El conflicto gremial en organismos estatales suma un nuevo capítulo de alta tensión. Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), representados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), confirmaron un paro total de actividades para el próximo viernes 24 de abril. La medida promete tener un impacto directo en el transporte de pasajeros y cargas a nivel nacional e internacional.

El reclamo principal de los profesionales meteorólogos se centra en la estrecha relación entre su labor diaria y la seguridad de la aviación. Según el comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la ausencia de personal especializado en las estaciones meteorológicas impide la generación de informes críticos para el despegue y aterrizaje de aeronaves.

«Sin meteorólogos no hay seguridad aérea. Vamos a parar y los aviones no van a volar», advierte el panfleto que circula en las terminales aéreas, subrayando que la meteorología es un servicio esencial e indispensable para la navegación.

Desde el sector gremial sostienen que la situación del organismo es crítica debido a las políticas de ajuste y despidos que se vienen ejecutando en la administración pública nacional. Denuncian que la precarización de las condiciones laborales no solo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que degrada la capacidad operativa de un organismo estratégico para el país.

El gremio sostiene que la falta de personal suficiente en los aeropuertos para cubrir los turnos operativos pone en jaque los protocolos internacionales de seguridad.

De concretarse la medida sin un dictado de conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, se espera que el viernes 24 de abril se produzcan demoras y cancelaciones masivas en los vuelos. Las empresas aéreas ya siguen de cerca la situación, mientras que los trabajadores del SMN se mantienen firmes en la necesidad de visibilizar la «desidia» que atraviesa el sector.

«Ajuste, despidos y precarización ponen en riesgo la aviación», concluye el comunicado, dejando en claro que el conflicto excede lo salarial y se traslada a una preocupación por la infraestructura técnica del país.

El INDEC soltó los números de marzo y, como era de esperar, el relato oficial ya empezó a cocinar los datos para que parezcan una victoria épica. Según el organismo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 3,4% a nivel nacional. Un numerito que, acumulado, ya nos deja un 9,4% en apenas tres meses. Vamos por buen camino… si el objetivo es ver quién llega primero a fin de mes sin usar la tarjeta.

Pero claro, una cosa es lo que se ve desde los despachos porteños y otra muy distinta es lo que pasa en el Noroeste. En nuestra región, la inflación no se enteró del «éxito» nacional y se clavó en un 4,0%. Una vez más, el NOA se consolida en el podio de las zonas más caras del país, porque aparentemente vivir lejos del Obelisco tiene un recargo que nadie nos explicó.

El gran protagonista del mes —y el verdugo de las billeteras familiares— fue el rubro Educación. Con un incremento brutal del 18,1%, mandar a los chicos a la escuela en el NOA se convirtió en un deporte de riesgo financiero. Parece que para el Gobierno, el acceso a la enseñanza es un lujo que debe tributar por encima de cualquier lógica económica.

A este «impuesto al saber» se le sumaron los Servicios recreativos y culturales, que subieron un 9,5%. Básicamente, si después de pagar la cuota del colegio y los útiles querías llevar a tu familia a ver una película, la inflación te recordó que en este país el entretenimiento también es para pocos.

Para que el promedio no les diera tan escandaloso, el informe destaca que hay rubros que «bajaron». Por ejemplo, Equipamiento y mantenimiento del hogar mostró una caída del -0,6%. En la misma línea, Prendas de vestir y calzado apenas subió un 1,0%.

En resumen, marzo nos deja una aceleración que preocupa y un acumulado que ya se come casi dos dígitos de los salarios. Mientras tanto, desde las esferas del poder seguirán hablando de «desaceleración» y «metas cumplidas», ignorando que en el norte el changuito está cada vez más liviano y el bolsillo cada vez más agujereado. Al final, lo único que no sube en este país es la autocrítica de quienes manejan la economía.

El sistema educativo secundario en Argentina enfrenta un desafío que va más allá de los contenidos pedagógicos: la presencia de los alumnos en las aulas. Según los datos arrojados por el Observatorio de Argentinos por la Educación, el ausentismo escolar ha escalado siete puntos porcentuales en apenas dos años, alcanzando niveles que ya preocupan a los ministerios de todo el país.

El estudio, basado en los cuestionarios de las pruebas Aprender 2024, muestra que el fenómeno es generalizado y no distingue geografías, aunque las provincias de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentan las estadísticas más críticas, con niveles de inasistencia que rozan el 66% y 59%, respectivamente.

El síntoma de la desmotivación

Si bien los problemas de salud siguen siendo la causa principal de las faltas, el dato que ha encendido las alarmas entre especialistas es el fuerte peso del factor subjetivo. Casi un 40% de los estudiantes reconoce que falta simplemente por «no tener ganas de ir a la escuela».

Esta tendencia es particularmente marcada en las escuelas de gestión privada, donde casi la mitad de los alumnos (49%) admite ausentarse por desgano o por actividades familiares, como viajes. En el sector público, aunque la cifra es menor (34%), el ausentismo suele estar más ligado a condiciones de vulnerabilidad, como tareas de cuidado o dificultades en el acceso al transporte.

Para los autores del informe, este escenario refleja una ruptura en el vínculo entre el joven y la institución. La flexibilización de los regímenes académicos, que permite recuperar contenidos en periodos cortos hacia el final del ciclo lectivo, ha generado un «sistema de incentivos roto». La percepción de que «da lo mismo» asistir diariamente o no, sumada a la devaluación del título secundario como herramienta de ascenso social, aleja a los chicos de las aulas.

«Los estudiantes no perciben que la escuela determine su futuro», señalan investigadores, advirtiendo que el tiempo escolar se está reduciendo de manera alarmante. Entre paros, problemas de infraestructura y el propio ausentismo, se estima que se pierde al menos un mes de clases real por año.

Uno de los puntos más críticos que resalta el informe es la falta de estadísticas oficiales nominales en Argentina. Al no existir un seguimiento público y constante de quién falta y por qué, las políticas públicas suelen diseñarse sobre un «alumnado ideal» que no coincide con la realidad de las aulas actuales, marcadas por la diversidad y la irregularidad.

El desafío para el 2026 será, según el Observatorio, transformar la escuela en un espacio que vuelva a ser percibido como útil y motivador, antes de que la inasistencia crónica se traduzca en un abandono definitivo del sistema educativo.