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El ajuste fiscal en 2021 contemplará reducción del IFE, ATP y subsidios

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El Gobierno estipula que la economía crecerá un 5% el próximo año y que bajará el déficit de 8 a 4,5%. Proyecta una suba de la recaudación y una baja del gasto acordada con el Fondo.

Después de cerrar los canjes de deuda tanto con legislación extranjera como argentina, el Gobierno está terminando de armar el proyecto de Presupuesto para 2021, en donde se contempla una recuperación económica cercana al 5% y un déficit fiscal primario del 4,5%, dentro de un contexto pospandemia con incremento del comercio exterior y una balanza de intercambio con un superávit similar al obtenido en 2020.

Según fuentes de Gobierno, esa “pauta moderada” de crecimiento implica que habrá una recuperación paulatina del consumo, de la industria y la construcción, como elementos centrales.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya anticipó que la pauta de déficit fiscal primario para el próximo año será de -4,5% del PBI. Esa cifra ya tiene el aval del Fondo Monetario Internacional, según indicaron fuentes del gabinete económico. Este año finalizará con un desequilibrio primario de -8%. Un 2,5% del déficit se recuperarían en el próximo año por mayor recaudación tributaria y la reforma impositiva, que implicará mayor presión fiscal, abarcando esencialmente algunos cambios en los impuestos a los Bienes Personales, en Ganancias, y la aplicación del tributo a las grandes fortunas o riqueza, como se lo ha denominado en forma mediática.

El otro punto y medio de reducción del desequilibrio para llegar al déficit del 4,5% proyectado en el balance primario se encarará por el lado de la reducción del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) y disminución de subsidios económicos a los servicios públicos.

Un capítulo especial para el Presupuesto del próximo año es la recuperación del comercio exterior, ya que se estima que en la pospandemia y con tasas al cero por ciento en Estados Unidos, los precios de los commodities tendrá una importante recuperación. Por eso se está terminando de proyectar una mejora de las exportaciones del 10% pero también un importante crecimiento de las importaciones del 20%, con lo cual la balanza comercial finalizaría en niveles similares a la de este año.

En ese contexto, el Gobierno no descarta ir a un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional, con el que ya comenzaron las negociaciones para acordar un nuevo programa. Los períodos varían de cinco a diez años pero incluyen reformas estructurales pendientes, algo que el Gobierno no asumiría, pero sí expresaría el compromiso de determinados cambios en los regímenes laboral y previsional.

Medidas. Tras los anuncios realizados en el Día de la Industria –que los empresarios evaluaron como pobres– el Ejecutivo está trabajando en un plan de recuperación de producción y ventas del sector automotor, con un esquema de promoción de nuevos modelos que se puedan fabricar en el país y precios más competitivos, para lo cual se bajarían determinados costos tributarios y burocráticos que inciden en el patentamiento de los cero kilómetro.

También se está terminando de armar otro anuncio significativo que se orienta a la ampliación de los subsidios a las tasas orientadas al consumo, tanto en los programas de cuotas denominados “Ahora”, como así también la implementación de reintegro de IVA, que sería del 5%, para los consumos con todas las tarjetas de crédito y de débito.

“Todo esto sumado a que se ampliará el número de cuotas de hasta un global de 36 cuotas sin dudas que ayudará mucho a la recuperación de sectores como electrodomésticos, computación, calzado, indumentaria, materiales de la construcción”, resaltó una de las fuentes consultadas.

Por el lado de la construcción se trabaja también en dos frentes, el desarrollo de la obra pública y dar mayores facilidades para los emprendimientos privados. En cuanto a la obra pública se está delineando un plan de obras viales, de mejoramiento de caminos y rutas, accesos a ciudades, trabajos en infraestructura portuaria y aeroportuaria de todo el país.

Se están terminando de armar algunos incentivos fiscales para que se pueda retomar la obra privada, otorgando también mayores facilidades para la adquisición de diversos insumos.

En el Ministerio de Economía, ahora que la cartera absorbió la Secretaría de Energía, quieren darle una absoluta prioridad al sector energético, al que consideran vital para la captación de inversiones y desarrollos y el interés inmediato de revitalizar el megaemprendimiento de Vaca Muerta.

El acuerdo con el FMI irá al Congreso

El Gobierno comenzó a preparar el terreno para negociar un acuerdo con el FMI, para lo cual elevará al Congreso el proyecto para su aprobación. Así, la Argentina buscará refinanciar la deuda de 44 mil millones de dólares con el organismo, cuya mayor parte vence en los próximos dos años.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el representante de la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos, precisaron el alcance que tendrá el nuevo acuerdo que suscribirá la gestión de Alberto Fernández con el FMI, y cuya negociación comenzará a tomar forma en las próximas semanas. Guzmán expresó que “el primer objetivo de Argentina es un programa del FMI que funcione”, en declaraciones a la agencia Bloomberg.

Fuente: Perfil

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Nacionales

Siete de diez argentinos calificó como “mala” la economía y crece la preocupación por el desempleo

El estudio mensual de AtlasIntel y Bloomberg reveló un marcado pesimismo en los hogares argentinos de cara a los próximos seis meses. El mercado laboral fue el rubro peor evaluado, mientras que el desempleo y la corrupción encabezan la lista de las principales preocupaciones de la población.

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La percepción sobre el rumbo económico nacional atraviesa un escenario de marcado pesimismo y desaprobación generalizada. De acuerdo con los datos de la edición de septiembre del informe Latam Pulse, elaborado de forma conjunta por la consultora AtlasIntel y la agencia Bloomberg, el 71% de los consultados calificó como “mala” la situación económica de la Argentina.

El relevamiento, realizado sobre un universo de 2.067 encuestados, mostró un saldo de opiniones desfavorables que impacta de lleno en el presupuesto cotidiano y en las proyecciones a corto plazo:

  • Economía familiar: El 60% la definió como mala, frente a un 20% que la consideró buena y otro 20% que la calificó como normal.

  • Mercado de trabajo: Registró el peor indicador del estudio, con un 75% de evaluación negativa frente a solo un 13% de miradas favorables.

  • Proyección a seis meses: El 55% estimó que la economía empeorará en el próximo semestre, un 57% proyectó una caída en las oportunidades laborales y el 48% previó un deterioro en los ingresos de su hogar.

En cuanto al comportamiento de consumo, el 58,5% de los participantes afirmó que reducirá las compras de bienes durables en los próximos meses, lo que representa un incremento de 11,3 puntos porcentuales en el nivel de cautela respecto al mes de agosto.

El sondeo midió además las principales problemáticas que perciben los ciudadanos. La corrupción encabezó las respuestas con el 50,3%, seguida muy de cerca por el desempleo (44%), la impunidad y el sistema judicial (34,6%), la coyuntura económica general (32,2%) y los altos precios e inflación (27,8%).

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Reforma de la Ley de Salud Mental: qué cambios propone el nuevo proyecto que llega al debate del Senado

A 16 años de la sanción de la Ley 26.657, avanza en el Congreso una modificación sustancial orientada a agilizar las internaciones involuntarias en situaciones de crisis. El reemplazo del concepto de «riesgo cierto e inminente» por «riesgo grave», el rol de la evaluación médica y el debate por los hospitales monovalentes concentran la discusión entre especialistas.

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El marco legal que regula la atención de la salud mental en la Argentina se encamina a una profunda transformación. Tras un prolongado debate en comisiones, el proyecto de reforma de la Ley 26.657 obtuvo dictamen para ser tratado en el recinto del Senado, impulsando modificaciones estructurales en la abordaje de cuadros agudos y adicciones.

El eje central de la iniciativa radica en la revisión del criterio para ordenar una internación involuntaria. El texto actual exige la presencia de un «riesgo cierto e inminente» (interpretado habitualmente en las guardias como un peligro inmediato o «del aquí y ahora»), requisito que es reemplazado por la figura de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física» de la persona o de terceros. Con este cambio, los profesionales podrán disponer la internación evaluando antecedentes y conductas de riesgo previas, sin la necesidad de esperar a que la emergencia sea inminente.

Entre los principales aspectos técnicos que introduce la reforma se destacan:

  • Evaluación profesional: La indicación de internación deberá ser firmada por un médico (preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental) junto a otro profesional (preferentemente psicólogo), además de notificarse a la Justicia en un plazo que se extiende de 10 a 24 horas.

  • Diagnóstico y terminología: Reemplaza la denominación «padecimiento mental» por «afección o trastorno de salud mental», revalorizando la evaluación médica para descartar patologías orgánicas con sintomatología psíquica antes de determinar el tratamiento.

  • Sustancias y adicciones: Reafirma la inclusión de las adicciones dentro del campo de la salud mental e incorpora explícitamente a la ludopatía.

  • Directivas anticipadas y egreso: Permite a los pacientes dejar expresado qué tratamientos aceptan o rechazan de antemano y exige la confección de un plan interdisciplinario con seguimiento posterior al alta.

El proyecto también reabrió el debate sobre la infraestructura del sistema sanitario. Mientras diversos sectores psiquiátricos señalan las dificultades que generó la meta fijada en 2010 para el cierre de los hospitales monovalentes (como el Borda) y reclaman redes diferenciadas con instituciones especializadas para cuadros severos, el texto normativo consensuado mantiene la prohibición de las instituciones de encierro de tipo manicomial, promoviendo la atención en hospitales generales y el control judicial periódico de las medidas.

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El rol de los diputados salteños en la fallida sesión por el DNU: Sáenz dividió filas entre la presencia y los faltazos

Durante la frustrada sesión en la Cámara Baja que buscaba debatir el DNU 70/2023, la delegación legislativa de Salta mostró un comportamiento fragmentado. Bernardo Biella y Pablo Outes, alineados al Gobernador, se sentaron en sus bancas para dar debate, mientras que Yolanda Vega estuvo ausente por motivos de salud y el bloque libertario decidió no bajar.

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La frustrada sesión especial de este jueves en la Cámara de Diputados para tratar la derogación del DNU 70/2023 no solo dejó al descubierto las tensiones a nivel nacional, sino también las distintas posturas y estrategias que conviven en la política salteña.

En ese escenario de definiciones, la atención estuvo puesta en los representantes que responden de forma directa al esquema del gobernador Gustavo Sáenz. Por un lado, Bernardo Biella y Pablo Outes decidieron dar el presente y sentarse en el recinto para acompañar la convocatoria opositora que buscaba discutir el alcance del megadecreto.

Por su parte, la diputada Yolanda Vega, no estuvo presente en la jornada legislativa debido a un inconveniente de salud.

El cuadro de la representación salteña se completó con la postura del bloque de La Libertad Avanza: los cuatro legisladores libertarios de la provincia mantuvieron la disciplina de filas del oficialismo nacional y optaron por no bajar al recinto, contribuyendo a que la oposición quedara a solo ocho bancas de alcanzar el quórum necesario.

De este modo, el tablero político salteño expuso matices en una sesión clave donde las ausencias y las presencias volvieron a marcar la agenda parlamentaria.

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