Ante la creciente preocupación por la aparición de escritos con advertencias de tiroteos en diversas escuelas de la capital y el interior, el Gobierno de la Provincia de Salta tomó cartas en el asunto. A través de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, se inició un abordaje integral para analizar el comportamiento de los adolescentes y brindar herramientas de intervención a las instituciones afectadas.

El responsable del área, Martín Teruel, confirmó que la Provincia se encuentra en una etapa activa de evaluación del panorama. El objetivo del Estado provincial es claro: no tratar estos hechos como episodios aislados, sino entender la lógica de «resonancia» que generan las redes sociales.

«El primer paso de la Provincia es colaborar directamente con las intervenciones que se deben hacer en cada establecimiento», aseguraron desde el área, remarcando que existe una decisión política de acompañar a las comunidades educativas para evitar que el pánico se generalice.

Desde el Ejecutivo provincial se hace hincapié en que este no es solo un problema de conducta escolar, sino un síntoma social. Teruel reflexionó sobre el rol de los mayores, señalando que los menores son, en gran medida, «el resultado de vivencias del mundo adulto». Por ello, la Provincia busca que la respuesta no sea meramente punitiva, sino que incluya una mirada amplia sobre la salud mental y la falta de empatía en los entornos digitales.

La Provincia advierte que las redes sociales funcionan como una caja de resonancia que amplifica mensajes que antes pasaban desapercibidos. En este sentido, la intervención oficial busca proveer protocolos de contención ante situaciones de crisis, concientizar sobre la trazabilidad de los mensajes en entornos digitales e instar a los padres a supervisar el consumo digital de los jóvenes, entendiendo que la falta de consideración por el otro nace de una tensión social que nos atraviesa a todos.

Con estas acciones, la gestión provincial busca llevar tranquilidad a los padres y docentes, garantizando que los equipos de Salud Mental están monitoreando la situación para proteger el bienestar emocional de los estudiantes salteños.

La imagen en el salón del Foro de Intendentes habló por sí sola: una hilera de sillas vacías con los nombres de los representantes de La Libertad Avanza (LLA) marcó un nuevo desplante hacia la institucionalidad provincial. Pese a la urgencia de la convocatoria y la anticipación de la invitación, la senadora y los diputados libertarios decidieron no asistir al encuentro donde se buscaba debatir el futuro de los municipios frente al ajuste nacional.

No es la primera vez que Emilia Orozco, Gabriela Flores y Gonzalo Guzmán Coraita evitan el diálogo con los actores territoriales. Para los jefes comunales, que hoy gestionan en la trinchera de la crisis, el argumento de «problemas de agenda» es insuficiente. Consideran que su ausencia es un «ninguneo» directo hacia quienes deben lidiar diariamente con la quita de subsidios, la parálisis de la obra pública y el hambre en los barrios.

«Tendrían que estar acá para presentar lo que hicieron y escucharnos. Su banca pertenece a los ciudadanos de Salta, no a un partido», reclamaron desde el Foro.

La reunión, encabezada por Marcelo Moisés, presidente del Foro, mostró un fuerte contraste. Mientras los libertarios brillaron por su ausencia, otros legisladores como la senadora Flavia Royón y los diputados Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernardo Biella sí se hicieron presentes.

Los intendentes les pidieron a estos últimos que actúen como sus voceros en el Congreso para apuntalar las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz. La demanda fue clara: los representantes deben despegarse de la lógica partidaria y defender los recursos que Nación ha retirado, afectando gravemente el financiamiento local.

Para el Foro de Intendentes, la actitud de los legisladores de LLA pone de manifiesto una «desconexión alarmante» con el interior profundo. Mientras la crisis social escala, el silencio y la falta de presencia de los referentes oficialistas en la provincia es visto como una retirada total del acompañamiento nacional.

«Es una falta de respeto a la institucionalidad; ellos representan a Salta y la situación que atravesamos es más que preocupante», concluyeron, reafirmando que la gestión territorial no puede esperar a los tiempos de la política porteña.

Ante la creciente viralización de mensajes intimidatorios que afectaron a instituciones educativas de la capital y el interior provincial, el Gobierno de Salta ratificó un esquema de trabajo articulado para frenar la psicosis y dar con los responsables. La estrategia une los esfuerzos de las carteras de Educación, Seguridad y el Ministerio Público Fiscal.

La ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, llevó tranquilidad a la comunidad al informar que el sistema educativo mantiene su actividad habitual. Sin embargo, fue tajante respecto a las consecuencias de las amenazas: «Se investiga a fondo los hechos porque pueden llegar a ser un delito», expresó, en sintonía con las recientes detenciones de estudiantes vinculados a estas «bromas» pesadas.

Para la funcionaria, la clave para desactivar este fenómeno no es solo policial, sino social. En ese sentido, apeló a la «corresponsabilidad», instando a las familias a involucrarse activamente en la supervisión de los jóvenes y en el diálogo sobre el impacto de sus acciones en el entorno escolar.

Fiore Viñuales recordó que, desde el año 2025, Salta cuenta con el «Programa Provincial de Prevención de la Violencia en la Escuela». Este marco normativo es el que permite a los directivos saber exactamente cómo actuar ante situaciones problemáticas, garantizando una intervención oportuna y coordinada con las fuerzas de seguridad y respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes para evitar la interrupción del servicio educativo.

Más allá de la respuesta ante la emergencia, desde el Ministerio destacaron que se viene realizando un trabajo de fondo con equipos directivos. El foco está puesto en la concientización de los alumnos sobre la convivencia escolar, trabajando sobre ejes como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la justicia.

Mientras la Brigada de Investigaciones continúa rastreando el origen de los mensajes que circularon en ciudades como Metán y Rosario de la Frontera, las escuelas ya cuentan con los protocolos necesarios para garantizar una actuación inmediata ante cualquier indicio de amenaza.