseñada exclusivamente para la insolvencia empresaria.
“Se impone una reforma legislativa urgente para los consumidores sobreendeudados”, concluyó Ambrosini, quien advirtió que el sistema judicial actual está siendo forzado a resolver una problemática social y de consumo para la cual la ley no fue originalmente concebida.
Fuente: Informate Salta
