Un grave caso de presunto acoso cibernético y hostigamiento contra un estudiante de 14 años sacude al municipio de El Quebrachal, en el departamento Anta. La denuncia apunta directamente contra un docente de la Escuela de Educación Técnica N° 3.126 y exfuncionario de la Secretaría de Eventos, Protocolo y Ceremonial durante la gestión del intendente Rolando Rojas.
La causa se originó cuando los padres del adolescente descubrieron que el profesor mantenía contactos frecuentes con el menor fuera del horario escolar mediante llamadas, mensajes de texto y el envío de fotografías íntimas con configuración de lectura única. Ante el hallazgo, la familia radicó la denuncia penal en la Comisaría N° 2, dándole intervención a la Fiscalía Penal de la zona.
Cámara Gesell y el dramático testimonio de la madre
En el marco de la investigación judicial, el menor fue sometido a una pericia en Cámara Gesell, donde ratificó los hostigamientos que venía sufriendo. La situación impactó de manera severa en la salud mental del adolescente y en la contención familiar.
En declaraciones periodísticas, la madre de la víctima expuso el calvario que atraviesan: «Llegué a pensar que mi hijo se iba a quitar la vida. Sale poco, no lo dejo salir mucho para evitar todo esto. De a poco, con el psicólogo, va a ir enfrentando a la sociedad. A mí como madre, y a él también, nos cayó muy mal». Asimismo, la mujer señaló que existen versiones sobre presuntos antecedentes similares con otros alumnos que jamás llegaron a la justicia.
A nivel administrativo, tras activarse el protocolo de protección contra el maltrato y abuso infantil, el Ministerio de Educación emitió una disposición conjunta apartando al docente de sus 39 horas cátedra frente a alumnos. Sin embargo, la medida de reubicación desató una profunda indignación familiar.
Por recomendación psicológica, el alumno fue traslado a la Escuela Técnica N° 3.147, establecimiento donde su madre se desempeña como preceptora. Pese a que sobre el acusado pesa una orden de restricción perimetral de 200 metros a favor de la víctima y su familia, las autoridades educativas enviaron al denunciado a cumplir funciones administrativas exactamente a la misma institución educativa.
«Soy preceptora en la técnica y no podía permitir que esto se tape. Quiero que se determine esto de una sola vez y que no quede en nada», recriminó la madre, exigiendo la intervención urgente de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la restricción judicial y la seguridad de su hijo.
