El hallazgo del cuerpo sin vida de Rosana Guiravaca (26) en las inmediaciones del relleno sanitario de San José de Metán dejó de ser un doloroso suceso para convertirse en la radiografía perfecta de un sistema judicial lento, deshumano y burocrático. Mientras los allegados a la joven rompieron el silencio para rechazar de plano la hipótesis de un suicidio y exigir que se investigue a su entorno por un posible crimen o femicidio, el caso volvió a poner al descubierto la herida más sangrienta de la gestión institucional en el sur provincial: la escandalosa e ininterrumpida falta de un médico legista en el departamento.

El fiscal penal Gonzalo Gómez Amado se constituyó en el tétrico camino de tierra donde fue encontrado el cadáver para coordinar los peritajes de Criminalística del CIF. Ante la presión de los familiares y la conmoción comunitaria, el funcionario confirmó que «no se descarta ninguna hipótesis» e informó que, en cumplimiento de las normativas vigentes (Resolución 1284/21), la causa se abordará con la presunción de homicidio doloso hasta que los estudios científicos determinen lo contrario.

Un revisionismo cruel: dolor, abandono y la misma historia de siempre

Si se hace una revisión de los últimos años, la tragedia de los Guiravaca no es un hecho aislado, sino un patrón de maltrato estatal que se repite de manera sistemática. Las familias metanenses se ven obligadas a velar a sus muertos en el asfalto, a la intemperie o dentro de sus casas durante horas interminables en un acto de crueldad institucional absoluta:

• Julio de 2025 — El caso Rosa Moyano: Una vecina del barrio 136 Viviendas falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio y su cuerpo permaneció más de seis horas tendido en el domicilio. La Policía local notificó que no había un solo médico legal disponible en todo el departamento para emitir el certificado de defunción obligatorio, impidiendo su traslado a una sala velatoria. El angustioso episodio se destrabó únicamente gracias a la colaboración solidaria de su médica de cabecera.

• Octubre de 2022 —El primer proyecto de declaración impulsado por la entonces diputada Nancy Jaime, tuvo su presentación formal el 4 de octubre de 2022, luego de una serie de fallecimientos domiciliarios sin asistencia pericial que habían generado una fuerte indignación vecinal en San José de Metán durante el invierno y la primavera de ese año.

• Septiembre de 2023 —El diputado Gustavo Dantur realizó un fuerte y efusivo descargo en el recinto de la Legislatura provincial. Al denunciar las demoras extremas que padecían las familias metanenses tras perder a un ser querido, Dantur pronunció una frase que resonó con fuerza en los medios locales: «La dignidad humana no termina con la muerte». Con este reclamo formal exigió que el Ministerio de Seguridad cubriera la vacante forense de manera permanente.

• En noviembre de 2025, la diputada Nancy Jaime volvió a presentar la iniciativa. Tras el vencimiento de los plazos y la persistencia de las alarmantes demoras en el Distrito de Prevención N° 3, la legisladora impulsó un nuevo proyecto de declaración que la Cámara baja aprobó con carácter de urgente. Su fundamentación se enfocó en cómo esta carencia demoraba tanto la entrega de certificados de defunción como la recolección inmediata de pruebas clave en investigaciones judiciales.

A pesar de que la Cámara de Diputados de Salta aprobó todos los proyectos de declaración exigiendo cubrir de forma permanente la plaza forense en el Distrito Judicial Sur, los expedientes acumulan polvo y las respuestas jamás llegaron a la comunidad.

«Es una gran vergüenza que Metán sea una ciudad tan grande y no haya un médico forense desde hace tres años. Dejan a nuestros muertos tirados como perros por la desidia de la Justicia», remarcó entre lágrimas la tía de Rosana, sintetizando el grito colectivo de un pueblo agotado. Hoy la sociedad metanense se planta frente a las autoridades provinciales con una sola pregunta urgente y tajante: ¿Hasta cuándo la Justicia va a seguir tratando con esta inhumanidad a las familias en su momento de mayor desamparo?

Un contundente operativo contra el narcotráfico desplegado por Gendarmería Nacional permitió desbaratar una estructura dedicada al acopio y traslado de estupefacientes en el Norte Grande. Las actuaciones, guiadas por tareas de inteligencia criminal, resultaron en la incautación de 53 kilos y 724 gramos de cocaína de máxima pureza, la detención de dos hombres —un argentino y un ciudadano boliviano— y la ejecución de múltiples allanamientos en la provincia de Jujuy.

El procedimiento principal se concretó en el puesto de control de la Patrulla Fija “El Naranjo”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, sobre la traza de la Ruta Nacional 9/34. Allí, los efectivos interceptaron un automóvil Ford Focus conducido por un ciudadano argentino. Tras detectar inconsistencias en el torpedo y la estructura del tablero, los gendarmes profundizaron la inspección y hallaron, detrás del equipo de estéreo, un trasfondo con 50 paquetes rectangulares. Las pruebas de campo (Narcotest) confirmaron que se trataba de cocaína.

De manera coordinada y en tiempo real, las fuerzas de seguridad establecieron que un segundo vehículo, un Volkswagen Bora conducido por un ciudadano boliviano, cumplía la función de «puntero» barriendo la ruta para advertir sobre controles policiales. Este automóvil fue interceptado en el puesto fronterizo “Cabo Juan Vallejo”, en la localidad tucumana de Trancas, con la colaboración de la Policía provincial de Tucumán.

La causa se tramita bajo la órbita del Juzgado Federal de Garantías de Salta y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Regional NOA. En el marco de las medidas complementarias, se ejecutaron cuatro allanamientos simultáneos en domicilios vinculados a los acusados en la ciudad de La Quiaca. En esos inmuebles, personal del Escuadrón 21 incautó $10.268.300 en efectivo, 200 dólares, 7.094 bolivianos, siete teléfonos celulares y documentación vehicular clave para reconstruir la cadena de mandos de la organización narcocriminal.

La investigación por el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida en una zona descampada al norte de San José de Metán sumó precisiones fundamentales respecto de las actuaciones judiciales en curso. El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, encabeza las diligencias tras la alerta emitida por efectivos policiales que divisaron el cadáver mientras realizaban tareas de rastrillaje en el marco de otra causa.

Gómez Amado se constituyó personalmente en la escena y dio intervención inmediata al personal de Criminalística de la Policía de Salta y al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Tras resguardar el perímetro para las pericias de rigor, dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF en Salta Capital, donde se le practicará la autopsia que permitirá establecer la causa fehaciente, la data del deceso y corroborar su identidad oficial.

Durante el operativo, el fiscal explicó que se hicieron presentes familiares de una mujer que se encontraba ausente de su hogar —aunque sobre ella no se había radicado una denuncia formal por extravío—. Ante la presunción de que pudiera tratarse de ella, el representante del Ministerio Público Fiscal autorizó la presencia supervisada de dos allegados para el abordaje de la escena, bajo estrictas medidas de seguridad y contención.

Finalmente, Gómez Amado remarcó que las actuaciones se desarrollan conforme a la Resolución 1284/2021 de la Procuración General de la Provincia. Dicha normativa establece de forma obligatoria que, ante la muerte de una persona, incluso cuando de entrada se contemple un suicidio o un accidente, debe aplicarse por regla la presunción de homicidio doloso. Este protocolo exige agotar cada pericia y diligencia como si se tratara de un hecho criminal hasta que la investigación pueda descartar razonadamente la comisión de un delito.