Un tenso clima político y social se vive en El Quebrachal tras las duras denuncias formuladas por el periodista e integrante de la organización solidaria Un golazo al corazón, José Antonio Ruiz, en pleno escenario durante el festival por el Día de la Madre. Frente al público presente, el comunicador expuso una serie de presiones y boicots atribuidos directamente al intendente Rolando Rojas y a su entorno de gobierno.

Según detalló Ruiz en su alocución, las trabas comenzaron con la negativa municipal de ceder espacios públicos previamente prometidos para actividades familiares, lo que provocó pérdidas económicas previas por la seña contratada a artistas nacionales. A esto se sumaron presiones directas hacia el Club Deportivo Quebrachal, a cuyos dirigenciales se habría amenazado tras brindar sus instalaciones, así como aprietes a proveedores de sonido y medios de comunicación locales para que no presten servicios ni transmitan el evento bajo apercibimiento de retirarles la pauta oficial.

La acusación más grave señalada por el referente solidario apuntó al presunto uso indebido de fondos públicos para perjudicar el festejo: afirmó que desde la intendencia se habrían ofrecido hasta 15 millones de pesos al cantante Willy Campero para que desistiera de presentarse en el festival independiente y se trasladara a una convocatoria oficialista organizada en forma paralela. Tras tildar a las autoridades de actuar con «autoritarismo e impunidad», Ruiz confirmó que iniciará acciones y no descartó su participación en las próximas contiendas electorales para enfrentar la actual conducción municipal.

El departamento Anta sumó un paso clave en materia de infraestructura y prevención del delito. En una jornada de fuerte trascendencia institucional, el ministro de Seguridad de la Provincia, Gaspar Solá Usandivaras, presidió el acto oficial de inauguración de las flamantes obras ejecutadas en el edificio del exhospital de El Quebrachal, predio donde a partir de ahora funciona la dependencia policial local, la cual fue formalmente recategorizada al rango de Comisaría.

La transformación del espacio físico representa una mejora sustancial para el desempeño de la fuerza y la atención vecinal. El nuevo complejo policial fue diseñado bajo criterios modernos de funcionalidad y dispone de una amplia sala de espera, oficinas administrativas para trámites y denuncias, sanitarios, cocina, patio interno y un salón de usos múltiples (SUM) destinado a capacitaciones y reuniones comunitarias.

Uno de los sectores que demandó mayor inversión técnica fue el área destinada al alojamiento de personas privadas de la libertad. Para ponerlo en funcionamiento bajo las normativas vigentes, la Policía de Salta equipó las celdas con colchones ignífugos de alta seguridad y mobiliario específico diseñado para garantizar el resguardo físico tanto de los internos como del personal de guardia.

Asimismo, la seguridad del ala de detención se reforzó con la instalación de un sistema de monitoreo interno permanente con cámaras de alta definición, cuyas imágenes son controladas en tiempo real desde una sala auxiliar de la propia comisaría, permitiendo una vigilancia constante y efectiva.

Durante su discurso, el ministro Solá Usandivaras ratificó la política estatal de seguir robusteciendo los recursos de seguridad en el suelo anteño. En ese marco, el funcionario lanzó un importante anticipo: la próxima creación de una nueva dependencia policial en el paraje El Vencido. Esta futura base es considerada por la cúpula policial como un punto estratégico fundamental para blindar la presencia preventiva y potenciar los operativos de control sobre la Ruta Provincial 46.

El Ministro recordó además que estas acciones forman parte de un plan integral que ya incluyó, en los últimos meses, la entrega de nuevos patrulleros cero kilómetro en diversas localidades del departamento y la incorporación de una importante tanda de nuevos efectivos destinados al Distrito de Prevención N° 5.

Por su parte, el intendente local expresó su profundo agradecimiento a las autoridades y felicitó especialmente el compromiso de los propios agentes policiales que colaboraron activamente con la mano de obra para concretar la remodelación del edificio, destacando los beneficios del trabajo articulado entre el municipio y la Provincia.

La inauguración contó con un marco político e institucional de gran relevancia para el sur y este salteño. Estuvieron presentes el jefe de Policía, Diego Bustos; el subjefe, Walter Toledo; y el director del Distrito de Prevención 5, Carlos Teseyra. El ámbito judicial estuvo representado por el juez de Garantías de Joaquín V. González, Sebastián Guzmán, y miembros del Ministerio Público Fiscal.

Un dato que evidenció el interés regional por la seguridad en los corredores viales fue el acompañamiento de varios intendentes vecinos, entre ellos Domingo Aguirre (Joaquín V. González), Fernando Alabi (Las Lajitas) y Carlos Funes (Embarcación), quienes compartieron el corte de cintas junto a las familias y vecinos de El Quebrachal.

La fiscal penal 1 de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, informó que en el marco de una causa que tramita en su Fiscalía, tras la denuncia realizada en contra de los miembros de la comunidad originaria por usurpación, se realiza este miércoles una audiencia de mediación entre las partes, como una posibilidad de alcanzar una resolución alternativa al conflicto.

Encabeza la audiencia, la mediadora penal del Ministerio Público Fiscal, Viviana Sosa, participan las partes y en representación del área de Asuntos Indígenas de la Provincia, Sandra Ruiz.

El conflicto se debe a la denuncia del propietario registral de las tierras a miembros de la comunidad originaria de la etnia wichi, «Isidro Moreno» de El Quebrachal por la supuesta comisión del delito de usurpación.

García Pisacic destacó que la mediación, como método de resolución alternativa de conflictos, ofrece en la faz penal una valiosa oportunidad para las partes de lograr un acuerdo evitando la instancia judicial.

Desde la reforma del Código Procesal Penal, Salta fue una de las pocas provincias que incorporó en su Código la mediación como método de resolución alternativo y a partir de esto, el Ministerio Público Fiscal puso en funcionamiento en las fiscalías penales descentralizadas del distrito Centro y en la mayoría del interior de la provincia, oficinas de Mediación para acercar esta posibilidad a las partes.